La factura de la luz subirá un 26% si no se prorrogan las rebajas fiscales
Un consumidor tipo del PVPC pagaría 16 euros más al mes desde el 1 de enero si no se mantienen los recortes del IVA o el Impuesto de la Electricidad
Con un Gobierno en funciones y sin que esté totalmente garantizada aún la formación de uno nuevo, la expectación sobre qué va a pasar con las medidas para paliar los efectos de la crisis energética que caducan a finales de año sigue creciendo. Entre las más relevantes que el Gobierno comenzó a aplicar con carácter temporal a partir de mediados de 2021 están los recortes de impuestos que gravan el recibo de la luz: el de IVA del 21% al 5%; el del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) del 5% al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a todo tipo de generación que, aunque se aplica a las eléctricas, estas lo repercuten en el precio final.
Según cálculos de analistas, de no mantenerse estas rebajas a partir del 1 de enero de 2024, fecha en que caduca su vigencia, la factura de la luz de un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada o Precio de Venta del Pequeño Consumidor (PVPC) subirá un 26,5% al mes: casi 16 euros mensuales más, de los cuales, casi 13 euros corresponderían a la recuperación del IVA. El consumidor tipo es el que tiene una potencia contratada de 3,5 kW, con un consumo anual de 3.000 kWh y mensual de 250 kWh.
También en el recibo de los usuarios en el mercado libre, con menos de 10 kW de potencia contratada, el impacto de recuperar estos tributos sería importante. Aunque en ese caso es imposible realizar el cálculo real de dicho impacto porque las condiciones de los contratos se pactan bilateralmente entre la comercializadora y el cliente. El efecto aproximado para los clientes liberalizado se debe calcular de forma individual aplicando los tipos de los dos impuestos que se pagan directamente y que regían antes de la crisis: el 21% del IVA y el 5% del IEE.
De los 30,1 millones de clientes (más correctamente, puntos de suministro) que hay en el sistema eléctrico en España, 26,8 millones tienen una potencia contratada inferior a 10 kW de potencia y, por tanto, tienen derecho a acogerse al PVPC. Sin embargo, con esta tarifa solo figuran 8,6 millones, mientras que el resto, hasta 21,4 millones, están en el mercado libre. A raíz de la crisis energética y dado que la tarifa regulada está indexada a los precios del mercado mayorista, el PVPC siguió la senda alcista de este mercado con incrementos históricos: en agosto de 2021 superó por primera vez los 100 euros/MWh y, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, llegó a superar los 400 euros/MWh. En septiembre el pool cerró en una media de 103,3 euros/MWh, un 76% más caro que en agosto, aunque un 57% por debajo de un año antes.
Los precios desbocados provocaron un trasvase de clientes del mercado regulado al libre de más de 1,5 millones. Fuentes del sector aseguran que, si este número no ha sido más elevado es porque los consumidores vulnerables con derecho a los descuentos del bono social eléctrico (y de paso, el térmico) están obligados a tener un contrato de PVPC. Los beneficiarios del bono de la luz suman 1,5 millones.
Nuevo PVPC en enero
Aunque todo apunta a que, por razones tanto políticas (dado el escenario de incertidumbre), como económicas (para evitar un repunte indeseado de la inflación) los recortes se prorrogarán, no se descarta que estos sean parciales, por ejemplo, que el IVA suba del 5% pero no al 21%. En todo caso, de no conformarse un Gobierno antes de diciembre, los Presupuestos del Estado de este año se prorrogarán y, con ellos, las medidas fiscales del recibo de la electricidad.
En este sentido, hay que recordar que en enero comienza la aplicación de la reforma del PVPC aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado mes de junio, a la que se había comprometido con Bruselas. Con el objetivo de evitar la volatilidad de la tarifa regulada, la nueva metodología para determinarla se basa en una cesta de productos a plazo (el 25%, inicialmente) y del mercado diario (el 75%, inicialmente).
Las comercializadoras de referencia (COR) que suministran a este precio regulado y son filiales de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies y Repsol) aplicarán un mix con los precio del pool, como hasta ahora, y los precios de la energía que adquieran a plazos (mensual, trimestral y anual), “de tal forma que el mensual suponga un 10% del total; el trimestral se sitúe en un 36% y el anual, en un 54%.
Dado que las COR necesitan un periodo previo para adquirir la energía en los mercados de futuro, es por lo que el nuevo PVPC, ya en vigor, no se aplica hasta 2024. Habrá un periodo transitoria para que el peso de los productos a plazo irá subiendo gradualmente y pase del 25% este año al 55% en 2025 (15% anual). Por tanto, la “señal” de precio diario quedaría en el 45%.
La TUR del gas para comunidades de propietarios no desaparece en enero
Pese a las informaciones que en estos días señalaban que la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural para comunidades de propietarios desaparece el 1 de enero, la realidad es otra. Según la orden ministerial del 28 de septiembre que fija esta tarifa para el último trimestre del año, lo que está en cuestión es el derecho a este precio regulado para las comunidades que no hayan certificado la instalación de contadores individuales de calefacción/repartidores de coste o los que no hayan acreditado la inviabilidad técnica de instalar dichos contadores. Para ello tenían de plazo hasta el 1 de octubre (ahora hasta el 31 de octubre) y, de demostrar la dificultad ténica, se le aplica un periodo transitorio hasta el 30 de sepiembre de 2024.
El derecho de las comunidades de propietarios con calefacción central a acogerse a la TUR se remonta a hace un año cuando el Gobierno decidió subvencionar con 3.000 millones una tarifa a la que tenían derecho los usuarios con consumos inferiores a 50.000 kWh al año. Las comunidades nunca habían entrado en esa categoría al disponer de un solo contador y consumos muy superiores.
Tras fuertes presiones, el Gobierno accedió a permitirles la TUR con las citadas condiciones y un periodo transitorio para cumplirlas. Quienes no cuenten con repartidores deben pasar a contratar con una comercializadora en el mercado libre o se les aplicará un recargo del 25% a todo su consumo a partir de noviembre. En España hay 1,7 millones de comunidades habitadas por algo más de seis millones de usuarios.
Y aunque la medida, que forma parte de los paquetes de medidas contra la crisis energética, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, todo apunta a que se prorrogará. No tendría sentido obligar a invertir en los rapartidores para que el Gobierno deje después a los afectados sin derecho a la tarifa regulada no ofrecer un periodo transitorio de un año sin que vaya a convertirse en una medida permanente. La TUR del gas está subvencionada, por el momento, con un límite de subida trimestral en torno al 5% de media. El Ejecutivo planea mantener las ayudas a partir de enero. De la subvención aprobada para este año (6.000 millones de euros en los Presupuestos del Estado) se han gasrado 600 millones,
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