Las eléctricas critican la vuelta del impuesto del 7% cuando hay un superávit de 4.000 millones
El Gobierno congela los cargos, una de las partes fijas del recibo de la luz, que este año no cubrirá costes
El Gobierno aprobó el martes y publicó ayer en el BOE la orden ministerial por la que se establecen los llamados cargos del sistema eléctrico (una de las partes fijas del recibo de la luz que financia la deuda eléctrica, las primas de las renovables y los extracostes de los sistemas extrapeninsulares) para todo 2024 desde hoy, 15 de febrero. A estos cargos hay que sumar los costes regulados de las redes eléctricas, o peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Los cargos son potestad del Gobierno, que los mantiene recortados un 58% desde 2021 (una medida que adoptó para aliviar la factura de la luz tras desencadenarse la crisis energética). Por tanto, este año se mantendrán congelados respecto a los dos últimos años para todos los consumidores a pesar de que los ingresos serán insuficientes.
Aunque estos costes del sistema para este año (que ascienden a 7.800 millones de euros) no se cubrirán con los ingresos (unos 3.400 millones) y, por tanto, generará un déficit de caja de unos 1.800 millones, este será cubierto con un superávit histórico que aún supera los 4.000 millones de euros.
Los ingresos proceden de las aportaciones de Hacienda, concretamente, del impuesto del 7% de los ingresos de las ventas de todo tipo de generación eléctrica, que fue suspendido en 2021 y que el Gobierno ha decidido recuperar de manera progresiva (la totalidad en junio) este año. A la vista del superávit acumulado, las empresas eléctricas critican la vuelta de un tributo que, aunque trasladan al precio y lo recupera el sistema vía Hacienda, encarece la factura de la luz, especialmente la de los industriales.
Además del 7% a la generación, el Gobierno ha incrementado el IVA de la luz del 5% al 10% este año (antes de la crisis se situaba en un 21%) y, también de manera progresiva el Impuesto Especial de la Electricidad vuelve al 5% inicial.
El grueso de los costes de los cargos corresponde al pago de la retribución regulada de las empresas del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), que asciende a casi 5.000 millones, seguido de la anualidad de la deuda eléctrica histórica, 2.371 millones de euros y la partida destinada a las islas, Ceuta y Melilla, 922.000 euros.
Por su parte, los ingresos procederán de parte de la recaudación de las subastas de derechos de emisión de CO2 que gestiona Hacienda, una partida que asciende este año a 3.400 millones de euros, además de los citados 1.800 millones que se transferirán del superávit del sistema para garantizar la cobertura de costes.
Además del 7% a la generación, otros impuestos que sirven para financiar los cargos están el céntimo verde sobre el carbón, cuya recaudación es mínima por la práctica desaparición de esta tecnología; el canon hidráulico y el impuesto a la producción nuclear. A diferencia del impuesto del 7%, que se suspendió y este año se recuperará de forma gradual, estos gravámenes han estado todo este tiempo vigentes.
Puntos de recarga
La orden ministerial recién aprobada promociona los consumos energéticos asociados a la transición energética. Por un lado, mantiene la tarifa especial para los puntos de recarga de vehículo eléctrico en lugares públicos, que se benefician de precios de cargos muy bajos hasta que su uso despegue.
Por otro, se prorroga durante este año la exención temporal de pagar cargos a las instalaciones de producción de hidrógeno con energías renovables. Esta exención temporal está amparada por ley, pero desde el sector se reclama que se defina con claridad y antelación el horizonte temporal para no depender de que se prorrogue cada año y así dar seguridad y certidumbre a los promotores.
A la espera del fondo de sostenibilidad
La financiación de las primas de las renovables, más concretamente, la de las empresas de renovables, cogeneración y residuos (Recore) con derecho a una retribución regulada, corresponderá en el futuro a todas las empresas energéticas y dejarán de sufragarlas los consumidores a través de lo que el Gobierno denomina cargos (para diferenciarlos de los peajes a las redes, que determina la CNMC, y a cuya separación obliga la Unión Europea). Dicho sistema de financiación fue incluido en el llamado Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico elaborado por el Gobierno en 2021, pero fue paralizado a raíz de la crisis enrgética para evitar una subida añadida de los precios eléctricos. Las empresas del sector consideran que el sector no necesita un fondo de sostenibilidad, porque es sostenible por sí mismo, sino que las ayudas a las renovables o a los sietemas extrapeninsulares se financien vía presupuestos.
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