El Gobierno mantendrá el límite de subida y las ayudas a la TUR del gas
A fin de año caduca la norma que fija un aumento medio máximo del 5% trimestral y la subvención de 3.000 millones de los Presupuestos del Estado
El 14 de septiembre de 2021, desatada ya la crisis de los precios de la energía por el recorte de la oferta del gas natural ruso, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que establecía un límite de subida trimestral para los consumidores con tarifa de último recurso (TUR) del gas. Según dicha norma, esta tarifa regulada, a la que tienen derecho los usuarios con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales, no podía subir en cada trimestre más del 5% de media. Más concretamente, se imponía el tope cuando el coste de la materia prima en la fórmula de revisión trimestral superase el 15%, lo que se traducía en aquella subida límite en la factura final. De no haberse aplicado esta medida, el gas se habría incrementado casi un 38% desde el 1 de octubre de ese año, pues la materia prima se había disparado un 130%.
En sucesivos decretos, el Ejecutivo fue renovando el tope, lo que se traducía en una deuda entre los usuarios de la TUR, que pagarían de manera diferida (a partir de abril de 2022) y con intereses a las comercializadoras reguladas (CUR). Estas, por tanto, no dejarían de cobrar lo que les costaba suministrar el gas a los domésticos, sino que lo financiaban. En aquel momento con un interés del 1,4% y en la actualidad del 2,8%. Sin embargo, tras el recrudecimiento de la crisis en 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno optó por hacerse cargo del agujero de la TUR del gas. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el Ejecutivo incluyó una dotación de 3.000 millones de euros para pagar a las comercializadoras los déficits acumulados por los clientes regulados en el último trimestre de 2021, en el año 2022 y el que se generase en 2023.
Fuentes del sector energético aseguran que el Gobierno prevé ampliar un año más el límite a la TUR, cuya vigencia termina el 31 de diciembre. Teniendo en cuenta que la deuda generada desde octubre de 2021 y finales de este año rondará los 600 millones de euros (muy lejos de los 3.000 millones presupuestados), la medida resultará rentable al Gobierno económica y políticamente. Evitará una fuerte y repentina subida del gas en enero, con el efecto correspondiente en la inflación, y el descontento ciudadanos en medio de la incertidumbre de una nueva investidura o una posible repetición electoral.
La prórroga de esta medida regulatoria requiere de la aprobación de un nuevo real decreto ley, algo que el Ejecutivo puede hacer aunque esté en funciones. Si el PSOE logra formar Gobierno en octubre, tendría margen (aunque estrecho) para aprobar una nueva Ley de Presupuestos para 2024 e incluir una partida económica más acorde a la realidad. Según fuentes empresariales, con unos 250 millones serían suficientes para mantener los actuales límites de subidas de la TUR en 2024. Varios factores han contribuido a que la deuda haya sido muy inferior, especialmente, la bajada de los precios del gas y la recuperación de cantidades (el sistema obliga a compensar con subidas hasta el 15% del coste de la materia prima si en el trimestre anterior se ha situado por debajo). En el segundo trimestre de este año la tarifa regulada se derrumbó un 30% y en los siguientes se ha ido recuperando.
En el caso de que no se forme Gobierno, los Presupuestos de este año se prorrogarían de forma automática el año que viene y, con ellos, los 3.000 millones, señalan las mismas fuentes. Estas aseguran que el Gobierno se pasó de frenada al incluir una cantidad tan elevada en las cuentas públicas de este año.
1,5 millones más
La subvención de la TUR desató a finales del año pasado una avalancha de traspasos de clientes desde el mercado libre, lo que puso en serios aprietos a las cuatro CUR que existen, que se vieron apercibidos por la CNMC por la lentitud en hacer los trasvases.
Las empresas se enfrentaron a un alud de solicitudes de cambios, que se ha traducido en un aumento histórico del número de usuarios con TUR. En estos momentos, el número de consumidores en el mercado regulado ronda los 2,9 millones, según datos del organismo regulador, sobre un total de 7,9 millones de clientes con derecho a la misma. Ello supone un 36,1% frente al 63,9% (5,1 millones) que sigue, sin subvención, en el mercado libre. Así, en menos de un año han contratado la TUR 1,4 millones.
Entre ellos figuran las comunidades de vecinos que, desde comienzos de este año, y gracias a un cambio regulatorio, pueden contratar la tarifa regulada al igual que las viviendas unifamiliares. Una posibilidad vetada hasta entonces, ya que al tener un solo contador, las comunidades de propietarios superaban el consumo que daba derecho a esta tarifa. En España hay 1,7 millones de comunidades habitadas por algo más de seis millones de usuarios, el 23% del total.
¿Quién se atreve a suprimir las medidas anticrisis?
A raíz de la crisis energética desencadenada en el verano de 2021 el Gobierno aprobó una batería de medidas fiscales para paliar sus consecuencias. Además de limitar las subidas trimestrales de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, hizo lo propio con el IVA de la factura de la luz, de la que prácticamente eliminó el impuesto especial de la electricidad e hizo desaparecer el del 7% a la generación.
A ellas se sumaron otras medidas intervencionistas para poner freno a los ingresos extraordinarios de las compañías energéticas, como la minoración a las tecnologías inframaginales (hidráulica, nuclear y ciertas renovables), beneficiarias de las subidas del gas, o la llamada excepción ibérica (tope al precio de la producción eléctrica con gas que pueden cobrar dichas tecnologías en el mercado mayorista). En este caso España tiene permiso de Bruselas para aplicarla hasta fin de año.
Todas estas medidas tienen fecha de caducidad: el próximo 31 de diciembre. Y, aunque la Comisión Europea ha recomendado a los países que vayan eliminado las medidas al atisbar el fin de la crisis económica, todo apunta a que seguirán: la inflación sigue sin controlar, los precios de los carburantes están más caros que cuando se impuso a las petroleras descuentos obligatorios y, en el caso de España, la situación política no resulta propicia para que el Gobierno (o la oposición) tomen la decisión de eliminar dichas medidas a partir de 2024. Menos aún las fiscales, sobre las que tiene potestad.
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