Acciona, FCC y Sacyr, entre otras, ofrecen más de 9.000 millones de inversión para paliar las sequías
El sector privado apuesta por elevar la capacidad de desalación, depuración y tratamiento, pero urgen cambios regulatorios para fomentar la colaboración público-privada
“No hay litro de agua más caro que el que no tenemos”. La sentencia es del director general de Sacyr Agua, Eduardo Campos, refiriéndose a la urgencia de un acuerdo entre el sector público y el privado para acelerar infraestructuras que mitiguen la sed en dos tercios del país sometidos a una situación de alto estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad del recurso).
Las mayores firmas de infraestructuras, agrupadas en la asociación Seopan y en distintos colectivos de especialistas en agua, tienen ofrecida al Gobierno y comunidades autónomas capacidad de inversión para sacar adelante instalaciones por casi 7.000 millones de euros solo en depuración y saneamiento, a las que se sumarían cerca de 2.000 millones en desalación. Pero la propuesta, según directivos de Aqualia, Acciona Agua o de la citada Sacyr, choca con la normativa que regula el sector concesional y limita el rendimiento de la inversión, con una apabullante burocracia y con la falta de armonía entre Administraciones en lo que se refiere a la gobernanza del agua. Tampoco mezcla bien el binomio inversión privada-agua para un consumidor acostumbrado a precios bajos.
La visión del sector privado ante la sequía que viven territorios de Cataluña, Levante o Andalucía es clara: debe recuperarse el debate sobre la interconexión de las cuencas; hay que mejorar el índice de reutilización e instalar nueva capacidad de desalación. Además, urge la adaptación de la normativa de concesiones e incluso abrir la Ley de Aguas a la producción y explotación privada para acelerar proyectos esencialmente en el terreno industrial y agrícola, lo que choca en la mayor parte de los casos con el concepto de dominio público del recurso hidráulico. La entrada en vigor de la Ley de Desindexación en abril de 2015 limitó la tasa de descuento (WACC) para cualquier proyecto concesional a un rendimiento del bono del tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Firmas de infraestructuras y fondos piden, sin embargo, tasas de descuento del 8% al 12% a proyectos relacionados con el ciclo del agua, con lo que llevan años demandando la reforma legislativa.
Mientras se atiende a estas reivindicaciones, aseguran los expertos consultados, apenas se puede apelar a la conciencia de los consumidores en busca de ahorro, perseguir el uso fraudulento, evitar las fugas y esperar a que llueva. El director de Aqualia (grupo FCC) en España, Santiago Lafuente, expone los datos que activan las alarmas: “El actual periodo de sequía que padecemos supone que 2022, con 533 litros por metro cuadrado (mm) de precipitaciones medias en España, y 2023, con 536,6 mm, han sido el cuarto y el sexto año más secos desde 1961″. Este ejecutivo de la filial de FCC afirma que al problema de la escasez se suma un cambio en el régimen, con una distribución irregular de las lluvias, “que está causando muchos daños”. España, según Eurostat, es el cuarto país de la UE con mayores pérdidas económicas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.
En el caso de la reutilización del agua, se obtienen 350 hectómetros cúbicos al año en el país, lo que se traduce en un 8,1% del suministro total. Las empresas consultadas creen que el objetivo debería situarse en un mínimo del 20%.
La citada Seopan reclama espacio para la colaboración público-privada para promover plantas de tratamiento de gran tamaño (de 75.000 a 300.000 metros cúbicos diarios) y otras medianas. Las primeras requerirían una inversión de 1.000 a 1.500 euros por metro cúbico, lo que situaría el esfuerzo por instalación en un máximo de 450 millones. El sector privado pide a cambio 25 años con un pago por la disponibilidad de la infraestructura y la aplicación de una tarifa por volumen de agua. La inversión prevista en saneamiento y depuración es de 1.666 millones dentro del tercer Ciclo de Planificación Hidrológica 2022-2027, donde Seopan ofrece pulmón privado para acelerar los proyectos.
En cuanto a la desalación, desde Acciona, con notables referencias en el exterior, se lamenta que haya un problema de disponibilidad de agua “cuando somos los líderes del planeta en desalación”, apunta Alejandro Jiménez, director de desarrollo de negocio de agua de Acciona. “España apostó por la tecnología de ósmosis inversa cuando otros desarrollaron desaladoras basadas en la tecnología térmica, y eso ha situado a varias empresas de este país en vanguardia en todo el mundo”, añade. En Acciona se piensa que el problema no se encuentra tanto en las redes de abastecimiento, “siempre mejorables en eficiencia”, como en la disponibilidad del recurso en la cuenca alta. Jiménez expone que “las zonas costeras, muy afectadas por el estrés hídrico, tienen el recurso, las empresas están dispuestas a invertir y los fondos de largo plazo tienen apetito por proyectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible [ODS] y los ambientales, sociales y de gobernanza [ESG, por sus siglas en ingles]”.
Solución a corto plazo
¿Qué falta en la ecuación? Las compañías advierten que no hay una regulación adecuada para el desarrollo de la colaboración público-privada, como sí sucede en países de Oriente Medio o ya en el Norte de África. Acciona viene de firmar una concesión en Marruecos para desarrollar una desaladora con 822.000 metros cúbicos diarios de capacidad, tres veces más que la mayor desaladora en Europa. Alejandro Jiménez opina que la desalación sería una solución más resiliente ante futuras sequías que los propios trasvases. “Nos gustaría tener más facilidades para que el sector privado pueda sacar adelante propuestas como la que hemos realizado para desalar agua marina en La Axarquía”, se queja.
España tiene una capacidad instalada de desalación de 5 millones de metros cúbicos diarios, suficiente para dar de beber a 34 millones de personas cada jornada, pero a juicio de Eduardo Campos, de Sacyr Agua, corre prisa la construcción de dos desaladoras en Cataluña; una en Almería; otra de gran volumen, o dos medianas, en Málaga, y una última en Huelva: “El ente público encargado de promover este tipo de infraestructuras, Acuamed, tiene identificadas estas necesidades”. Sacyr estima una inversión de unos 1.000 millones de euros entre todas ellas, pero el jefe del negocio del agua advierte que se lleva más tiempo la tramitación de una de estas instalaciones que su propia ejecución, “con un mínimo de tres años para los permisos y unos dos años para la obra”.
El sector está pendiente del fallo del concurso para la ampliación de la desaladora de Torrevieja (Alicante), en la que se busca doblar el volumen de desalación, y se espera la inminente licitación de la ampliación de La Tordera (Girona). La propia Sacyr se adjudicó el pasado mes de enero actuaciones de mejora en la planta de Carboneras (Almería) por 29,7 millones.
Otros proyectos en rampa de lanzamiento son la nueva desaladora de Foix (Barcelona); la ampliación de las instalaciones andaluzas de Campo de Dalias, Carboneras y Marbella, además de la puesta en marcha de Mar de Alborán y la renovación de la desaladora de Bajo Almanzora, y en Canarias se está pendiente de dotar de mayor capacidad a Guía de Isora, Granadilla y Puerto del Rosario.
Campos recuerda el caso de la frustrada desaladora de Nerja (Málaga), licitada en periodo de sequía y que se adjudicó su compañía en 2011. Finalmente, el contrato fue zanjado de forma amistosa en 2014, cuando había vuelto a llover. “Hoy no son pocos los que se acuerdan de ese proyecto. El agua desalada, aplicada a la agricultura, asegura la disponibilidad a cultivos de alto valor añadido, como los frutos rojos, que dejan de depender del cielo y de ciclos de sequía cada vez más prolongados”.
Con 765 desaladoras, 99 de ellas de gran capacidad (de 10.000 a 250.000 metros cúbicos diarios), España está entre los cinco primeros países del mundo por capacidad de acudir al mar para obtener agua dulce.
En su visita de la semana pasada a la desaladora de Acuamed en Torrevieja, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reafirmó en el compromiso de garantizar el suministro a todo el país y anunció que España duplicará su capacidad de desalación y reutilización del agua. Solo para Alicante, Murcia y Almería hay inversiones previstas por algo más de 800 millones en desalación.
En contra de las desaladoras han pesado durante años argumentos como el impacto de la suelta de sal en el mar, sobre el que las operadoras aseguran que no impacta ni en la flora ni en la fauna marina gracias a los mecanismos de disposición de este residuo. Otro factor en contra ha sido el del alto consumo energético, con posibilidad de ser paliado en la actualidad con el recurso a las energías renovables. “La tecnología de desalinización funciona con éxito en todo el mundo, y, si le asociamos energía renovable para dotar a estas infraestructuras del pleno autoconsumo energético, se obtienen unos costes finales de producción de agua desalada de la máxima calidad muy competitivo”, defiende el presidente de Seopan, Julián Núñez.
Estas opiniones desde el frente de empresas privadas chocan frontalmente con las de colectivos ecologistas. El responsable de campañas de Consumo y Biodivesidad de Greenpeace, Julio Barea Luchena, ha escrito en la página web de la organización que la respuesta en favor, o en contra, de la desalación no es ni simple ni evidente. El experto, doctor en Geología especializado en Hidrogeología, apunta como problemas un alto consumo de energía para vencer la presión osmótica de las membranas, bombear el agua desde su origen y, posteriormente, a los depósitos. También pone el acento en el residuo del proceso, la citada salmuera, o en el impacto paisajístico y el coste de desalar: “Por un metro cúbico de agua se consume unos 3 kW frente a los 50 kW/m3 de hace unos años, esto supone que los 1.000 litros de agua cuesten entre 0,70-0,80 céntimos de euro, dependiendo de la planta. Hablamos de pagar un alto precio económico por un proceso que la naturaleza nos regalaba”. Por último, señala que “las desaladoras no pueden servir para fomentar políticas agrarias, ganaderas, urbanísticas y turísticas con crecimientos incontrolados”.
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