Ángel Ron defiende su gestión al frente del Popular y pide al juez que le deje fuera de la causa

El expresidente del banco achaca toda la responsabilidad de la caída del banco a su sucesor, Emilio Saracho

Ángel ron, expresidente del Banco PopularPABLO MONGE

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha solicitado por primera vez al juez que ha investigado el ‘caso Popular’ el archivo de la causa con respecto a él. Una vez finalizada la instrucción, que ha durado casi seis años, y a la espera de conocer la decisión del magistrado instructor sobre a quien propone investigar por la quiebra de la entidad, el que fuera máximo responsable del banco entre octubre de 2004 y febrero de 2017 asegura que no se han encontrado pruebas que acrediten la comisión de delitos.

Así lo manifiesta su defensa en un escrito, al que ha tenido acceso CincoDías, presentado este lunes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. “Del resultado de las diligencias de investigación practicadas se desprende la atipicidad de los hechos objeto de investigación”, afirma.

A lo largo de 40 páginas, el abogado José Antonio Choclán ha vuelto a defender la gestión de Ron y su equipo al frente del que fuera el sexto grupo bancario español, si bien, pendiente de la resolución clave del magistrado instructor, ha pedido que acuerdo el sobreseimiento de sus diligencias y que le deje fuera de la causa.

Así, ha destacado que durante el mandato de Ron, la entidad cumplió “holgadamente” con los ratios de capital y liquidez y ha subrayado que las cuentas anuales de 2015, las últimas publicadas antes de la ampliación de capital de 2016 por más de 2.500 millones de euros, “reflejaban la imagen fiel de la entidad”. Esta operación ha sido uno de los puntos claves de la investigación que se ha seguido en la Audiencia Nacional, para la que se ha recopilado numerosos informes de peritos del Banco de España designados por el juzgado y las inspecciones del Banco Central Europeo (BCE).

Asesoramiento para la ampliación

Según indica el escrito, de la investigación se constata que Ron solo participó en la ampliación de capital que se llevó a cabo en mayo de 2016 en su aprobación, sin tener “competencia, conocimiento o intervención en el resto de cuestiones que se investigan en las presentes diligencias previas”. Añade, que la operación contó con la intervención de “diversos expertos independientes de reconocido prestigio”, como los asesores del despacho internacional Linklaters, que contaba los servicios jurídicos de quien poco después se convirtió en presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella.

En este sentido, el escrito ha recalcado que los peritos del Banco de España ya concluyeron que “a 31 de diciembre de 2016, Banco Popular era una entidad solvente, viable y estable” y señalaron que la resolución del Banco Popular, y su posterior venta por el valor simbólico de un euro al Banco Santander, fue una consecuencia de “tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad”.

La defensa de Ron ha recordado que en dicho periodo ya estaba al frente del banco Emilio Saracho (también investigado), a quien ha achacado la responsabilidad de la caída del Banco Popular, que se convirtió en la primera entidad resuelta por las autoridades bancarias europeas, el 7 de junio de 2017. Según el relato del que fuera presidente del banco durante algo más de 12 años, la desaparición del banco “no fue un problema de solvencia”, sino de “acontecimientos externos” que provocaron “una descomunal e inusitada salida de depósitos en dos meses de alrededor de 18.000 millones de euros”.

“Destrucción de la confianza”

Uno de ellos, ha indicado, fue el hecho relevante remitido a la CNMV el 3 de abril de 2017 sobre reexpresión de las cuentas del Popular de 2016, que aumentaba las perdidas en ese año. En opinión del abogado de Ron, este hecho “supuso un elemento decisivo en la destrucción de la confianza de los depositantes en el banco, debido a una comunicación deliberadamente oscura, inexacta e incompleta”. Es más, ha apuntado que la comunicación fue interpretada por los medios de comunicación como la revelación de “un supuesto agujero de unos 500 o 600 millones de euros”.

“El Banco Popular se resolvió, por un problema de liquidez, desarrollado durante el segundo trimestre del año 2017, bajo una cobertura mediática negativa”, afirma el escrito. En esta línea, destaca que en el momento que Saracho llegó a la presidencia no había “crisis de liquidez alguna, menos todavía imputable al equipo anterior”.

De hecho, el escrito registrado en la Audiencia Nacional apunta que la situación fue empeorando con su sucesor hasta llegar a una situación “irreversible”, cuando Saracho solicitó unos días antes de la resolución una línea de liquidez al Popular de 9.500 millones, que, a juicio de Ron, se podía haber pedido antes para evitar lo que finalmente acabó ocurriendo.

Con todo ello, Ángel Ron insta a buscar las causas que provocaron la caída del Banco Popular y el posible “perjuicio” generado al inversor en “causas posteriores a su mandato y ajenas a su gestión”.

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