El TJUE cierra la puerta a Luksic a acceder a los documentos del BCE sobre el Banco Popular
El tribunal europeo desestima el recurso Aeris Invest contra la sentencia que avaló la negativa a entregar la información sobre la situación de la entidad desaparecida
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha echado por tierra el último intento de la familia Luksic, unos de los principales accionistas del Banco Popular, de poder acceder a documentos del Banco Central Europeo (BCE) relacionados con la resolución del la entidad bancaria española, en junio de 2017.
En una sentencia, dada a conocer este jueves, el máximo tribunal europeo ha confirmado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE), dictada el 6 de octubre de 2021, que desestimó los recursos Aeris Invest, brazo inversor de Luksic contra la decisión del órgano bancario europeo de no entregar los archivos reclamados, en los que se explicaban la situación del Banco Popular, entonces dirigido por Emilio Saracho. Entre dichos documentos se encontraba el expediente completo del procedimiento de resolución; la valoración hecha por la auditora Deloitte; o las notificaciones o comunicaciones efectuadas en el marco del procedimiento.
El BCE denegó tal petición porque dichos archivos estaban total o parcialmente protegidos, al tratarse de documento confidenciales cubiertos por el secreto profesional aplicable a las instituciones. Asimismo, argumentó que la divulgación de la utilización de provisión urgente de liquidez (ELA, por sus siglas en inglés) por el Banco Popular en los días anteriores a su resolución, así como de la información sobre la situación de liquidez y las ratios de capital, podrían perjudicar la eficacia de la política monetaria y la estabilidad financiera de la Unión o de un Estado miembro, así como a los intereses comerciales del Banco Popular y del Banco Santander, que adquirió la entidad resuelta por el valor simbólico de un euro.
Recurso contra la resolución
El Tribunal General de la Unión Europea estimó parcialmente su recurso y le permitió poder revisar únicamente el resultado de una votación en el Consejo de Gobierno del instituto emisor. Esto no era suficiente para la familia del magnate chileno Andrónico Luksic, que invirtió 113 millones de euros en acciones del Banco Popular, y presentó un recurso de casación ante el TJUE, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se le daba acceso a información para preparar su ofensiva legal contra el mecanismo de resolución que aplicó la Junta Única de Resolución (JUR), que fue avalado por la Justicia europea en junio de 2022.
La Corte con sede en Luxemburgo avala la actuación del tribunal de instancia y afirma que interpretó de manera adecuada el derecho de acceso público a documentos de la institución dirigida por Christine Lagarde. Según indica en su sentencia, el BCE no cuenta con normas destinadas a proteger el interés específico que una determinada persona pueda tener en acceder a un documento ni regular las cuestiones relativas a las pruebas que las partes deben aportar en un procedimiento judicial.
Según el TJUE, aun suponiendo que Aeris Invest tuviera derecho a acceder a un documento que obra en poder del BCE, y que supuestamente necesita para preparar de la mejor manera posible su recurso de anulación contra la resolución, ese derecho no podría ejercerse específicamente recurriendo a los mecanismos de acceso del público a los documentos establecido por la citada Decisión del BCE.
“Así pues, la eventual violación de ese derecho no puede derivarse de una decisión denegatoria de acceso adoptada con arreglo a dicha Decisión ni, por consiguiente, ser objeto de censura por parte del juez de la Unión a través de la estimación de un recurso de anulación presentado contra dicha decisión denegatoria”, concluye la sentencia del TJUE.
Pide la imputación de Santander
Luksic se encuentra inmerso en una batalla judicial con el fin de recuperar lo perdido en el Banco Popular. Uno de los procedimientos en los que está personado como perjudicado es el conocido caso Popular, en el que la Audiencia Nacional investiga las consecuencias que provocaron la desaparición del banco, y en el que recientemente, y a falta de unos días para que el juez decida si vuelve a prorrogar esta causa o finaliza su instrucción, ha solicitado que se impute al Banco Santander.
La entidad que dirige Ana Botín, que ostenta en dicha causa la condición de responsable civil subsidiario -como ‘heredera’ del Popular-, ha respondido que esta petición es “absurda” y un “auténtico despropósito”.
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