¿Podrá la inteligencia artificial acabar con la corrupción?
Los poderes públicos pueden fomentar su uso mediante beneficios fiscales o méritos para la contratación
Son muchos los textos publicados que abordan la aplicación de la inteligencia artificial (IA) al derecho, haciendo notar sus beneficios, sus riesgos y el intrínseco debate ético que suscita la intromisión de la tecnología en un campo esencialmente humanista.
Fundamentalmente, las aplicaciones de la inteligencia artificial que visibiliza el sector jurídico son, desde el punto de vista del sector privado, la creación de aplicaciones que agilicen la producción o el procesamiento de textos jurídicos complejos y, desde el punto de vista del sector público, la resolución de procesos sencillos mediante la aplicación de la IA. En ambos casos, la estamos empleando como una herramienta de productividad. Sin embargo, ¿y si fuéramos más ambiciosos? ¿y si aspiramos a que la inteligencia artificial sirva como elemento de corrección conductual colectiva? Es más, digámoslo abiertamente, ¿puede la inteligencia artificial acabar con la corrupción?
Vaya por delante que ninguna sociedad puede aspirar a la delincuencia cero e, igualmente, ninguna compañía puede alcanzar el riesgo cero, pero en lo que respecta a las labores de prevención, la inteligencia artificial puede tener un peso específico determinante y disruptivo respecto a todo lo conocido hasta la fecha. Veremos en el sector jurídico la existencia de una IA que contará con un entrenamiento específico para detectar comportamientos y conductas que, al menos indiciariamente, pudieran resultar compatibles con la corrupción.
Esta inteligencia artificial tendrá capacidad para analizar no sólo comunicaciones por email, sino documentos financieros o jurídicos. Igualmente, esta tecnología tendrá en cuenta estados emocionales de los interlocutores y factores externos, como pudiera ser una hora intempestiva de comunicación, el uso de cuentas de correo particulares, etc. Parece ciencia ficción, pero no lo es.
Sin duda, los usos que pueden darse a esta IA son muy amplios y prácticamente cubren todos los aspectos del denominado compliance (corrupción, prácticas colusorias, blanqueo de capitales, etc.). Igualmente, las operaciones de M&A pueden apoyarse en estas tecnologías para que el comprador tenga un conocimiento razonable de los riesgos inherentes a la adquisición de la compañía target.
No cabe duda que este producto será atractivo para las grandes empresas porque la relación coste-beneficio es incuestionable. De hecho, existen estudios que acreditan que las empresas cotizadas que tienen un mayor compromiso con el cumplimiento han mejorado un 13,5% su valor en el mercado en un periodo de cinco años. La buena reputación de las empresas tiene el premio de un buen posicionamiento en el mercado que se nutre de una mayor percepción de fiabilidad por parte de los clientes, de una mayor capacitación para optar a contratos, etc.
Convendremos que los beneficios que esta tecnología puede aportar son claros y evidentes, pero el verdadero reto sería popularizar esta tecnología entre el sector público y las pymes. Respecto de los primeros, no podemos ser optimistas toda vez que la experiencia nos demuestra que raramente los poderes públicos ponen límites o cortapisas al ejercicio de su potestad y, respecto de las pymes, aquí la relación coste-beneficio podría resultar más cuestionable.
No obstante, vistas las bondades que aportaría el uso de esta tecnología, sería deseable que los poderes públicos fomentaran su uso bien a través de beneficios fiscales, méritos para la contratación, etc. Existen numerosos ejemplos en los que el poder público incentiva la actualización o reemplazo de determinados bienes en beneficio de un interés superior, por ejemplo, en lo relacionado con la seguridad vial, el medio ambiente, la eficiencia energética, etc. ¿No puede ser la transparencia uno de ellos?
La tecnología nos ayuda a minorar el riesgo en todos los ámbitos de la vida y, como podemos comprobar, el derecho y la economía no son una excepción. De nuestra mano queda abrazar los beneficios de esta IA y sería más que deseable que las autoridades adviertan esta oportunidad y verdaderamente fomenten el uso de la inteligencia artificial.
Miguel Gadea, asociado senior del área procesal en DLA Piper España
