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Los hoteleros presionan para liquidar la oferta ilegal de pisos turísticos

Alertan de un posible repunte de 'turismofobia' ante la reactivación de los viajes a los destinos más masificados

Pintadas contra los turistas en Barcelona en una foto fechada en 2017
Pintadas contra los turistas en Barcelona en una foto fechada en 2017Efe

España recibió 71,8 millones de turistas extranjeros en 2022, más del doble de los 31,1 millones que llegaron un año antes y cerca ya de los 83,7 millones que marcaron el máximo histórico alcanzado en 2019. El ambiente de euforia y optimismo entre hoteles, aerolíneas, agencias de viajes y hostelería por la reactivación del sector tras dos años de pandemia es perfectamente compatible con el temor que manifiestan sottovoce esas mismas compañías ante un nuevo brote de turismofobia, ya que las reservas de hoteles, turoperadores y agencias de viajes apuntan a que España va a volver convertirse en un destino masivo este año.

Los hoteleros ya han encontrado un culpable con nombre y apellido: pisos turísticos. A finales de noviembre, anticipándose a un invierno récord de llegadas, el presidente del lobby Exceltur y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, presentó un informe sobre las viviendas turísticas en el que advertía que ya estaban aproximándose a niveles precrisis. “Como no controlemos el desmadre de viviendas turísticas vamos a tener un problema”, alertó. El informe analizaba el actual reparto en seis grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Valencia), y la principal conclusión es que el 72% de los pisos ofertados en las grandes plataformas se concentra en los barrios más céntricos. Y los dos municipios más afectados por esa masificación de viviendas turísticas eran Sevilla y Málaga. En el barrio sevillano de Santa Cruz, los pisos turísticos representaban el 61,2% de todo el parque de viviendas y en los barrios malagueños de La Merced y Centro Histórico había más plazas de turistas que vecinos. "Exceltur aboga por un turismo de calidad y eso no tiene nada que ver con los pisos turísticos. No mejoran ingresos, no mejoran márgenes, no generan más ni mejor empleo, no generan un menor impacto ambiental y sí provocan que las ciudades pierdan su identidad y se conviertan en parques temáticos”, señaló Escarrer.

Baleares prevé invertir diez millones en comprar hoteles y locales de ocio de baja categoría para regenerar zonas degradadas

Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, organización multisectorial que reúne a 100 empresas entre hoteles, aerolíneas y agencias de viajes, matiza las críticas. “El fenómeno de las viviendas turísticas ha venido para quedarse. Lo que hay que hacer es perseguir toda la oferta ilegal y crear una regulación que permita una convivencia entre el turista y el residente”, recalca Molas, que señala que el problema de la masificación no es exclusivo de España si no que también se produce en otros grandes destinos europeos como Florencia, Venecia o Atenas.

De este modo, los empresarios tiran la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia turística, y en el de los ayuntamientos, que las tienen en materia urbanística. Por ahora, los intentos para tratar de controlar la oferta ilegal de viviendas o el crecimiento desmedido de viajeros han fracasado. Las numerosas multas impuestas desde el Ayuntamiento de Barcelona a Airbnb no han reducido el número de pisos en oferta en la citada plataforma y la regulación restrictiva de Madrid, que solo permite pisos turísticos en bajos y con acceso diferenciado al del resto de viviendas, ha quedado en papel mojado ante las dificultades para garantizar una inspección mínima del cumplimiento de la norma. Tampoco el cobro de una tasa turística en Cataluña o Baleares parece haber disuadido a muchos turistas de viajar a España. Fuentes empresariales recalcan la buena intención de la medida, pero creen que está mal diseñada, en la medida en que todo el dinero recaudado se destina a la promoción del destino, con lo que se incentiva aún más la llegada de viajeros.

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En este contexto, y a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, algunos gobiernos han hecho los deberes en ese sentido. Uno de los más avanzados ha sido el Gobierno balear, que hace un año ya alcanzó un acuerdo con las grandes navieras para limitar las llegadas al puerto de Palma de Mallorca para evitar las fotografías previas a la pandemia, con miles de cruceristas desembarcando al mismo tiempo y colapsando el centro de la ciudad. El acuerdo, vigente hasta 2026, limita el número de llegadas a tres cruceros diarios, de los que tan solo uno puede superar las 5.000 plazas. Fuera de esos términos quedan 20 días al año en los que el límite se amplía a cuatro embarcaciones. Ese Ejecutivo también ultima la puesta en marcha recientemente una medida muy polémica, como la compra de hoteles y locales de ocio de baja categoría, ligados al turismo de borrachera, en Ibiza y Palma de Mallorca para lo que destinará 10 millones de euros con el fin de regenerar esas zonas.

En el caso de los ayuntamientos, hay seis grandes consistorios (Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilla, Málaga y Granada) que quieren implantar una tasa turística para tratar de desincentivar la más que previsible llegada masiva de viajeros, pero que se encuentran atados de pies y manos puesto que no disponen del marco jurídico necesario (el gobierno autonómico es el que tiene competencias para aprobarlo) para poder activarla.

Barcelona incrementará en dos años un 28% la tasa turística para los hoteles de cinco estrellas

En España solo se cobra en ayuntamientos de Baleares y Cataluña, las dos únicas autonomías que las han aprobado. Y el movimiento más importante lo ha hecho Barcelona, que ha anunciado dos subidas de la tasa turística en los dos próximos años. Desde abril de 2022, las tarifas, que aúnan la tarifa autonómica y el recargo del Ayuntamiento de Barcelona, oscilan entre los 5,25 euros por día y noche en un hotel de cinco estrellas y los 2,75 euros por el disfrute de una embarcación de crucero durante menos de doce horas. A partir del 1 de abril de 2023, las actuales se incrementarán en un euro, la cifra en la que subirá el recargo del ayuntamiento de Barcelona y en abril de 2024 ese recargo municipal se incrementará otro medio euro hasta los 3,25 euros. Eso significará que en esa última fecha, un cliente de un hotel de cinco estrellas en Barcelona pagará una tasa turística de 6,75 euros por noche, un 28% más que en la actualidad. La subida será aún mayor (43%) para los de cuatro estrellas, al pasar de 3,45 a 4,95 euros por noche.

La inflación y el difícil acceso a una vivienda

Externalidades. Exceltur realizó a finales del pasado ejercicio una encuesta a 2.400 personas que acompañara a su informe sobre las viviendas de uso turístico para conocer cuáles eran las principales efectos negativos del turismo masivo. El 77,7% de los encuestados apuntó al encarecimiento de la vivienda como el primer problema, seguido por la subida de precios en el barrio, con un 68,4% de las respuestas. En tercer lugar figuraron los problemas de convivencia (66%) y en cuarto la expulsión de los vecinos del barrio (52,2%).

Sostenibilidad. Otra de las externalidades del turismo masivo es el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. Rubén Sánchez, consejero delegado de la plataforma BEONx, recalca que en un escenario en el que el turismo puede verse como una amenaza para la sostenibilidad de los destinos, "las herramientas de gestión de ingresos deben enfocarse, más que nunca, a conseguir una rentabilidad sostenible, ayudando a los hoteles a hacer previsiones más ajustadas, optimizar recursos y tomar mejores decisiones estratégicas que garanticen el protección del medio ambiente y el bienestar de la población sin renunciar a la rentabilidad del hotel".

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