El ChatGPT y la Administración Pública: ¿es tan listo como parece?

Los procedimientos complejos y engorrosos piden a gritos una solución en la simplificación de las relaciones administrativas

El ChatGPT y la Administración Pública: ¿es tan listo como parece?

GPT. Si le preguntáramos a nuestros políticos más destacados, altos cargos y directivos por estas tres letras, por el ChatGPT ¿sabrían de qué estamos hablando? Pues más allá de aquéllos que se dedican al ámbito de la digitalización no estoy muy segura. Sin embargo, cualquier profesional del sector privado, no sólo legal, en las últimas semanas e, incluso, meses habrá leído, escuchado y visto múltiples comentarios, análisis y digresiones sobre el ChatGPT. Una muestra más de la brecha entre lo público y lo privado en el ámbito de la tecnología.

Imaginemos que la persona con la estamos hablando no sabe lo que es, así que comencemos por el principio. Es una herramienta, así de sencillo, lo que sucede es que es una herramienta de algo complejo, la inteligencia artificial, mucho más presente en nuestra vida diaria de lo que somos conscientes. Tiene múltiples utilidades, pues permite generar textos en un lenguaje cercano, próximo, coloquial, pero sin perder rigor, o ayudar a buscar información. No es un tema menor. Según el estudio de Prodigioso Volcán sobre la claridad de la digitalización en nuestras administraciones, un 30% de la población no puede, de facto, iniciar un trámite digitalmente, es decir, no puede relacionarse con la administración en el canal electrónico ya que se topan con el muro digital. Sin respuesta.

Por tanto, la pregunta sería, si puede ser útil para las administraciones públicas. Rotundamente sí. Se llame ChatGPT o como sea porque la automatización desempeña un papel clave para la reducción de la burocracia administrativa, para la simplificación. Evidentemente, con la supervisión de la inteligencia humana, que se asegure de que la utilización de la IA sigue poniendo en el centro a las personas, porque a veces la solución óptima del algoritmo no es la mejor solución para el servicio público.

En algunos ámbitos ya se están planteando la máxima utilidad de esta herramienta, como lo demuestran entradas tan variopintas como la publicada en una conocida red social “Cómo hacer que ChatGPT informe Historias Clínicas por ti”. Sin palabras. Sin ir tan lejos, lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto. ¿Qué es el IBI? ¿Cómo solicitar una subvención? La historia reciente de medidas estrella como el Ingreso Mínimo Vital y las dificultades en su acceso como consecuencia de procedimientos complejos, engorrosos y obesos de cargas innecesarias piden a gritos una solución en la simplificación de las relaciones con la administración.

¿Es tan listo cómo parece? La respuesta es clara: no. Si uno le pregunta a GPT por los 10 días de la semana, completa el semanario con el "lunetes, el marteses y el miércoleses". Por supuesto, como en toda herramienta de IA queda todavía mucho camino, pero el machine learning avanza a una velocidad que permite corregir rápidamente las dificultades que presenta su uso (con mucha más rapidez y eficacia que sus competidores humanos).

No nos engañemos, GPT y otros como GPT forman parte no ya del futuro sino del presente LegalTech que debe asumir la administración. Frente a otras realidades virtuales sobre las que todavía habría que explorar posibilidades, como sucede con el metaverso, en este caso no cabe duda de que no podemos dar la espalda a las infinitas posibilidades que ofrece. Y casi lo mejor que se me ocurre sería dar la espalda, muchos se resistirán, renegarán del posible uso e incluso lo prohibirán.

En EEUU, el departamento de educación de Nueva York ha decidido restringir el acceso, no solo a los alumnos, sino también a los profesores, a ChatGPT. La excusa: “el impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y que preocupa la seguridad y precisión de su contenido”. No creo que prohibirlo deba ser la solución. La educación, precisamente, debería ser la forma de introducir las tecnologías disruptivas en nuestra vida cotidiana, soft skills, pensamiento crítico y desarrollo de capacidades analíticas para su utilización, por ejemplo.

¿Sustituirá a los funcionarios? ¿Y a los políticos? Como buena gallega que soy, diré que depende. Habrá que valorar si éstos aportan más valor. Esperemos que una vez más la administración no permanezca impasible desde la atalaya del siglo XX viendo cómo el mundo cambia a su alrededor. Los tiempos que vivimos, la digitalización de los servicios públicos y la transformación de los modelos de gobernanza aconsejan a las administraciones públicas empezar a “cacharrear” con GPT y otras herramientas similares y ver qué valor pueden aportar a la gestión pública. Porque si las preguntas son correctas, las respuestas serán razonables. Algo que no puede decirse siempre en el caso de los seres humanos.

Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y experta en gestión pública

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