El algoritmo no puede convertirse en el nuevo “porque sí” del poder público. Si una decisión afecta a nuestros derechos, debe poder ser explicada. Y si no puede explicarse, quizás no debería ser adoptada
La tecnología no firma escritos, no dicta resoluciones, ni asume responsabilidades: lo hacen abogados y jueces
Los procedimientos complejos y engorrosos piden a gritos una solución en la simplificación de las relaciones administrativas
Gracias a herramientas basadas en datos es posible detectar situaciones de conflicto de intereses en la gestión pública
Ha tenido que ser un factor externo el que dé el impulso definitivo a la Administración digital, desde la improvisación y la urgencia
