El incierto futuro del sector del ciclo urbano del agua

La implantación de un canon de saneamiento finalista permitiría crear infraestructuras y actualizar las existentes

Los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aspiran a proteger la vida de las personas haciéndola de mejor calidad. El ODS 6 se dedica al agua y saneamiento en el convencimiento de que disponer de agua de calidad, con una gestión sostenible y el saneamiento adecuado, son derechos esenciales para el desarrollo de una vida digna, en definitiva, para disfrutar de un medio ambiente adecuado, según reza en la Constitución Española.

En España, mientras que el abastecimiento de agua está prácticamente resuelto –pese a haber poblaciones en las que es deficiente–, el saneamiento necesita en buena parte ser renovado y seguimos sin tener todas las aguas depuradas. En el estudio Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, propiciado por la Cátedra Aquae, AEAS y la Universidad Politécnica de Catalunya en 2019, se hace inventario de estas infraestructuras: 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar), 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (Etap), 248.245 km de redes de abastecimiento y 189.203 km de redes de saneamiento. Un patrimonio hidráulico que necesita ser explotado para proporcionar a las personas agua de calidad, saneamiento sin fugas y agua depurada y, en consecuencia, hay que dotarlo de buena conservación y mantenimiento.

En cuanto a la depuración de las aguas residuales, la multa impuesta a España por la UE en julio de 2018, por 10,3 millones/semestre, rebajada a 3,1 millones/semestre por la mejora de las depuradoras en Gijón Este e Isla Cristina, no es el único procedimiento abierto e indica lo mucho que falta por hacer.

La dispersión de las competencias entre las distintas administraciones públicas y la falta de una inversión sostenida y sostenible son causa de esta situación. La ausencia de interés por solucionar el problema y el precio político que se le da al agua –que lleva a no revisar las tarifas que, según la directiva marco del agua, han de recoger todos los gastos, incluidos los de primera instalación, no recogidos en ellas–, provocan que el servicio sea deficitario en lo económico.

La implantación de un canon de saneamiento finalista, como el adoptado en Andalucía, aportaría los recursos necesarios para acometer nuevas infraestructuras y tener actualizadas las existentes. Ese déficit, que afecta a todo el ciclo del agua, incide sobre el coste de la explotación, actividad ineludible para disfrutar de agua de buena calidad y mantener la residual bien depurada.

Si nos centramos en las depuradoras, vemos que el presupuesto de explotación es tan importante como el de ejecución; mientras que el último se agota construida la depuradora, la explotación se realiza a lo largo de la vida útil, 25 años mínimo. La ausencia de la explotación de la edar conlleva su ruina en poco tiempo, situación no infrecuente al igual que los casos de no funcionamiento por falta de recursos del ente local. Vivimos tiempos no propicios para la actividad de construcción de infraestructuras y su explotación. El incremento del precio de los materiales es inasumible y los retrasos en los suministros tan notorios que peligra el cumplimiento de las escasas inversiones y, por tanto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estamos viendo muchas licitaciones desiertas; según la CNC, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 se detectaron 1939 licitaciones desiertas por importe de 883 millones de euros.

Para paliar la situación, en cuanto a las obras se ha puesto en marcha el mecanismo de la revisión de precios –desaparecido al entrar en vigor de la Ley de desindexación y su reglamento–, pero no así en los contratos de servicios; revisión de precios muy devaluada, ya que no contempla la energía, limita su aplicación temporal y topa el resultado económico.

Teniendo en cuenta que el mayor coste de la explotación de una edar es energía y mano de obra, resulta ineficaz la aplicación de una fórmula de revisión de precios que excluya la energía, cuyo incremento de coste desde 2021 es más del 100%. Urge buscar otros mecanismos, como modificar la ley de desindexación para devolver a la revisión de precios todo su vigor o que los pliegos contemplen que el coste de la energía lo asuma el órgano de contratación u otros sistemas. Lo importante es que los poderes públicos se conciencien de lo que ocurre y le pongan remedio consultando a las organizaciones empresariales y asociaciones del agua.

Recordemos que cada depuradora tiene su propia estructura de costes en función del tamaño y los sistemas operativos, que es, en orden de magnitud: consumo energético, 45%; mano de obra, 35%; consumo de reactivos, 9%; y el mantenimiento de equipos, con un 6%. Con la energía por las nubes, el convenio de la mano de obra a revisar en 2023 –con subida incluida–, los reactivos encarecidos un 35%-45% y la amenaza de desabastecimiento, se dibuja un panorama incierto, complejo y difícil de soportar.

Estos datos evidencian la desprotección del sector del ciclo urbano del agua. No existe ningún sistema para que las empresas compensen estas subidas extraordinarias, por lo que tienen que soportar los efectos del riesgo imprevisible y exorbitante, algo injusto y desleal. Las empresas desarrollan los contratos según lo convenido, pero no se ponen en marcha los mecanismos públicos, que los hay –modificaciones del contrato–, para corregir la situación. De seguir así, no debe extrañar que el servicio público que prestan quede en suspenso ante la carencia de recursos para mantenerlo.

Esta situación comenzó al inicio de 2021 y siguen sin tomarse medidas ¿Hasta cuándo se podrá soportar? ¿Hay que esperar a que las empresas comiencen a desaparecer? Y entonces, ¿cuál será la reacción de la sociedad ante la falta de un agua de boca de calidad y vertidos sin tratamiento? Es un panorama posible. Confiamos en que las cosas cambien pronto, porque luego será tarde.

Javier Romero de Córdoba es Presidente de Asagua (Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua)