Los hogares de mayor renta se benefician más de las medidas para abaratar el carburante y gas

La Airef cree que los PGE nacen viciados por su falta de realismo

Alerta del poco margen para reducir déficit y deuda pública

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Los programas de índole fiscal desplegados por el Gobierno han permitido reducir la inflación media en España durante 2022 en 1,5 puntos porcentuales. La más que probable prórroga de varias de estas medidas en 2023 servirá, en paralelo, para que el IPC se modere más o menos en la misma proporción. Es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que presentó ayer el Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones públicas para 2023 en el que analiza el Plan Presupuestario remitido por el Ejecutivo a Bruselas. La autoridad fiscal no evalúa la idoneidad de estas medidas, pero sí analiza su coste y resultado de cara al debate sobre las consecuencias que una prórroga tendría en el déficit público.

La Airef es clara: “Las medidas que actúan sobre los precios de la energía y el transporte no se focalizan en los individuos de menor renta”, sostiene. Así, aunque las iniciativas pensadas para abaratar la factura eléctrica se reparten de forma homogénea por nivel de renta, las que actúan sobre el gas, el combustible o el transporte público “recaen en hogares con mayor renta”.

Algo similar sucede con aquellos programas destinados a compensar la pérdida de renta provocada por la inflación. Aunque por su naturaleza tienen un grado de focalización algo mayor, algunos como el complemento a las becas y la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo tienen efectos similares en casi todos los tramos de renta.

Esto no quiere decir, matiza la Airef, que los hogares de menor renta no se beneficien de estas medidas. De hecho, “en el conjunto de medidas se observa un cierto grado de focalización hacia los más vulnerables”. En concreto, en términos relativos a su renta bruta, el importe destinado a los hogares más pobres representa un 17%, mientras que en los hogares de mayor renta este porcentaje no alcanza el 1%. El problema, añade el organismo, es que las rentas altas “absorben una parte importante del coste de las medidas”.

Uno de los casos más paradigmáticos, explicó el director de la división de análisis presupuestario de la autoridad fiscal, Ignacio Fernández-Huertas, es el de la subvención al combustible, una medida de la que se benefician principalmente los hogares con mayor renta al disponer de más vehículos en propiedad y hacer mayor uso de ellos.

Al otro lado se encontrarían iniciativas como el ingreso mínimo vital, la ayuda de 200 euros o el bono social térmico, cuyo impacto fiscal se concentra principalmente en los deciles más bajos de renta.

El análisis del coste de todas estas medidas no es baladí. La autoridad fiscal reconoció en su informe, entre otras discrepancias de índole macroeconómica con el Gobierno, una mayor preocupación por el equilibrio de las finanzas públicas habida cuenta del poco margen con el que cuenta España para reducir sus niveles de déficit y deuda públicos.

En el mejor de los casos, asumiendo el carácter temporal de todas las medidas anticrisis, el déficit en 2023 podría rebajarse en aproximadamente 1,3 puntos porcentuales, hasta el 3,3% del PIB. Sin embargo, en un escenario más adverso y que cada vez se da más por seguro en el que se prorroga parte del escudo desplegado por la crisis, el saldo fiscal negativo se situaría en un nivel similar al de 2022, en torno al 4,6%. En cualquier caso, por ello, el déficit estaría por encima del 3%, el límite que establecen las reglas fiscales que previsiblemente volverán a retomarse a partir de 2024.

Por eso, tal y como explicó la presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, el margen de reducción del déficit “se agota”. Sin medidas adicionales, de hecho, también se ralentiza el ritmo de reducción de la deuda pública sobre el PIB, que se estabiliza en torno al 109%.

A los 15 días de presentar el proyecto de Presupuestos, recordó Herrero, el Gobierno remitió a la Comisión Europea un Plan Presupuestario con dos escenarios. Uno asumía a grandes rasgos las cifras de las cuentas públicas, en las que la finalización de las principales medidas anticrisis se fijaba para el 31 de diciembre de 2022. El otro, sin embargo, contemplaba la prórroga del escudo de protección con “una idea cuantitativa del importe de las medidas que se podrían adoptar”. Este segundo escenario, el más creíble para el organismo, es el que lleva a la Airef a poner en duda las previsiones que el Gobierno maneja, y por las que confía en reducir el déficit por debajo del 3% ya en 2025.

Herrero insistió en su mensaje de que los presupuestos nacen “viciados”, ya que se incluyen previsiones de ingresos y de gastos en las que falta “realismo”. Sin ir más lejos, las previsiones de ingresos oficiales que se manejan para 2022 están “claramente por debajo de lo que finalmente va a ser”.

También hay otras cifras que no cuadran con las que proyecta el Gobierno. El impuesto a los ricos, por ejemplo, entrará en vigor en 2022 y recaudará en los dos próximos ejercicios 1.270 y 1.370 millones de euros respectivamente, según prevé la Airef. Estos ingresos, sin embargo, no vienen reflejados en las cuentas del Ejecutivo, que prevé una recaudación de 1.500 millones.

En paralelo, la limitación a los grandes grupos consolidados para que compensen pérdidas en el impuesto de sociedades recaudará según la Airef 2.439 millones en 2024 y 2.195 millones en 2025, casi el doble de lo presupuestado inicialmente.

España entrará en recesión técnica en 2023

La Airef prevé que España entre en recesión técnica de forma casi inmediata. El PIB nacional, después de registrar un crecimiento “en torno a cero o algo positivo” entre julio y septiembre, entrará en territorio negativo en el cuarto trimestre del año 2022 y en el primero de 2023, encadenando así seis meses consecutivos a la baja. Esta es la definición técnica de recesión, según recordó la directora de la división de análisis macroeconómico de la Airef, Esther Gordo, si bien restó importancia a una caída de “unas pocas décimas”. En concreto, la autoridad fiscal estima que la economía española caerá entre un 0,2% y un 0,3% los dos siguientes trimestres. También prevé un menor crecimiento real que el Gobierno, un mayor deflactor del PIB, y una inflación del 3,9% en 2023.

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