El Gobierno calcula unos ingresos tributarios de 260.000 millones sin incluir el nuevo impuesto a los ricos

Hacienda incluye en el capítulo de ingresos no tributarios los impuestos temporales a banca y energéticas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno de coalición presentó ayer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 con una previsión de ingresos tributarios de 262.000 millones de euros, un 7,7% más que la recaudación impositiva proyectada en el avance de liquidación de 2022. Para el año en curso, en concreto, el Ministerio de Hacienda prevé unos ingresos de 244.000 millones. En las cifras para el ejercicio próximo, sin embargo, el Ejecutivo no ha incluido los ingresos que prevé obtener con el nuevo impuesto temporal sobre las grandes fortunas.

La razón, explicó ayer la titular de Hacienda, María Jesús Montero, es que este gravamen se ha diseñado pensando exclusivamente en sufragar parte de las medidas de apoyo a vulnerables desplegadas a raíz de la crisis energética y económica desatada tras el inicio de la guerra en Ucrania. Por ello, al tratarse de unos ingresos finalistas, es decir, destinados a partidas muy concretas y específicas que obedecen a razones concretas, no pueden incluirse en el proyecto de cuentas públicas.

Tal y como detalló la ministra, todos los ingresos que entran en los Presupuestos se destinan a financiar las partidas de gasto que se recogen en el libro amarillo, el documento que da forma a las cuentas públicas.

El impuesto temporal sobre las grandes fortunas afectará a cerca de 23.000 contribuyentes en España con un patrimonio neto superior a los tres millones de euros. Con él, Hacienda prevé recaudar cerca de 1.500 millones de euros. Este gravamen, de momento de carácter transitorio, está pensado exclusivamente para anular las bonificaciones que determinadas comunidades autónomas aplican en el impuesto sobre el patrimonio, el tributo en el que se inspira la nueva figura impositiva.

El impuesto al patrimonio es un tributo de naturaleza estatal cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, que tienen la facultad de bonificarlo hasta el 100% para acabar con él en la práctica. En esencia, la única región con una bonificación total vigente es Madrid, que deja de recaudar unos 900 millones de euros año por este descuento. El año que viene hará lo propio Andalucía y, en menor medida, Galicia, que lo bonificará al 50%. Para evitar esta pérdida de recaudación, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de este impuesto temporal que ayudará a sufragar las últimas medidas de apoyo desplegadas.

En paralelo, el Gobierno sí incluyó en sus cuentas para 2023 los dos impuestos que gravarán a las grandes energéticas y entidades bancarias con beneficios extraordinarios y que recaudará 7.000 millones en dos años. Esta figura, sin embargo, se ha enmarcado dentro del capítulo de ingresos no tributarios del Presupuesto debido a que el gravamen se configuró en su momento como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria. Los ingresos no tributarios, en concreto, ascenderán a unos 44.600 millones en 2023, un 2,8% menos.

El objetivo del Ejecutivo es recaudar con estos impuestos 3.500 millones de euros cada ejercicio. A grandes rasgos, el que afecta al sector energético contará con un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, mientras que el que se circunscribe a la banca dispondrá de un tipo del 4,8% que afectará a las comisiones e intereses de las entidades que entre ambos conceptos alcancen los 800 millones.

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