La Airef propone que los países marquen para 4 años una senda de gasto para reducir la deuda

Es su aportación a la reforma del marco de la gobernanza fiscal, aunque fija una cláusula de escape para su revisión en circunstancias excepcionales

Deuda pública Pulsar sobre el gráfico para ampliar

La última escalada del conjunto de la deuda pública en España hasta niveles históricos nunca vistos, cercanos al 120% del PIB al cierre de 2021, doblando porcentajes desde el 60% de 2010, es uno de los detonantes que ha encendido las luces de alarma, para buscar la manera de embridar esta variable y reconducir la situación.

Con el fin de evitar la vulnerabilidad de la economía española en concreto, y evitar riesgos a la estabilidad de la propia UEM, en particular, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado un documento técnico, sobre lo que a su entender debería realizarse a la hora de reformar el marco de gobernanza fiscal europea.

La propuesta que realiza esta entidad se resume en la puesta en marcha de lo que denominan un “ancla de deuda”, que no es otra cosa que cada gobierno entrante, en cada uno de los países europeos proponga al inicio de su mandato cual va a ser su senda de gasto y su compromiso de reducción de deuda para el conjunto de la legislatura, que en el caso concreto de España sería de 4 años. Esta senda que tendría que ser aprobada tanto por el Parlamento como por las autoridades comunitarias, se convertiría en la referencia a seguir durante los cuatro años siguientes.

La Comisión Europea presentará probablemente el próximo 9 de noviembre, su nueva propuesta de reglas fiscales, suspendidas a raíz de la pandemia por Covid-19 en 2020. Estas reglas, ya superadas, mantenían como principales variables la fijación de un límite del déficit público en el 3% del PIB y una ratio de deuda pública limitada al 60% del PIB. Ratios que a la vista de la evolución de las mismas han perdido totalmente su vigencia.

Establecidas hace 25 años en el tratado de Maastricht, mantenían una serie de medidas coercitivas que el tiempo se ha encargado de mostrar ineficaces.

Así recogía que ante incumplimientos reiterados de objetivos, se aplicarían sanciones económicas que nunca se llevaron a cabo, al tiempo que los procedimientos de déficit excesivo (PDE) para retomar la normalidad de las finanzas públicas, permanecían abiertos durante años.

España puede dar fe de ello, al tener abierto un expediente durante una década hasta que en junio de 2019 salió del procedimiento una vez que consiguió reducir el déficit por debajo del valor de referencia de la UE del 3%.

La Airef ha lanzado una propuesta que debe contener elementos específicos para cada país, lo que generaría un nuevo marco para el saneamientos de las cuentas públicas europeas y que según fuentes de esta institución independiente “se podría llevar a cabo un régimen sancionador”, aunque reconocieron que la realidad muestra que nunca se aplicaron. Desde Airef se apuesta más por los efectos de pérdida de imagen y de coste reputacional que acarrearía un incumplimiento de las nuevas reglas, que por sanciones económicas.

Cláusula de escape

Según la propuesta conocida el viernes, los presupuestos que se aprueben cada año en los distintos países, deberán ajustarse estrechamente a la mencionada senda de legislatura “para fomentar una convergencia firme hacia niveles de deuda más prudentes”.

Con el propósito de poder reaccionar ante “circunstancias excepcionales” y que se pueda tener capacidad de hacerles frente, la propuesta conocida este viernes contempla lo que denomina una “cláusula de escape” que permita la revisión de la senda establecida.

 

 

Nuevo máximo de deuda en 1,49 billones

Prosiguiendo con su tendencia creciente, la deuda del conjunto de las administraciones públicas volvió a registrar un nuevo máximo histórico tras llegar en agosto a los 1,491 billones de euros, tras crecer un 0,3% en tasa mensual, por lo que encadena cuatro meses consecutivos al alza, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,1%, con 72.029 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania.

El aumento de la deuda en agosto se debe principalmente al crecimientodel endeudamiento del Estado, que ha tenido que asumir un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis, así como el de las comunidades autónomas. Por el contrario, los ayuntamientos vieron reducir su endeudamiento durante el mes de agosto y las administraciones de la Seguridad Social lo mantuvieron estable.

La deuda del Estado se situó en agosto en 1,313 billones de euros, 6.256 millones más que en julio, mientras que en tasa interanual repunta un 6,9%.También se ha incrementado en agosto la deuda de las comunidades autónomas, que ha crecido un 0,56% en tasa mensual, hasta los 316.075 millones de euros. En el último año, el endeudamiento de las comunidades ha repuntado un 0,9%.

Por el contrario, las corporaciones locales han reducido su deuda en agosto un 1,8% respecto al mes de julio, hasta los 22.676 millones de euros.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo estable en el octavo mes del año, hasta los 99.184 millones de euros, el mismo importe que un mes antes. No obstante, en términos interanuales, la deuda de la Seguridad Social se ha disparado un 8%.

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