Las cuentas públicas​ del fin del ciclo expansivo

El Gobierno lanza un Presupuesto centrado en la agenda electoral, sin gestos para afrontar un déficit enquistado y con objetivos de crecimiento poco creíbles

La actividad económica se compara como el tiempo: una cosa es la temperatura del mercurio, y otra bien distinta la sensación térmica. Una cosa es la euforia desmedida de la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño relatando el generoso crecimiento de la economía este año y el que viene, siempre con un diferencial notable con los socios de la Unión Monetaria, y otra bien diferente la sensación que los agentes económicos tienen y que explicitan en un indisimulado pesimismo, tanto la evolución del consumo castigado por el impuesto invisible de la inflación como las expectativas de los empresarios acerca de sus ventas, sus resultados y su empleo estimado. El Gobierno se afana en expresar un agradecido optimismo, pero la realidad, con el bardo de la guerra ucraniana de fondo, pinta cada vez más bastos.

En este escenario bipolar ha anclado el Ministerio de Hacienda un Presupuesto pactado con la oposición interna del Gobierno cuya ejecución ajustada depende de más variables que nunca y es de más complejo manejo que nunca. La guerra, la crisis energética, la inflación rampante, los tipos de interés que la persiguen... demasiadas circunstancias fuera del alcance de la mano de un Gobierno como para hacer previsiones exactas. No obstante, el Ejecutivo se ha ceñido a la yincana electoral que arrancó en mayo pasado y que se prolongará, si no hay sorpresas, hasta fin del año próximo para cuadrar sus cuentas públicas. Unos números que todo indica que marcan el fin de un ciclo de laxitud fiscal permitido en exceso por las autoridades políticas y monetarias europeas para volver después, como si nadie hubiese observado el dispendio, a las siete llaves sobre el gasto.

Es un Presupuesto que aguanta el calificativo de expansivo con el solo avance de los gastos en defensa, estado de bienestar e inversión, pero que no puede escapar del de electoral por el desequilibrio en el comportamiento de las partidas más ligadas a los derechos subjetivos de los administrados. Pero admite también el de desequilibrado por la desproporción de algunas de sus herramientas, conceptualmente contradictorias en algunos casos.

En cuando a la inversión, Hacienda puede permitirse el lujo, que no desprecia, de disparar con pólvora real gracias a la inyección de recursos de la Unión Europea (un flujo que se mantendrá unos pocos años), aunque su ejecución final dependerá de la participación paralela de recursos privados, muchos de ellos ya comprometidos en los pertes. La partida de defensa se incrementa notablemente sin que los socios que se dicen pacifistas del Gobierno digan ni mú, porque obtienen a cambio una serie de contrapartidas de carácter social que quieren patrimonializar.

Las facturas de rentas públicas subjetivas llaman la atención por una generosidad poco coherente con la situación de la economía del país y de las propias urgencias fiscales de las administraciones públicas, anestesiadas por decisiones globales que habrán de revertirse más pronto que tarde. El Gobierno ha empeñado su palabra y la propia ley de Presupuestos en subir a los pensionistas un 8,5% para corregir la descomunal desviación de la inflación este año, amparado en la aplicación escrupulosa de la ley, aunque los números tengan dificultades para sostenerlo. Hay que recordar que supondrá un sobregasto de unos 13.000 millones de euros anuales que se mantendrá en la nómina de los pensionistas de por vida, y que en los primeros años equivaldrá nada menos que a un punto adicional de deuda pública sobre PIB, puesto que con recurso al mercado habrá de sufragarse, ya que las cotizaciones no dan para tanto.

La nómina de los funcionarios iniciará a la par que el proyecto de Presupuestos una carrera alcista que puede ser coherente con el deterioro de la renta real de los empleados públicos este y los dos próximos ejercicios, pero que no supone sino alimentar un privilegio a la privilegiada plantilla estatal, autonómica y local (3,5 millones de personas), frente a los 17 millones de empleados del sector privado, a los que en el mejor de los casos la remuneración les subirá un 2,5%, y a los que en paralelo, al menos a la inmensa mayoría, se les han subido los impuestos por no deflactar la tarifa del IRPF y las deducciones.

Esta circunstancia quiebra el discurso del Gobierno de defender a lo que identifica como “clases medias y trabajadoras” y exigir más a las rentas privilegiadas, ejemplificado en el impuesto temporal a las ¿grandes? fortunas de más de tres millones de euros (que con las condiciones de rentabilidad del mercado hoy raya lo confiscatorio). Claro que hay que actualizar las rentas de pensionistas y funcionarios, pero con mesura, porque, bien mirado, privilegio es tener empleo indefinido o renta indefinida como los funcionarios y los pensionistas.

En definitiva, las cuentas aprovechan este fin de ciclo expansivo permitido por Europa e inyectan pólvora electoral porque el capricho del calendario lo ha querido así. Este detalle ha sido explorado por todos los gobiernos, aunque tiene menos peso en la voluntad del votante de lo que el votado cree. Veremos. Pero no habría estado demás iniciar el camino de vuelta hacia el rigor, que en absoluto se hace, por mucho que se empeñe la ministra de Hacienda María Jesús Montero en alardear de que el déficit baja al 4% con la ayuda de la inflación en los ingresos. Dependerá de cómo se comporte la actividad, sobre lo que hay más discrepancia entre la doctrina, pero desde luego nada se hace por reducir el déficit estructural, porque ni siquiera las subidas de impuestos dejan de ser coyunturales, sean a ¿grandes? fortunas o a las empresas, energéticas, bancarias o de cualquier naturaleza.

Solo recordar que la deuda se acerca a 1,5 billones de euros, un 20% del PIB y sin señales de ceder con crecimientos económicos tan pobres y déficits crónicos, y que su coste no para de avanzar, con el bono a diez años más allá del 3%, cuando hace un año cotizaba en negativo. Y un punto adicional de coste son 15.000 millones, aunque el centrifugado de toda la masa pasiva es lento. Lento, pero inexorable.

José Antonio Vega es periodista