El auge de la FP privada triplica su porcentaje de alumnos en 10 años

Sube ocho puntos el alumnado de las universidades de pago

La escasez de plazas impulsa la aparición de nuevos centros

Educación ciclos pulsa en la foto

La educación superior se privatiza poco a poco. El porcentaje de alumnos que cursan una formación profesional (FP) en un centro privado se ha más que triplicado en una década, pasando del 6,6% sobre el total en el curso 2010-2011, al 20,5% en el de 2019-2020. En el mismo lapso de tiempo ha aumentado en 8,8 puntos el alumnado de las universidades de pago, hasta alcanzar una representatividad del 22,8%. Así se desprende del Sistema estatal de indicadores de la educación 2022, publicado recientemente por el Ministerio de Educación.

La distribución de los estudiantes según el modelo de financiación se ha mantenido casi igual en la educación primaria y secundaria, pero en las etapas post­obligatorias la historia es otra. Los datos certifican que los centros privados están ganando terreno, pese a que los públicos siguen captando a más de la mitad de los solicitantes. El caso más reseñable es sin duda el de la educación superior preuniversitaria, donde el alumnado de la pública ha menguado del 78,7% al 68,5% al cabo de diez cursos escolares.

Detrás de este auge de la formación profesional privada hay una creciente demanda que no está siendo atendida por las instituciones públicas. Así lo cree Rodrigo Plaza, responsable de FP de Comisiones Obreras, quien detalla que ni las Administraciones ni el Ministerio de Educación han creado suficientes plazas para todos los alumnos que buscan incorporarse, lo que genera una proliferación del negocio. De acuerdo con Plaza, en la última década la partida presupuestaria dedicada al sector privado se ha incrementado, en detrimento de la pública; se trata, en suma, de “políticas convivientes con las empresas que buscan hacer negocio con la educación de las personas”.

En efecto, el gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza privada ha aumentado, pasando de 5.891 millones de euros en 2009 a 6.652,6 millones de euros en 2019. No obstante, los datos oficiales apuntan a que se trata de una apuesta de las comunidades y no del Gobierno central, pues el Ministerio de Educación ha reducido su gasto en 1,7 millones mientras las autonomías lo han elevado en más de 760 millones.

En cualquier caso, la gran mayoría de ese dinero se destina a las etapas obligatorias. En 2019, por ejemplo, la educación primaria recibió el 34% de las transferencias y la secundaria, el 32%. En cambio, solo el 8% del presupuesto financió centros privados de formación profesional, el equivalente a 534 millones, según el ministerio. Para la educación universitaria se dispuso menos del 1%, 53 millones de euros.

De 2009 a 2019 el gasto público dedicado a conciertos educativos ha crecido un 12,9%. Cabe recordar que hasta el curso 2019-2020 casi la quinta parte de los centros docentes no universitarios eran privados que tenían concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas. El 67,1% eran públicos y el 14% restante, totalmente de pago.

Las comunidades autónomas que hasta antes de la pandemia destinaban un mayor porcentaje de dinero a financiar estos centros eran País Vasco (25%), Madrid (19,9%) y Navarra (18,6%). Por contra, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias no alcanzaban el 9%.

La prioridad, observa Plaza, no es prohibir las escuelas privadas, sino garantizar el acceso de todo el alumnado que desee ingresar al sector público y facilitar la enseñanza a distancia. Eso sí, urge una regulación que incremente los mínimos de calidad en los estudios superiores, en particular de aquellos que se cursan sólo de manera telemática. “No puede ser que alguien se saque la FP de sanidad sin haber tocado un instrumento quirúrgico o sanitario, y eso es lo que a día de hoy ocurre en las escuelas de pago”, crítica.

Este problema se extiende a muchas universidades privadas, según explica María Encina González, secretaria de universidad e investigación en CC OO. Para ella, aunque la regulación se está adaptando con el fin de obtener un mayor índice de calidad, las exigencias son mayores en los centros públicos. El caso más claro es la nota de ingreso, que orilla a muchos estudiantes con notas más bajas a acudir a la privada para estudiar lo que desean.

Otro añadido es que muchos de los centros están lejos de cumplir con los mínimos estándares en docencia, investigación y transferencia de conocimientos que se les exige. Tanto es así que, en noviembre de 2020, el Gobierno aprobó un decreto de creación y reconocimiento de universidades que les obliga a cumplir en cinco años unos requisitos mínimos.

El perfil del estudiante de formación profesional

Necesidad. Quienes cursan una FP privada no lo hacen por una distinción de clase, sino por necesidad. Así lo explica Rodrigo Plaza, responsable de FP de Comisiones Obreras, quien detalla que el déficit de plazas obliga a las personas a hacer grandes sacrificios para sacarse el título.

Obreros. La edad media de los estudiantes está por encima de quienes cursan el bachillerato, y esto es, según Plaza, porque acoge a alumnado que se ha rein­corporado al sistema educativo. Por otra parte, la imagen de la FP sigue siendo negativa, así que no aglutina a un alto porcentaje de familias de clase media-alta, sino del sector más obrero. Eso explica, en parte, la demanda de la modalidad a distancia, pues se compagina con el trabajo.

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