Antaxi denuncia al Gobierno de Ayuso en la UE por la nueva regulación regional de las VTC

Varios taxis circulan por una calle de Madrid.

La guerra entre los sectores del taxi y las VTC no decae. Este jueves, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) anunció que ha denunciado ante la Comisión Europea la nueva Ley de Transportes aprobada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que garantiza la continuidad para operar de las licencias VTC en la región a partir de octubre, cuando acaba el periodo temporal previsto por el Decreto Ábalos. Una región donde el sector de las VTC genera más de 600 millones de euros, según señaló el pasado diciembre a CincoDías el vicepresidente de Feneval, Ignacio Manzano.

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, se lamentó de que esta nueva ley permita a las VTC “circular de forma libre sin regular ni renovar autorizaciones a partir de octubre”, y criticó que el gobierno regional “no haya aprovechado la oportunidad de regular este servicio para implementar mejoras para el ciudadano o de carácter ambiental, entre otros”. Sanz añadió que esta es solo la primera de las demandas que planean interponer.

La asociación de taxistas considera que Ayuso “ha decidido regalar 200 millones de las arcas regionales a unas pocas empresas multinacionales que, con la revalorización de sus 8.000 autorizaciones VTC y la falta de regulación a partir de octubre, se van a enriquecer a costa de los ciudadanos”.

Según sus estimaciones, la suma del incremento de valor de las autorizaciones VTC que hoy circulan en Madrid, cifrada en unos 30.000 euros por cada una, junto con los ingresos que este organismo deja de percibir por la creación de licencias urbanas, llegarían a esos 200 millones de pérdidas.

La modificación de la ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos en Madrid, aprobada en junio pasado en la Asamblea con la abstención de Vox, permite a las VTC seguir operando en la región a partir de octubre, si bien no podrán acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas.

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, dijo ayer que “hay que respetar las reivindicaciones de todos los sectores”, pero defendió que la nueva normativa apuesta por el equilibrio entre ambos sectores. López añadió que la Consejería de Transportes está trabajando en los reglamentos de ambas actividades, taxi y VTC, para hacerlas “compatibles, sostenibles” y que sigan generando “riqueza y actividad económica”, y que el servicio sea de “calidad”.

La denuncia se conoce un día después de que las patronales de las VTC, Unauto y Fenevel solicitaran al Gobierno español una prórroga del Decreto Ábalos de al  menos dos años. Ambas aseguraron que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector durante la pandemia. 

Ambas organizaciones, en las que están empresas como Cabify y Uber, destacaron en una carta enviada a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, la urgencia de acometer esta medida dado que a escasas semanas de que venza el periodo transitorio de cuatro años, "tan solo una Comunidad Autónoma, Madrid, ha adoptado las normas necesarias para dar continuidad a la actividad de VTC en el ámbito urbano".

Esta misma semana, la Generalitat de Cataluña aprobaba una regulación especialmente restrictiva contra las VTC, que aplaudió el sector del taxi. Una de las restricciones más relevantes incluidas son la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Otra, tiene que ver con el número de licencias. Con el decreto aprobado, para poder prestar servicio en trayectos urbanos la autorización debe estar domiciliada en Cataluña, asociada a un vehículo (hay empresas que las mantienen sin coche por la caída del negocio con la pandemia) y que haya dado servicio de transporte de viajeros durante el último año. Unos requisitos que solo parecen cumplir 1.500 de las 4.000 licencias otorgadas, según datos del Govern.