Las VTC piden al Gobierno una prórroga del 'Decreto Ábalos' de al menos dos años
Aseguran que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector durante la pandemia
Las empresas de VTC, que operan con plataformas de movilidad como Uber y Cabify, han solicitado hoy al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una extensión del plazo compensatorio recogido en el llamado Decreto Ábalos, que prohíbe a las licencias de VTC realizar trayectos urbanos más allá del próximo 1 de octubre si la comunidad autónoma no regula antes su actividad urbana de modo expreso. Dicho Real Decreto Ley 13/2018, aprobado en septiembre de 2018, daba un plazo de cuatro años a este sector en concepto de indemnización, con el fin de que las empresas pudieran recuperar su inversión.
En concreto dicha norma establece que tras esos cuatro años de moratoria las autorizaciones de los VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas solo para prestar servicios interurbanos. En cambio, para llevar a cabo un servicio de transporte urbano, los VTC deberán adaptarse a la normativa que cada comunidad autónoma decida establecer. De esta manera, en el caso de que las autonomías no legislen, las licencias seguirán estando operativas, pero solo para realizar transporte interurbano.
En una carta enviada a la ministra Raquel Sánchez Jiménez, a la que ha tenido acceso CincoDías, las patronales del sector, Unauto VTC y Feneval, solicitan que ese plazo de cuatro años se amplíe al menos en otros dos años. En la misiva, ambas organizaciones recuerdan que el Decreto Ábalos se estableció para "garantizar el adecuado equilibrio entre la nueva regulación y los derechos existentes en el momento de la entrada en vigor de dicho real decreto-ley, y como compensación por los perjuicio que la nueva definición del ámbito territorial de las autoridades pueda ocasionar a los titulares de las [licencias] otorgadas con arreglo a la normativa anterior".
Pero el texto también del real decreto ley también indica que para casos, debidamente justificados, se pueda ampliar el plazo para recuperar la inversión a los VTC, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano. En cualquier caso, dicha ampliación de plazo solo podrá ser excepcionalmente superior a dos años, a partir de la finalización del plazo de cuatro años.
Unauto y Feneval argumentan en su petición que el plazo de cuatro años se definió a partir de una estimación de ingresos, "pero como es evidente, la pandemia provocada por el Covid-19 ha reducido acusadamente los ingresos por la prestación de servicios de transporte en el periodo iniciado en marzo de 2020 y hasta la fecha". Ambas patronales aseguran que el impacto negativo de la pandemia se ha visto en todos los medios de transporte, incluidos los servicios de VTC, pues la demanda "se desplomó" en los periodos de confinamiento, e incluso después de levantarlos.
Las dos organizaciones defienden que el plazo marcado por el Decreto Ábalos resulta "insuficiente para compensar los perjuicios derivados de la nueva definición del ámbito territorial de las autorizaciones", pues los ingresos durante estos cuatro años han sido inferiores a lo previsto por las autoridades.
Unauto y Feneval recuerdan que en los últimos meses han proliferado las medidas para responder a la reducción de pasajeros en los diversos medios de transporte. Por ejemplo, en el caso del transporte regular de viajeros por autobús, el Gobierno constató la reducción de ingresos de los concesionarios, y como consecuencia, introdujo unos pagos para el reequilibrio económico de los contratos (Real Decreto-ley 37/2020). El Ejecutivo también ha otorgado subvenciones a los prestadores de servicios de transporte público (Real Decreto 407/2021).
"En ambos casos, la intervención del Gobierno fue respuesta a la constatación de la fuerte reducción de la demanda del servicio de transporte público, como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, no se ha adoptado ninguna medida hasta la fecha en relación con los servicios VTC", critican desde las patronales.
Ambas organizaciones defienden que el sector merece una intervención especifica, ya que el daño a los titulares de autorizaciones deriva no sólo de la pandemia, sino sobre todo de la legislación adoptada con anterioridad a la misma sobre el ámbito de actividad de las autorizaciones. "Si los titulares de autorizaciones VTC no pueden recuperar sus inversiones es porque el Estado limitó a cuatro años el periodo para recuperar inversiones tras el cambio legislativo, habiéndose ya constatado que ese periodo resulta insuficiente para lograrlo", continúan.
Por ello, instan a la ministra a adoptar medidas urgentes para "evitar daños arbitrarios a los titulares de licencias VTC". Y reclaman dos medidas para garantizar que las empresas de VTC puedan recuperar sus inversiones. Por un lado, que el Gobierno adopte un nuevo real decreto ley ampliando el periodo transitorio más allá de los cuatro años. Y, alternativamente, que el ministerio atienda las peticiones de ampliación del plazo presentadas por los autorizados en el marco de los procedimientos previstos en el propio Decreto Ábalos.
"El Ministerio está en posición de extender el plazo de cuatro años, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió la retroacción de los procedimientos en los recursos contra los actos presuntos de desestimación de las peticiones de ampliación del plazo previsto en el Real Decreto-ley 13/2018. Nos encontramos en el momento procedimental oportuno para que el Ministerio, en el marco de los correspondientes expedientes administrativos para cada autorización, amplíe el plazo de prestación de servicios en el ámbito urbano", remarcan.
Feneval y Unauto subrayan que si no se adopta ninguna medida, el Estado será responsable de "la insuficiencia" de la compensación prevista por el Decreto Ábalos, dado que era a este a quien correspondía compensar a los autorizados por el cambio en las condiciones de las autorizaciones.
Según el sector de las VTC, la urgencia de acometer estas medidas es especialmente acusada dado que a escasas semanas de que venza el periodo transitorio de cuatro años, "tan solo una Comunidad Autónoma, Madrid, ha adoptado las normas necesarias para dar continuidad a la actividad de VTC en el ámbito urbano".
La petición de la prórroga llega un día después de que la Generalitat de Cataluña aprobara una regulación especialmente restrictiva contra las VTC. Una de las restricciones más relevantes incluidas son la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Otra, tiene que ver con el número de licencias. Con el decreto aprobado, para poder prestar servicio en trayectos urbanos la autorización debe estar domiciliada en Cataluña, asociada a un vehículo (hay empresas que las mantienen sin coche por la caída del negocio con la pandemia) y que haya dado servicio de transporte de viajeros durante el último año. Unos requisitos que solo parecen cumplir 1.500 de las 4.000 licencias otorgadas, según el Govern.
"La expulsión del mercado de las empresas con autorizaciones VTC sin la imprescindible compensación, no sólo resulta contraria a las más elementales garantías constitucionales en materia de defensa de la propiedad, sino que además conculca la libertad de establecimiento garantizada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", insisten desde ambas patronales. Estas subrayan que "España incurriría en una ulterior responsabilidad si, como consecuencia, del Real Decreto-ley, y ante la falta de relevo normativo por las Comunidades Autónomas, los servicios VTC en el ámbito urbano deben suspenderse en la mayor parte del territorio nacional".
Fuentes del sector de las VTC reconocían a este periódico el pasado junio que estaban trabajando en diferentes escenarios por si las comunidades autónomas no regulan el sector a tiempo. “No descartamos emprender acciones legales para intentar que el decreto Ábalos no entre en vigor. O si no que que se extienda el periodo transitorio”, decían.
El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, señaló entonces que la situación del sector era compleja, “pues mientras no consigamos las regulaciones autonómicas lograr financiación para las inversiones previstas es complicado; las entidades financieras no pueden apostar abiertamente por un sector que depende de un espacio temporal tras el cual no saben si se van a poder ofrecer un transporte urbano e interurbano o solo interurbano”.
La llamada guerra del taxi se reactiva con los últimos acontecimientos. El enfrentamiento entre el taxi y las VTC surgió después de que la llamada Ley Omnibus, aprobada en la etapa de Javier Rodríguez Zapatero, liberalizara la concesión de las licencias de VTC. Y también después de que el PP retrasara por dos años el restablecer la proporción legal de un VTC por cada 30 taxis, que había antes de la citada ley, al plantear una nueva normativa en julio de 2013 pero no aprobarla hasta noviembre de 2015. Aunque el sector del taxi se manifestó y cortó las calles en 2018 en varias ciudades españolas porque las VTC “estaban inundando el mercado”, el Tribunal Supremo terminó avalando las licencias otorgadas.
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