Nueva ley de Transportes

Guerra entre el taxi y la Comunidad de Madrid por la regulación de las VTC

Este gremio pedirá al Gobierno regional 2.500 millones en indemnizaciones

El proyecto de ley hecho público garantiza el tráfico urbano de las VTC

Una mujer hace uso de un servicio VTC.
Una mujer hace uso de un servicio VTC.

La calma entre el sector del taxi y el de las VTC se ha roto tras publicar la Comunidad Autónoma de Madrid el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que incluye una modificación en la Ley de Transportes para regular las VTC. “Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la CAM y el gobierno del Partido Popular incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi”, denunció ayer el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz.

Esta organización aseguró que va a pedir indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid “por los daños derivados de la modificación encubierta y sin comunicación” de la citada Ley de Transportes. En un comunicado, la FPTM añadió que, tal y como les ampara el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, pedirán 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi que hay en esta comunidad, lo que se traduce en esos 2.500 millones.

Por su parte, Aseval Madrid, la Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid, de la que forman parte empresas como Uber y Cabify, valoró ayer positivamente la decisión del gobierno autonómico de regular el sector. “Esta legislación garantizará la continuidad para operar de las licencias, además de evitar el impacto económico de la desaparición de las VTC en la región, donde el sector genera hoy más de 600 millones de euros”, señaló a CincoDías Ignacio Manzano, su presidente.

Alternativas de movilidad

Según Manzano, “gracias a esta regulación, se refuerzan las bases de la convivencia entre diversas alternativas de movilidad, se mantiene la amplia oferta para desplazarse a disposición de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y se disipa la incertidumbre para los trabajadores del sector VTC en la región”. Aseval recordó que, actualmente, más de 13.000 familias trabajan en el sector VTC en esta comunidad de manera directa e indirecta, una cifra que puede llegar a superar las 25.000 personas.

Manzano indicó que en estos momentos están analizando en detalle la regulación propuesta y las alegaciones que puedan plantearse para mejorar el texto. “En cualquier caso, con esta regulación, Madrid asume un papel de liderazgo que debería servir de ejemplo para el resto de comunidades autónomas, ofreciendo un marco de seguridad jurídica para los trabajadores y empresas que desarrollan su actividad en el sector, apostando por la creación de empleo y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo desean moverse”.

El paso dado por la Comunidad de Madrid llega apenas un mes después de que las empresas de VTC urgieran a las comunidades autónomas que iniciaran los trámites para regular el sector para evitar su desaparición en toda España. Aseval y Unauto, la otra patronal del sector, recordaron que, tras las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos, que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022, “condenando al sector a su desaparición transcurrido un periodo transitorio de cuatro años, porque la mayoría de trayectos que hacen estos vehículos son urbanos”. El mismo decreto transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos.

El proyecto de Ley de la Comunidad de Madrid llega además pocas semanas después de la firma del primer convenio del sector de las VTC en la región. Un convenio que ha logrado el apoyo de UGT, CCOO y SLT y de Aseval y Unauto, “lo que refleja la apuesta unánime de todos los agentes por el futuro del sector madrileño de las VTC”, dijo Manzano.

Ahora queda por ver cómo se redactará finalmente la ley, una vez que sea tramitada por el parlamento autonómico, y ver qué recorrido tienen las indemnizaciones millonarias que prevén pedir los taxistas en los tribunales. “Dependerá de la redacción final, pero tal y como está ahora mismo veo complicado para el taxi solicitar indemnizaciones, porque el argumento que esgrime es que la Comunidad no tiene competencia para regular las VTC, y eso no es cierto. La competencia se la da el propio Decreto Ábalos”, señalan fuentes del sector.

Estas mismas fuentes apuntan que “tiene lógica” que el sector del taxi reclame compensaciones, no indemnizaciones, “y es posible que esté en los planes de la Comunidad de Madrid hacer algún tipo de concesiones a los taxistas para que sean más competitivos. Podrían hacerlo mediante el decreto del taxi que lo están volviendo a tramitar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo tumbara por un defecto de forma". Estas fuentes añaden que tampoco descartan algún tipo de subvención para que el sector del taxi digitalice sus emisoras o electrifique su flota. "Lo que no tiene ningún sentido es reclamar una indemnización tarifa plana, porque no es lo mismo un taxista que compró una licencia hace 10 años y le costó 200.000 euros a otro que adquirió una ayer por 90.000 o a otro que compró la licencia en el año 65 y que está hiper amortizada”.

En esta línea, desde la Comunidad de Madrid explican que ya están trabajando en la modificación del reglamento del taxi "para eliminar, en la medida de lo posible, las restricciones normativas que supongan un lastre para la competencia y el desarrollo futuro del sector". Y aseguran que esta modificación contará con la participación del sector del taxi, con quien llevará a cabo diferentes reuniones "con el objetivo de llegar a un consenso con la patronal y proteger a todas las familias que dependen del taxi".

Tras las críticas vertidas por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la comunidad aclaran que en la redacción de la norma de las VTC no ha participado el sector del taxi, "de la misma manera que el sector de las VTC no participa tampoco en la modificación de las normas que regulan el taxi". Y subrayan que el gobierno regional garantiza con esta ley el mantenimiento del statu quo en el sector de las VTC, que podrán seguir operando en la región como hasta ahora, sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, pero sin introducir restricciones adicionales, como la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación, o la necesidad de volver a la base tras cada servicio.

El Gobierno regional apuesta, insisten, por garantizar "la mejor y más completa" oferta de transporte a los madrileños, fomentar la actividad económica, el empleo y la competencia. "Se trata de que aquí convivan todos los modos de transporte".

Qué establece el anteproyecto autonómico

Doble licencia. Según el Anteproyecto, la Comunidad de Madrid será quien regule el tráfico urbano de las VTC y será quien otorgue la licencia autonómica para que los profesionales y empresas que tengan licencias VTC puedan ofrecer sus servicios dentro de la región, además de seguir teniendo su licencia para operar por toda España. Es decir, seguirán con su actividad como ahora, pero trabajarán con una doble licencia, una estatal y otra de la comunidad.

Requisitos. El texto publicado establece algunos requisitos extraordinarios para las VTC que no les pide el Estado. Por ejemplo, se impone a las empresas de VTC tener un número de coches adoptados para personas con movilidad reducida; deben seguir el calendario de sostenibilidad de los taxis (que será el de Madrid capital para toda la región, según explican fuentes conocedoras), y que los conductores de VTC tengan un año de antigüedad de carné, lo mismo que se les exige a los taxistas. Con esta última medida, la Comunidad responde a las exigencias que desde hace tiempo les viene haciendo el gremio del taxi.

Reglas. Todas las reglas administrativas son las mismas que ya tienen con el Estado, pero el texto introduce una matización importante en lo que tiene que ver con la captación ilegal de pasajeros. Así, aunque el Anteproyecto señala que “en ningún caso, podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto”, también precisa, que “la mera circulación o estacionamiento en vía pública sin un servicio contratado de una VTC no implica propiciar la captación de viajeros” y subraya que para ello se requerirá que haya “una conducta activa tendente a esa finalidad por parte del conductor del vehículo adscrito a la autorización”.

Calendario. El calendario que establece la ley para otorgar esas nuevas licencias autonómicas es cuando tengan que hacer el visado de las licencias estatales, que vencían el año que viene.

Indemnizaciones y sanciones. El texto publicado por la Comunidad de Madrid no contempla ningún tipo de compensación o indemnización al sector del taxi, algo que sí hizo el Decreto Ábalos, que otorgó una compensación de tiempo a las VTC (cuatro años de moratoria). El Anteproyecto sí establece sanciones para las empresas de VTC que cometan infracciones, que pueden ser muy graves, graves y leves. Dichas multas van desde los 100 a los 6.000 euros. También se contempla la suspensión temporal de las licencias por un plazo de 15 días, seis meses y hasta un año, según el tipo de infracción.

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