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Los acuíferos acusan el exceso de consumo y de contaminación

Un tercio de estos recursos hídricos está sobreexplotado, lo que pone en riesgo el suministro en periodos de sequía El otro gran enemigo son los contaminantes químicos derivados sobre todo del aumento de la producción agrícola

Acuíferos Entorno
Infografía: Belén Trincado

Están bajo nuestros pies. No se ven ni –quizá precisamente por eso– se cuidan. El deterioro de las masas de agua subterránea lleva años y años siendo tan evidente que Naciones Unidas decidió dedicarle en 2022 el Día Mundial del Agua, que se celebra hoy. “Hacer visible lo invisible” es el lema elegido para darles protagonismo. Un papel central que, sin embargo, tienen ganado a pulso, aunque probablemente se desconozca: representan el 97% de las reservas mundiales del líquido elemento.

Y no solo nos abastecen para el consumo humano, también hacen posible el caudal de muchos ríos en verano, puesto que mantienen su flujo base, sosteniendo a su vez los ecosistemas, y, además, son esenciales para el desarrollo social y la actividad económica, sobre todo de la agricultura y la industria.

Un recurso, por tanto, imprescindible que “tras descuidarse durante décadas, tal vez por su complejidad de estudio, debe revertir con urgencia su estado actual”, opina Jaime Gómez-Hernández, uno de los científicos más especializados en la materia, tal y como reflejan varios de sus galardones internacionales, entre ellos, el Prince Sultan bin Abadulaziz, de ingeniería del agua.

El experto, que forma parte del grupo de hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y el Medio Ambiente (Iiama), en la Universidad Politécnica de Valencia, pone en valor el manifiesto por las aguas subterráneas en España, que acaban de hacer público en esta fecha conmemorativa las principales asociaciones de hidrogeólogos.

En nuestro país, el volumen de masas de agua bajo tierra es de 300.000 hm3

Dado que la situación española no dista mucho del panorama general descrito, por primera vez, las asociaciones The International Association of Hydrogeologists (AIH), la española AEH y el Club del Agua Subterránea (CAS) –las más importantes, en ese orden, según el número de inscritos– han querido dar un paso al frente para “alertar de la falta de profesionales en la gestión administrativa del agua y la necesidad de subsanar, de su mano, los problemas antes de que se agudicen y multipliquen más aún”, incide.

Un informe publicado hace dos años por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ya era rotundo: en España, de las 762 masas de agua subterránea existentes, el 53,1% (405) se encontraba en buenas condiciones, frente a 357 en mal estado.

“Y en los últimos tiempos no ha habido mejoras significativas, siguiendo lejos del objetivo fijado para 2021 de que el 66,5% de estas reservas estuvieran en situación óptima”, reconocen en la Fundación Aquae. Algo que consideran “lógico” si se tiene en cuenta la inercia de estas aguas que requieren mucho tiempo para que las medidas adoptadas en los planes hidrológicos surtan efecto, y que hace crítico seguir trabajando para aliviar las presiones que actúan sobre estas masas y condicionan sus niveles piezométricos, añaden desde la organización.

Más piezómetros

Precisamente, desde el Miteco explican que el pasado mes de enero se puso en marcha la redacción de proyectos para construir 1.700 piezómetros que mejoren la red que monitoriza e informa sobre la presión del agua en el subsuelo o estrés hídrico al que están sometidos los acuíferos y de las consecuencias negativas que tiene en ellos el cambio climático. “Un plan de renovación que facilitará la toma de medidas y un mejor conocimiento de nuestros acuíferos. Vamos por el camino adecuado para tratar de frenar los dos frentes más graves: la sobreexplotación, por hacer minería del agua, y la contaminación que acecha al millón de pozos que tenemos en el país”, detalla Gómez-Hernández.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, muestra uno de los 77 pozos de agua ilegales que se prevé cerrar en el entorno de Doñana.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, muestra uno de los 77 pozos de agua ilegales que se prevé cerrar en el entorno de Doñana.Efe

No obstante, como también remarca Koldo Hernández, coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción, “queda mucho recorrido para reconducir todo el daño que se ha hecho a estas reservas, que siempre han sido el patito feo de los recursos hídricos, aun tratándose de la fuente natural de todos los puntos de potabilización”.

Esta confederación, a partir de la medición de pesticidas que llevó a cabo en 2019, así como del reciente informe sobre la presencia en ríos y aguas bajo tierra del glifosato –“el pesticida más vendido en el mundo”–, viene denunciando “la cantidad de anomalías de una normativa que no sirve porque solo contempla sustancias químicas ya en desuso o incluso prohibidas hace años. Y que apenas distingue entre la protección de aguas superficiales y acuíferos, cuando las proporciones de contaminantes nunca coinciden y requieren análisis muy diferentes”.

Hasta el momento, la mayor parte de la legislación vigente procede de Europa, y las regulaciones específicas de España como el nuevo real decreto sobre nitratos, que sí recoge distintas limitaciones según el tipo de agua, es visto por Ecologistas en Acción más como “una estratagema para tratar de evitar multas”, aunque confían en los nuevos planes hidrológicos que están por aprobarse. El del tercer ciclo (2022-2027), que prorroga los objetivos que se habían fijado para 2015, aún no se ha oficializado.

El plan hidrológico del tercer ciclo 2022-2027 todavía debe aprobarse

Por su parte, Alberto Fernández, el responsable de política de agua en WWF, organización que ha investigado el regadío ilegal, está convencido de que “después de haber pagado ya más de 20 millones de euros por falta de depuración de nuestras aguas superficiales, ahora vamos a por la segunda sanción por incumplir en el tema de nitratos en el subsuelo”.

La organización ecologista, en su estudio Agua para hoy, sed para mañana, ya denunciaba la incapacidad para evitar el declive de estas reservas, que “en vez de liderar como debieran, sufren el crecimiento descontrolado e ilegal de las superficies de regadío, cuyo consumo es cien veces el de los habitantes de Madrid en un año. “Incluso, a menudo, robando agua, aunque se amenacen humedales y lugares de incalculable valor ecológico y económico”, detalla Fernández.

Un manifiesto como SOS de los expertos

Hidrogeología. Los científicos especializados en aguas subterráneas han querido aprovechar el 22 de marzo para poner en valor este recurso renovable que ocupa casi el 70% del territorio español y velar por su calidad con 16 propuestas y reivindicaciones.

Gobernanza. Esta pasa por incluir al hidrogeólogo en la gestión de las aguas subterráneas (que hasta la Ley del Aguas de 1985 eran denominadas acuíferos). “Planteamos un cambio en la percepción general, desde las Administraciones a la ciudadanía”, asegura Jaime Gómez-Hernández, de Iiama.

Inventario. “Urge actualizar tanto las redes de observación como su registro y catálogo, así como refundar las confederaciones hidrográficas con criterio científico-técnico”, añaden en las peticiones.

Entre los casos más preo­cupantes, WWF señalaba los del Parque Nacional de Doñana (Andalucía), las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha), el Mar Menor (Murcia) y Los Arenales (Castilla y León), es decir, las principales aguas subterráneas del país y, por tanto, las más trascendentes para la biodiversidad.

Afortunadamente, también hay ejemplos de buenas prácticas en algunas zonas españolas. Jaime Gómez destaca la gestión de La Mancha Oriental, dependiente de la Confederación del Júcar, y en Fundación Aquae hacen mención especial a los acuíferos del delta del río Llobregat y “su inyección de agua regenerada equivalente a 200 piscinas olímpicas”. En la institución creen que “la digitalización, los sensores y la inteligencia artificial también pueden ayudar, como se está viendo con el proyecto Gotham, del Centro Tecnológico del Agua del grupo Agbar”.

Todo resulta poco para resituar las cosas. De ahí que también sea bienvenida la noticia que da Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín: “Volveremos a poner el foco en el estudio de la calidad de todas estas aguas prepotables, como hicimos, con carácter pionero, hace más de 20 años”.

También acciones internacionales de empresas españolas como el anuncio que hizo Auara la semana pasada de aplacar con la sed en el África Subsahariana mediante el aprovechamiento de las aguas subterráneas.

España, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los nitratos

Otro más. La concentración de nitratos parece ser un quebradero para varios países europeos. Fue en diciembre cuando la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar insuficientes las medidas tomadas contra tales compuestos químicos inorgánicos que forman parte del ciclo del nitrógeno en la tierra y que, mayoritariamente, proceden de fuentes agrarias.

La directiva sobre el tema (91/676/CEE) debe contribuir a que se alcancen los objetivos de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). “Pero resulta muy complicado avanzar si no se desincentiva el uso de estos contaminantes ni existe un régimen sancionador al respecto. Hablar de agricultores y agricultura parece tema tabú, cuando lo necesario sería enseñarles a hacer bien su trabajo”, indica Alberto Fernández, responsable de agua en WWF.

Por un lado, la mayor demanda alimentaria ha aumentado la producción agrícola y esta, a su vez, ha incrementado el uso de fertilizantes, lo que conlleva un aporte de nutrientes excesivo que desequilibra el ciclo natural y contamina las aguas. Por otro lado, tal y como viene subrayando la Comisión Europea, el desmesurado crecimiento de la ganadería industrial “es causante del 81% de las aportaciones de nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos”.

El paso de Bruselas para llevar al banquillo del TJUE a España no ha sido ninguna sorpresa para Greenpeace. En abril de 2021 publicaron una investigación sobre la presencia de nitratos en el agua y ya avisaban: “Aunque el Mar Menor es la punta del iceberg de este problema, el agua subterránea, nuestras reservas del futuro, va por el mismo camino, pero sin percibirse”.

Ya entonces la ONG reseñaba cómo, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los últimos cuatro años la contaminación media por este riesgo había sufrido un alza del 51,1% y el 30% de las estaciones de control de aguas subterráneas delataban su mala calidad por esta causa.

La Comisión ha acabado corroborándolo, al manifestar que los esfuerzos de las autoridades españolas hasta la fecha son “insatisfactorios e insuficientes, por lo que deben tomar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) marca como valor orientativo máximo en el agua que se bebe los 50 miligramos por litro de ion nitrato.

Para el experto de WWF, la prueba de fuego la veremos pronto con la evolución del precio del gas, base de los fertilizantes, “por no hablar del problema creciente de la sequía que también acecha. Urge poner freno a esta fragilidad de las reservas subterráneas. Tenemos las herramientas y los profesionales, pero hay que cambiar la ley para una verdadera gestión sostenible. La pena es que no hay calendario ni ruta esbozada. ¿No será que quieren conocer antes la nueva PAC [Política Agraria Común]?”, concluye.

El procedimiento de infracción a España fue abierto en 2018, con un posterior dictamen motivado en 2020. Si miramos las barbas del vecino, la condena, como la que ha recibido Francia, será cuestión de tiempo.

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