El Gobierno solo ha ejecutado 9.170 millones de la ayuda europea, un tercio del total

Casado cuestiona que el Ejecutivo logre ejecutar el 100% del dinero comunitario Montero prevé cumplir el objetivo de ingresos aunque el PIB crezca menos de lo previsto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.Pablo Monge

El plan presupuestario del Gobierno para 2022 supone unas “cuentas públicas extraordinarias e indispensables para consolidar la recuperación económica y social de nuestro país y, sobre todo, para lograr que sea una recuperación justa que llegue a todas las personas, territorios y sectores, que nos permita dejar atrás la crisis derivada de la pandemia”. Así lo sostuvo la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al defender el proyecto frente a las enmiendas a la totalidad que han presentado siete grupos en el debate iniciado ayer en el Congreso de los Diputados y que culminará hoy con una votación que, salvo sorpresa, será favorable al Gobierno. Más allá, Montero consideró claves las cuentas para agilizar la ejecución de las ayudas europeas, de las que, de momento, el Ejecutivo solo ha ejecutado un tercio.

El plan presupuestario para 2022 incorpora 26.355 millones de fondos comunitarios y 169.787 millones nacionales, con lo que el techo del gasto no financiero se sitúa en 196.142 millones, el mayor de la historia.

De momento, el Ejecutivo ha ingresado un adelanto de 9.000 millones de los fondos comunitarios tras la aprobación del Plan de Recuperación que presentó a Bruselas, y ultima la petición de otros 10.000 antes de final de año tras la consecución de una parte del paquete de hitos y objetivos pactados. Para el año próximo espera el desembolso de unos 18.000 millones.

A la espera de los pagos, en todo caso, el Gobierno ya había presupuestado 26.634,3 millones de gasto asociado al Plan de Recuperación para 2021, adelantados vía deuda. La duda era qué cuantía se había ejecutado hasta la fecha, pero Montero despejó la incógnita ayer. A 31 de octubre, detalló la ministra, se han autorizado gastos por el 67,5% de las cantidades consignadas; se han comprometido un 51,8% de las obligaciones y se han reconocido obligaciones por importe del 34,4% del total. Este último porcentaje es el clave, pues revela que el Ejecutivo solo ha ejecutado hasta ahora 9.169 millones de los más de 26.600 previstos para el año.

"Comparto que la ejecución no es la adecuada", reconoció Montero, aseverando que trabaja para mejorar la ratio el próximo año y defendiendo, con todo, que “la cifra de ejecución está alcanzando velocidad de crucero, que se acelerará en las próximas semanas”.

“¿Por qué dicen que pretenden ejecutar el 100% de los fondos europeos, si eso no se lo cree nadie, ni en Bruselas, ni en Madrid?”, replicó después el líder del PP, Pablo Casado, alegando que el Gobierno solo ha ejecutado el 20% de las ayudas a las pymes o el 10% del programa de recapitalización de la SEPI. “Estos Presupuestos están para devolver, son papel mojado”, añadió al defender su enmienda a la totalidad y advirtió al Gobierno de que si no publica esta semana el pacto con la UE que fija la condicionalidad de entrega de las ayudas acudirá a reclamarlo al Parlamento Europeo.

Parte de las críticas del líder de la oposición se centraron también en la falta de credibilidad de las previsiones económicas que sustentan el Presupuesto, y que apuntan a un crecimiento del 6,5% este año y del 7% en 2022, pese a que el grueso de analistas ha ido rebajando en cerca de un punto esas estimaciones tras los datos de avance del PIB del primer (1,8%) y segundo trimestre (2%).

Montero, por su parte, replicó que “sea cual sea el dato definitivo del crecimiento”, las proyecciones de recaudación tributaria se cumplirán. Después de todo, remachó, el Gobierno proyectó un alza de ingresos públicos del 10,8% para este año frente a 2020 y a cierre de octubre el aumento era del 14%, reveló. Así, consideró “prudente”, esperar un aumento de los ingresos tributarios del 8,1% para 2022, cuando se espera un avance del PIB nominal del 8,6%.

En su contestación a Casado, Montero cargó contra los planes presupuestarios de dos de sus Gobiernos autonómicos. De un lado, criticó que el Ejecutivo andaluz haya previsto ingresar 1.000 millones de un supuesto fondo Covid nacional que no consta en los Presupuestos para 2022. De otro, cargó contra la rebaja de medio punto en todos los tramos de IRPF aprobada ayer por la Comunidad de Madrid, por centrar sus beneficios en “los ricos”. La medida impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso supone, en concreto, un ahorro de cuatro euros para rentas bajas y de 500 para las altas.

Montero añadió que el Gobierno solo subirá impuestos al 0,1% de las empresas españolas al fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, y que la mejora de ingresos llegará por la recuperación de rentas y empleos. Más allá, calculó que las cuentas nacionales liberan una renta disponible equivalente a 5.542 euros por año y español, o de 7.200 euros si se añaden los fondos europeos.

Pese a las enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Junts per Catalunya, Ciudadanos, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias, el Gobierno confía en salir airoso de la votación de hoy gracias al apoyo del bloque de investidura, con el apoyo de grupos regionalistas, PNV (al que a cambio cede la gestión del ingreso mínimo en el País Vasco) y ERC (que podrá fijar cuota de catalán para las plataformas audiovisuales).

La corrección del impuesto de plusvalía irá en breve al Consejo de Ministros

El Constitucional publica la sentencia. El Tribunal Constitucional publicó ayer su tercera sentencia en contra del llamado impuesto de plusvalía municipal en la que, como avanzó la pasada semana ese diario, declara nulo, por inconstitucional, el método de cálculo del impuesto pero cierra la puerta a que los contribuyentes sin reclamaciones en marcha puedan recuperar el dinero abonado. El texto, que considera que el tributo no estima debidamente el valor real de los inmuebles gravados en compraventas, donaciones y herencias, está siendo ya estudiado por el Ministerio de Hacienda, que ultima una reforma legal para garantizar su supervivencia a futuro. Así lo remachó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate presupuestario añadiendo que en cuanto su departamento diseñe una solución remitirá “al Consejo de Ministros un texto legal para corregir los elementos inconstitucionales” del impuesto, “dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades locales”. A falta de ver si la medida tiene efectos retroactivos, el fallo del Constitucional contra el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), que declara “confiscatorio”, hace inaplicable una figura tributaria que aporta 2.500 millones anuales a los ayuntamientos.