El PSOE insiste en los incentivos fiscales mientras Podemos y los socios del Gobierno piden limitar el alquiler
Raquel Sánchez asegura que los topes no funcionan y provocan ligitiosidad Podemos y ocho partidos registran una propuesta de ley que fija multas de hasta 900.000 euros
Limitar las subidas del precio de los alquileres es una "solución discutida que no ha dado resultados y que ha sido objeto de litigiosidad en muchos países y ciudades". Por eso, en opinión de la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, hay que buscar otros mecanismos para contener los encarecimientos, tales como los "incentivos fiscales y deducciones que hagan que al propietario le resulte atractivo movilizar su vivienda e introducirla en el mercado asequible". Así lo ha defendido este jueves la ministra en las jornadas El Futuro de las ciudades, organizadas en Logroño por el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
La posición de Sánchez, y por ende la del ala socialista del Ejecutivo, vuelve a situar al PSOE como partidario de servirse de los mecanismos fiscales, tales como las bonificaciones a los propietarios, para engordar el parque de vivienda en alquiler asequible. Las posturas del socio mayoritario del Gobierno chocan sin embargo con las de Unidas Podemos y buena parte de los socios del Ejecutivo, que también este jueves han registrado en el Congreso una proposición de ley en torno a la vivienda que plantea, entre otras medidas, poner techo a las alzas del precio del alquiler.
El enfrentamiento entre los dos partidos que conforman el Gobierno central viene de lejos y amenaza ahora con enturbiar las últimas negociaciones para llevar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Consejo de Ministros. Los dos socios ya pactaron impulsar en el plazo de cuatro meses la ley de vivienda durante las conversaciones para sacar adelante las cuentas públicas en octubre del año pasado, y ahora, un ejercicio después y sin la ley sobre la mesa, Unidas Podemos quiere ligar la vivienda a la aprobación de los nuevos PGE.
El PSOE, por su parte, prefiere desvincular la ley de vivienda de las cuentas públicas, aludiendo a que son negociaciones diferentes y a la urgencia de aprobar cuanto antes unos presupuestos que servirán para canalizar buena parte de los fondos de recuperación comunitarios, claves para el avance de la economía tras el golpe de la pandemia de Covid-19.
Por el momento, según ha detallado Sánchez, "estamos muy cerca de tener ese texto definitivo de la ley de vivienda, la primera en 40 años, que tiene que incorporar esa doble vertiente para ver cómo garantizamos el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad". La titular, que ha destacado que la vivienda no puede tratarse ni como un bien de mercado ni como un bien de consumo, ha apostado por dar un "marco de seguridad y de estabilidad jurídica necesario para el arrendatario y el arrendador". Además de los incentivos fiscales, destinados principalmente a los pequeños propietarios, Sánchez ha apostado por colaborar con los grandes propietarios para que saquen parte de sus viviendas al alquiler asequible y por agrandar el parque de vivienda pública español, que no llega al 3% del total del parque residencial. "Hay que incidir en el mercado y no intervenir", ha resumido.
Redoblan la presión
Este jueves, Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno, que apoyaron en su momento la investidura de Pedro Sánchez como presidente y las cuentas públicas del año 2021, han registrado en las Cortes una propuesta de ley para limitar el precio de los alquileres, entre otras medidas. El socio minoritario del Ejecutivo, junto a ERC, Bildu, Compromís, Mas País, Junts, BNG, Nueva Canarias y la CUP, han hecho suya una propuesta elaborada los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, además del Sindicato de Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y decenas de organizaciones civiles como Facua.
La iniciativa contempla diferentes medidas alrededor de la vivienda. En el caso de la regulación de los alquileres, uno de los temas más espinosos en la negociación entre los dos socios del Ejecutivo, las organizaciones proponen que se puedan limitar las alzas de los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas. Estas áreas serían aquellas en las que los precios medios del alquiler superasen el 30% de los ingresos medios, o aquellas en las que en cinco años se acumulase un crecimiento de las rentas de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. En estos casos, los ayuntamientos podrían establecer topes máximos a partir del índice oficial de precios. Entre otras, el texto propone multas de entre 3.000 y 900.000 euros para los propietarios que incumplan los contratos subiendo los precios en áreas tensionadas.
La propuesta establece también las prohibiciones expresas de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y del corte de suministros básicos, con tarifas sociales de agua, gas y electricidad, financiada con porcentajes de reparto entre productoras, distribuidoras y comercializadoras.
Entre otras medidas, la iniciativa recoge políticas de control para limitar el alquiler turístico, la creación de un registro de contratos del alquiler, la posibilidad de que los ayuntamientos lleven a cabo un recargo de hasta el 300% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías de los grandes tenedores, una modificación de la Ley Concursal para reducir los desahucios por impago de la hipoteca y un cambio en el régimen fiscal para que las Socimis tributen en el régimen general.
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