Los socios del Gobierno redoblan la presión sobre el PSOE para limitar los alquileres
Unidas Podemos y otros ocho partidos se comprometen a registrar como ley una iniciativa elaborada por los grandes sindicatos
Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno, que apoyaron en su momento la investidura de Pedro Sánchez como presidente y las cuentas públicas del año 2021, han redoblado este jueves la presión sobre el PSOE para aprobar una ley de vivienda que limite el precio de los alquileres, entre otras medidas. El socio minoritario del Ejecutivo, junto a ERC, Bildu, Compromís, Mas País, Junts, BNG, Nueva Canarias y la CUP, han avalado en el Congreso una nueva ley de vivienda llevada a la Cámara por los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, además del Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El compromiso de estas formaciones es registrar a finales de la próxima semana la iniciativa como proposición de ley. Si los plazos se cumplen, la propuesta se registrará en el Congreso antes de que vea la luz la nueva ley de vivienda que negocian desde hace más de siete meses el PSOE y Unidas Podemos, una norma que debería haber llegado al Consejo de Ministros el pasado mes de febrero si se hubiesen cumplido los plazos firmados por los dos socios. Cabe recordar que la ley de vivienda, que sirvió para desbloquear la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del pasado ejercicio, amenaza con volver a ser una de las llaves que posibiliten el acuerdo para las próximas cuentas públicas.
Por el momento, en plenas negociaciones para consensuar el proyecto de PGE, las dos partes parecen estar en puntos muy alejados. Mientras que Podemos apuesta por limitar los precios de las rentas, el PSOE prefiere utilizar mecanismos como los incentivos fiscales para propiciar los abaratamientos. Ayer, la vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, aseguró que "no tiene sentido" vincular una ley como la de la vivienda a las cuentas públicas, necesarias para asegurar la recuperación económica y canalizar los fondos europeos. Al otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en que algunos temas son claves para aprobar las cuentas públicas. Entre ellos, además de un tipo del 15% en el impuesto de sociedades, Díaz ha hecho mención a la ley de vivienda.
La propuesta de los sindicatos, a la que ha tenido acceso este diario, contempla diferentes medidas alrededor de la vivienda. En el caso de la regulación de los alquileres, uno de los temas más espinosos en la negociación entre los dos socios del Ejecutivo, las organizaciones proponen que se puedan limitar las alzas de los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas. Estas áreas serían aquellas en las que los precios medios del alquiler superasen el 30% de los ingresos medios, o aquellas en las que en cinco años se acumulase un crecimiento de las rentas de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. En estos casos, los ayuntamientos podrían establecer topes máximos a partir del índice oficial de precios. Entre otras, el texto propone multas de entre 3.000 y 900.000 euros para los propietarios que incumplan los contratos subiendo los precios en áreas tensionadas.
La propuesta establece también las prohibiciones expresas de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y del corte de suministros básicos, con tarifas sociales de agua, gas y electricidad, financiada con porcentajes de reparto entre productoras, distribuidoras y comercializadoras.
Entre otras propuestas, la iniciativa recoge políticas de control para limitar el alquiler turístico, la creación de un registro de contratos del alquiler, la posibilidad de que los ayuntamientos lleven a cabo un recargo de hasta el 300% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías de los grandes tenedores, una modificación de la Ley Concursal para reducir los desahucios por impago de la hipoteca y un cambio en el régimen fiscal para que las Socimis tributen en el régimen general.
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