IPC

La inflación costará 28.000 millones a los ahorradores, 12.000 al Estado y podría elevar los impuestos

El repunte del IPC merma el valor real de los 941.000 millones en depósitos de las familias

La revalorización de las pensiones podría costar unos 8.000 millones y la de los sueldos públicos otros 4.000 millones

Pescadería en un mercado.
Pescadería en un mercado.

La sombra de la inflación se extiende por la economía española amenazando con opacar las luces de la incipiente recuperación de la crisis del Covid-19. El aumento del Índice de Precios del Consumo (IPC) al 3,3% al cierre de agosto, registrado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), comienza a encender las alarmas de los economistas. De consolidarse en estos niveles, la inflación puede terminar comiéndose unos 12.000 millones de euros del Presupuesto de 2021, por el sobrecoste que supondría sobre pensiones y sueldos públicos; arrebatando más de punto y medio de la capacidad adquisitiva de los asalariados y reduciendo en 28.000 millones el valor de los depósitos de las familias.

En este último caso la amenaza es silenciosa pero creciente. La pandemia ha sumido en la cautela a los hogares, que han disparado sus ahorros a máximos históricos en el último año. En total, las familias atesoran en depósitos bancarios unos 942.000 millones de euros en valor nominal, según las últimas cifras del Banco de España. El encarecimiento de la cesta de la compra, sin embargo, hace que el valor real de estos fondos vaya aminorándose. Con una inflación del entorno al 3%, semejante volumen de ahorro reduce su capacidad de compra en unos 28.000 millones.

A su vez, los últimos datos de incremento salarial pactado por convenio este año, del 1,5% de media a agosto, indican que los 5,3 millones de trabajadores afectados estarían perdiendo 1,76 puntos de poder adquisitivo frente al IPC. Además, solo el 18% de los 2.246 convenios vigentes incluyen cláusulas de garantía salarial que aseguren una revalorización –normalmente en línea con el IPC– a final de año. Los otros 14 millones de ocupados no sujetos a estos marcos laborales podrían tener que capear la inflación con mayor dificultad aún.

En suma, salvo que se traslade de forma inmediata a los salarios, resume María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, “el aumento de la inflación significa que el consumo se reducirá en términos reales, porque al subir los precios si las familias quieren mantener un determinado volumen de gasto nominal que se hayan puesto como objetivo tendrán reducir el volumen de bienes y servicios que consumen” por ese mismo dinero. “Si sube mucho la electricidad”, como es el caso, “tendrán que reducir su consumo eléctrico o, posiblemente, el de otros productos si no pueden prescindir de eso”, agrega.

A partir de ahí, el problema particular puede derivar en un freno general a la recuperación económica, advierte. “Si el gasto en consumo se ajusta para mantener el coste nominal, eso puede suponer menos crecimiento”, agrega. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro, donde asumen que el IPC se disparará por encima del 4% en los próximos meses, prevén que con un alza media de precios del 2,5% el aumento del consumo sea del 7,6%. Un avance que se verá mermado cuanto mayor sea el incremento del IPC, explica.

La factura para el Estado

Más allá del impacto negativo para las familias, y sus posibles consecuencias para el crecimiento económico, el aumento de la inflación tiene importantes repercusiones sobre las cuentas públicas. En concreto, promete tensionar las costuras presupuestarias para el año 2022.

En primer lugar, recuerda Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la reforma de las pensiones acordada entre Gobierno, patronal y sindicatos, que el Parlamento tramitará en las próximas semanas, “implicará una revalorización automática de las pensiones con el IPC”. “El impacto será grande, porque hay mucho dinero público en pensiones”, advierte.

Según los cálculos de Funcas, cada punto de IPC equivale a un sobrecoste de 1.400 millones en pensiones. Es decir que solo la revalorización de 2022 implicaría un aumento del gasto de unos 4.600 millones, si la inflación de referencia fuera similar a la última registrada.

A esto, recuerda De la Fuente, habría que sumarle la llamada “paguilla” compensatoria por la diferencia entre el incremento aprobado este año, del 0,9%, y el IPC real. Es decir, otros 3.300 millones, con lo que el desembolso real ronda los 8.000 millones.

A partir de ahí entran en juego los sueldos públicos. “La revalorización del salario de los funcionarios no es automático, pero habrá una fuerte presión de los sindicatos para que se actualicen los sueldos con la inflación, o cerca de dicho nivel”, asume el director de Fedea.

El Gabinete económico de CC OO viene estimando que este alza supondría otros 1.400 millones por punto de IPC, arrojando en este caso una factura de unos 4.600 millones.

Así, sin tener en cuenta que los bienes y servicios adquiridos por el Gobierno también se encarecerán, solo la nómina de pensiones y funcionarios puede comerse unos 12.000 millones del Presupuesto de 2022. Ni más ni menos que el 6,5% del techo de gasto récord previsto por el Ejecutivo para el Presupuesto de 2022.

El efecto colateral de una subida de impuestos

“Progresividad en frío”. La subida del coste de la cesta de la compra tiene, como se ha visto, indudables efectos negativos tanto en el bolsillo de los ciudadanos como en la potencia de fuego presupuestaria del Estado. Tanto el Gobierno como las familias ven limitada su capacidad de consumo al poder acceder a menos bienes y servicios por el mismo dinero, mientras que las obligaciones con las que cargan -sean el coste de la alimentación o la nómina de las pensiones- se encarecen. Existe, sin embargo, un potencial efecto positivo para las arcas públicas -y negativo, de nuevo, para las familias- que suele pasar desapercibido pues el avance de la inflación puede terminar revirtiendo en una suerte de subida fiscal encubierta. Es lo que los expertos en fiscalidad denominan “progresividad en frío”. El fenómeno, explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, se da cuando el salario de un trabajador sube lo suficiente como para que salte de tramo del IRPF pero no bastante como para compensar la subida de la inflación. Así, salvo que Hacienda actualice los tramos de renta sujetos al impuestos conforme al IPC, y “la tendencia es no hacerlo”, apunta Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, esta anomalía hace que el trabajador “cobre como si fuera más rico, y en realidad no lo sea porque paga más impuestos” mientras pierde poder adquisitivo por el avance del IPC.

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