Los países siguen prefiriendo sus propias lavanderías

La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares

El anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de capitales pone de manifiesto que Bruselas se ha cansado de dejar solo en manos de los Estados la lucha contra la economía ilegal y el dinero sucio. Tras varias décadas y múltiples directivas para conseguir un marco normativo armonizado que pusiera fin a la actividad de lavado de dinero en todo el territorio comunitario, los sucesivos escándalos protagonizados por bancos e instituciones financieras a lo largo y ancho de la UE demuestran que las normas y recursos dispuestos por los Gobiernos nacionales resultan claramente insuficientes.

Lo sucedido en Letonia (ABLV Bank), Dinamarca (Danske Bank) o Alemania (Deutsche Bank) solo es la punta del iceberg de unas prácticas que, lejos de estar erradicadas, se siguen produciendo, aprovechando los puntos más débiles de un sistema europeo de lucha contra el blanqueo de capitales excesivamente fragmentado e insuficientemente dotado de recursos. Y es que, una vez logrado el lavado de dinero sucio en la jurisdicción más permisiva, la libertad de movimiento de capitales dentro de la Unión permite su inmediato traslado a cualquier parte, incluso fuera de la misma, sin excesivos problemas.

Es imposible conocer con exactitud la dimensión económica de este problema, por la ilicitud de las propias actividades, pero varios estudios calculan que representan entre el 8% y el 15% del PIB mundial. A los numerosos perjuicios de tales actividades, como los que afectan a la salud de las personas, los daños ambientales o los causados por la explotación laboral, se suma la masiva evasión de impuestos en el momento del lavado de sus beneficios. Se trata de un fraude colosal que compromete el desarrollo económico de los países, las inversiones públicas y la implementación de las políticas sociales, más necesarias que nunca en tiempos de pandemia mundial.

En la UE se cree que estos porcentajes son inferiores, pero ello no significa que cada año las arcas públicas estatales no dejen de recaudar importantes sumas de dinero por este problema. El fraude fiscal no solo afecta al volumen de los presupuestos públicos, sino que obliga a los Gobiernos a buscar alternativas a la insuficiencia de los ingresos, ya sea mediante la subida de impuestos o acudiendo al mercado de la deuda pública, soluciones que no solo lastran la recuperación económica, sino que también hipotecan el futuro de las generaciones siguientes.

El nuevo organismo supervisará directamente un conjunto de entidades financieras seleccionadas, que operan en múltiples Estados miembros, y que se dedican mayoritariamente a inversiones de capitales, intercambios de divisas, servicios de pagos, contratos de seguros y operaciones con monedas virtuales, actividades todas ellas susceptibles de dar cobertura al lavado de dinero. Pero parece que la mayoría de países prefieren tener sus propias lavanderías, antes de obligar a cerrarlas y ver cómo sus nacionales se van a hacer la colada a otra parte. Porque, aunque se lograse poner fin al blanqueo de capitales en la UE, no sería suficiente para terminar con el problema a nivel mundial.

Hace poco que en el seno de la OCDE se llegó a un acuerdo sobre una imposición mínima a nivel mundial de las multinacionales que asegura su tributación también en aquellos países donde obtengan beneficios, logrando de este modo unos ingresos mínimos para las Haciendas nacionales, así como una mejor redistribución de sus cuantiosos beneficios. Pero este acuerdo se refiere a actividades lícitas y a firmas que hasta ahora han eludido el pago de impuestos gracias, precisamente, a la falta de una normativa fiscal internacional.

En materia de lucha contra el blanqueo, sería necesario un acuerdo similar a nivel mundial para que fuera realmente efectivo, ya que, mientras existan jurisdicciones sin control financiero y paraísos fiscales, la opción de lavar dinero sucio y evitar el pago de impuestos seguirá siendo factible, constituyendo una de las principales amenazas del tan deseado desarrollo sostenible del planeta.

Benjamí Anglès Juanpere es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC