Plásticos e impuestos se convierten en la diana de la nueva ley de residuos

Los ecologistas la califican de poco ambiciosa y creen que no arregla el problema

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada hace tan solo unos días en Consejo de Ministros, acaba de entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria. Nada más conocerse el texto, está siendo sometido a un intenso fuego cruzado entre los que la califican como poco ambiciosa y los que agitan el impacto que las nuevas tasas que incorpora van a tener en subidas de precios y destrucción de empleo en la industria.

En medio de ese fragor están los ayuntamientos, que, recordemos, son los responsables por ley de la recogida de residuos. Estos contemplan la norma con un sentimiento encontrado. Por una parte, la ven como una decisión valiente, resultado de la suma de la nueva fiscalidad ambiental más la ampliación de la responsabilidad del productor en la recogida de residuos. Y, por otra, con la inquietud propia de prever las importantes inversiones que van a tener que acometer los próximos años para adecuar sus sistemas de recogida. La UE calcula esta exigencia de más gasto en 2.500 millones hasta 2035.

Esplásticos tilda la tasa como un IVA encubierto contra un producto demonizado

Los plásticos son uno de los protagonistas. Por primera vez se introducen limitaciones en la utilización de productos de un solo uso hechos con este material. Desde el 1 de enero de 2022 no le saldrán gratis al consumidor. En el caso de uno de ensalada, el incremento estimado será de un céntimo. Pero si lo multiplicamos por los 2.500 millones de envases desechables que se consumen en España (informe de Seas at Risk), la cantidad se dispara hasta los 25 millones de euros.

Además, se suma una reducción en su comercialización de un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 frente al mismo año. Este capítulo se cierra con un nuevo impuesto de 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado. El Gobierno calcula una recaudación de 491 millones al año.

Para los municipios es una apuesta valiente para tomar decisiones importantes

Desde Esplásticos, la plataforma que aglutina al sector se valora así la tasa: “Se trata de un IVA encubierto disfrazado de impuesto medioambiental contra los plásticos, que como es un material demonizado, la gente no va a protestar”, afirma Isabel Goyena, una de sus portavoces, quien defiende a su sector con datos: España es el segundo país de la UE en reciclado de envase total con un 50,7% en 2019 y un 51,5% en 2020, según Eurostat. Los envases de plástico doméstico solo representan un 4% de los 22 millones de toneladas de residuos recogidos en 2018.

El canon supondrá para Goyena un incremento de los envases a nivel comercial y logístico. Esto repercutirá “en el consumidor de clase media, con una subida de un 2%, como mínimo, en la cesta de la compra”. También “restará competitividad a la economía española”, dice. Solo Italia ha aprobado un impuesto similar en la UE, aunque ha retrasado su aplicación. Reino Unido, que ya no es país comunitario, tiene otro, pero es la mitad que el español.

En cuanto a la reducción en los porcentajes de fabricación de este componente, la representante de Esplásticos denuncia “que llevará a la desaparición de muchas fábricas y a la pérdida de entre el 30% y el 35% de los 93.000 empleos actuales que hay en el sector”. Por todo ello, van a solicitar que la tasa se reduzca a la mitad y que no se aplique a los envases de plástico de los ámbitos comercial e industrial.

Hay que apretar más

En las antípodas están los ecologistas. Julio Barea, experto en gestión de residuos y portavoz de Greenpeace, define la ley como “poco ambiciosa” y advierte de que, “si queremos solucionar el problema tenemos que apretar mucho más”. Dice que con ella no se logra “el final para el usar y tirar”. Por eso tacha el gravamen como “irrisorio” y defiende su mejora para que sea “desincentivador”. Barea tilda, además, de “muy timoratos” los niveles de reducción de residuos, y recuerda que en 2020 España incumplió la obligación de la UE de reciclar el 50% de estos. El INE, con datos de 2018, lo sitúa en un 35%.

Los expertos avisan de los problemas de financiación de los ayuntamientos al hacer frente a nuevas inversiones

En cuanto a la reutilización, critica que no se hayan fijado “objetivos de obligado cumplimiento”. En su opinión, la única manera de recuperar un envase para reutilizarlo es con “un sistema de depósito de devolución y retorno”. Este punto y su regulación es algo que igualmente echa de menos en la norma. Le preocupa, asimismo, el cálculo, verificación y reporte de los datos. “Está muy mal redactado y sigue abriendo la puerta a que las organizaciones continúen haciendo trampas”, explica. Las diferencias, por ejemplo, entre los datos sobre la recogida de envases ligeros entre Ecoembes y Greenpeace son abismales. Los primeros dan un 77%, frente a solo un 25% de los segundos.

En un diagnóstico semejante coincide Alberto Vizcaíno, consultor ambiental: “La ley no es eficaz a la hora de resolver el problema que tenemos de contaminación por plásticos”, expone. Vizcaíno considera que los envases “son el problema gordo y lo que está condicionando todo el sistema de recogida”. Augura que, a pesar de las prohibiciones que introduce la norma, “estas son fácilmente salvables por los distribuidores”.

Fiscalidad y responsabilidad

Una niña separa diferentes residuos colocándolos en sus correspondientes espacios.GettyImages

En los municipios ven la legislación de manera más positiva. Ricardo Luis Izquierdo, miembro del grupo de trabajo de residuos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destaca la fiscalidad ambiental y la responsabilidad ampliada del productor como hechos clave de “una apuesta valiente que permitirá tomar decisiones contundentes e importantes”.

Considera que “el impuesto al plástico no lo eliminará, pero introducirá criterios económicos para buscar otro material. Este ya no me sale económicamente rentable”. Por eso aplaude también, como hacen ecologistas y Esplásticos, el gravamen al vertedero y a la incineración: “Desincentiva prácticas que salen muy baratas”. Serán 40 euros por tonelada para una recaudación anual de 861 millones, según el Ejecutivo.

En cuanto a lo segundo, Izquierdo, que es también director general de Medio­ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), valora que la ley “tiene suficiente sustento para que el productor tenga que pagar todo, incluidas las ineficiencias del sistema”. Así, llama la atención sobre lo que denomina el secreto de los residuos: “Que se produzcan los menos posibles y que sean lo más reciclables posible. Eso no es en la recogida, es en la producción, distribución y comercialización”. Y pone como ejemplo los barriles de cerveza. “¿A que no ven ninguno tirado por la calle”, pregunta. “No los hay porque hay un interés económico detrás para que no se produzca ese residuo”, responde.

Algo parecido pretende hacer la ley con Ecovidrio, al imponerle el pago por la recogida de aquellos envases de vidrio que acaban en el contenedor de restos, en vez de en el verde. José Manuel Núñez-Lagos, director general de la entidad, rechaza esta posibilidad por varias razones: “No tiene en cuenta el principio de responsabilidad de las partes, desincentiva a los ayuntamientos para realizar una buena recogida separada, que no sería así más efectiva, y pone en peligro el plan estratégico de Ecovidrio por su impacto económico desproporcionado”.

Grandes retos

Para conseguir el cambio de enfoque de la norma y alcanzar las metas en el reciclado “son vitales los instrumentos económicos y sería razonable que los nuevos impuestos, que son ambientales, tengan un carácter finalista y se destinen a financiar los nuevos servicios que tienen que acometer los ayuntamientos”, manifiesta Juan José Pernas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña.

Los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes tendrán que hacer frente desde el 1 de enero de 2022 a la recogida separada de nuevos materiales, como los biorresiduos domésticos. Y desde 2025, a textiles, aceites de cocina usados, domésticos peligrosos y voluminosos. Esto supone aumentar los sistemas de recogida y la inversión en infraestructuras, con el correspondiente impacto que este coste tendrá en unas economías muy ajustadas.

Aselip pide 10.000 millones de euros para cumplir los nuevos objetivos de reciclaje

La nueva tasa sobre depósito en vertedero e incineración también puede influir negativamente, a pesar de su carácter desincentivador. El profesor estima en un 50% lo que en la actualidad no se elimina en España y se lleva a vertedero o a quemar. Pone el ejemplo del Ayuntamiento de A Coruña, que paga ahora 40 euros por tonelada. Con el nuevo impuesto, este coste se puede doblar.

Más dinero, en concreto 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, es lo que pide al Gobierno la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente (Aselip), destinados a inversiones en infraestructuras y nuevas tecnologías con los que poder cumplir los nuevos objetivos de reciclaje de la ley y de la UE.

Imagen de la zapatilla que Panter ha fabricado con botellas de plástico.

La economía circular quiere ser más que una moda para las empresas

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados impacta directamente sobre una de las fases de la economía circular, la del reciclaje. Es, como la define el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña, Juan José Pernas, “un paso más en el camino que un punto de llegada” hacia la consecución de ese objetivo más alto.

Hay fases dentro de ese proceso, como la producción, el consumo o la reutilización, que no se regulan de forma intensa. Uno de los aspectos más importantes es el ecodiseño del producto, desarrollado a partir de directivas comunitarias. En la directiva sobre diseño ecológico se apunta a que “sea aplicable a la gama más amplia posible de productos y propicie la circularidad”.

Esta parte es, para Patricia Astrain, fundadora de la plataforma Recircular, “donde existe la mayor oportunidad circular, ya que es responsable del 80% del impacto medioambiental de un producto a lo largo del ciclo de su vida”.

Luego está el ámbito de la reutilización de aquellos materiales que se puedan coger y volver a reincorporar a ese círculo virtuoso.

Las empresas juegan un papel fundamental en estos dos procesos. Pero deben cumplir un doble papel. “Alejarse de la apariencia del greenwashing” y trabajar en medidas como el “ecoetiquetado de los productos” para que el consumidor sepa lo que está comprando, argumenta Pernas.

Algunas iniciativas. El fabricante de calzado Panter ha lanzado una línea de zapatillas deportivas confeccionadas con tejido procedente del reciclado de botellas de plástico PET, con lo que da una segunda vida a estos materiales.

Toyota, por su parte, asegura que recicla el 85% de los vehículos que están fuera de uso en España. En este procedimiento, la casa japonesa calcula que ha conseguido la reutilización de más de 5.800 toneladas de residuos.

Otros, como el grupo P&G, dueño de las marcas de afeitado Gillette y Venus, han decidido sustituir el plástico de sus envases por cartón reciclable.

El grupo CTT Express de paquetería urgente ha apostado, en cambio, por formatos de embalajes sostenibles para su empaquetado con plásticos reciclados y reciclables. Circoolar ha lanzado una nueva línea, que incluye bolsos, fundas de agenda y ordenador, hecha en fieltro a partir de viejos uniformes.