Hipotecando a nuestros hijos

Es increíble que Europa, sin unión política, tenga mejor coordinación fiscal que el Gobierno y las autonomías

En las jornadas de la Asociación de Periodistas de Información Económica y la cátedra que dirijo tuvimos en la Universidad de Alcalá a Óscar Arce, el director de economía del Banco de España, que hizo una oportuna aunque preocupante presentación sobre la situación económica de los jóvenes.

España es una economía que en los años cincuenta estaba a años luz de los países desarrollados. Desde entonces, fue eliminando el sistema de planificación autárquico franquista y la apertura comercial y la liberalización económica le sentó muy bien. Muerto Franco se hizo un proceso, admirado y respetado en el mundo, de transición a la democracia, que nos permitió ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, el mayor mercado de consumo del mundo y un milagro de seguridad jurídica sin tener aún una unión política.

Esto permitió recibir mucha deslocalización industrial aprovechando nuestros bajos salarios con respecto a Alemania, Francia y Reino Unido. España fue el país que más y mejor aprovechó los fondos europeos. En 1980 nuestro capital en infraestructuras era un 80% inferior al de nuestros socios europeos, y ahora hemos convergido. También en capital privado por trabajador y en productividad. En educación, cuando murió Franco aún había analfabetos en España, y solo el 3% de la población tenía estudios universitarios. Pero seguimos alejados en capital humano de los países líderes en la era del conocimiento global. También en tecnología e I+D.

Con nuestra entrada en el euro, los tipos de interés bajaron y accedimos a los mercados internacionales de capitales, algo muy restringido con la peseta, una moneda con elevada inflación y con devaluaciones recurrentes. Pero montamos la burbuja inmobiliaria y nos sobre endeudamos con el exterior, haciendo nuestra economía dependiente de la financiación externa.

En 2008 el pinchazo de la burbuja coincidió con la peor crisis financiera global en ochenta años y una pésima gestión de Europa y provocó una profunda depresión que duró cinco años. Los jóvenes fueron los más afectados en el ajuste de salarios y la precariedad de sus condiciones laborales. Desde 2014 se recuperó el empleo, pero no los salarios de los jóvenes. Con dificultad para comprar vivienda, accedieron al mercado del alquiler, cuyos precios aumentaron hasta el 50% en varias ciudades. Por lo tanto, los jóvenes continuaron empobreciéndose durante la fase de recuperación y buena parte del aumento de la desigualdad provocado por la crisis se convirtió en estructural.

La pandemia en 2020 ha vuelto a provocar otra profunda crisis económica y los jóvenes han vuelto a verse más afectados. Son los que tienen mayor tasa de paro y mayor tasa de temporalidad y fueron los primeros en ser despedidos el pasado mes de marzo cuando comenzó el confinamiento. Por esa razón se han beneficiado menos de los Erte y han tenido menos protección. Todos son jóvenes, pero unos más que otros. Los que han acabado sus estudios universitarios o de formación profesional tienen tasas de paro mucho menores y su problema es más de salarios y de condiciones laborales. El resto o aumenta su formación y su empleabilidad para adaptarse a los cambios en la demanda de empleo provocados por el cambio tecnológico y la revolución digital o estarán condenados a tener tasas de paro elevadas y condiciones precarias toda su vida profesional y problemas para acceder a una pensión pública.

En las mismas jornadas, Raymond Torres de Funcas describió magistralmente el futuro del empleo. La digitalización es un cambio disruptivo que ha cambiado las relaciones laborales de la revolución de la industria mecánica. Eso exige una nueva regulación laboral; el estatuto de los trabajadores se hizo cuando no había móviles con acceso a internet. El alto desempleo y la baja cualificación de los parados exige una reforma radical de nuestras políticas activas de empleo, que deben ir vinculadas al seguro de desempleo y al ingreso mínimo vital. La paradoja es que la digitalización provoca paro tecnológico, pero es la solución para formar a los desempleados y los trabajadores precarios para aumentar su capital humano, encontrar empleo y salir de la pobreza.

Antes de la pandemia, el déficit público estructural era del 3% y la deuda pública próxima al 100%. Tras la pandemia el déficit es del 5% y la deuda pública de 120%. En el último año los españoles hemos emitido 160.000 millones de deuda pública, que es equivalente a una hipoteca. Un déficit tan elevado exigirá un ajuste fiscal del 0,5% del PIB durante la próxima década.

En este escenario, el debate que ha comenzado en la campaña de Madrid de bajadas de impuestos es muy peligroso. El Gobierno central ha asumido todo el aumento de la deuda pública y ha transferido ese dinero a las comunidades autónomas para atender el aumento explosivo del gasto sanitario asociado a la pandemia. Es increíble que Europa, que no es una unión política, tenga mejores mecanismos de coordinación fiscal que España entre el Gobierno central y sus comunidades autónomas. Madrid tiene un déficit estructural próximo al 1% del PIB y debería presentar un plan de ajuste como el que ha presentado el estado español en Bruselas. Si Madrid baja sus impuestos, el artículo 135 de la Constitución y el protocolo de déficit excesivo de Bruselas exigen presentar medidas de recorte de gasto. El recorte debería ser en sanidad y en pensiones y afectaría a 10 millones de pensionistas y tres millones de funcionarios.

Subir impuestos tiene coste social y político y recortar el gasto estructural mucho más. Otra opción necesaria sería hacer reformas para aumentar nuestro potencial de crecimiento, reducir la temporalidad y precariedad y mejorar el empleo y los salarios, especialmente de los jóvenes. La opción más peligrosa es la inacción, como hizo el PP y Rajoy entre 2014 y 2018, y dejar la hipoteca para que la paguen nuestros hijos.

Los jóvenes no están bien organizados políticamente y no son conscientes de la hipoteca que les estamos dejando. Cuando se enteren, el sistema público de pensiones, la columna vertebral de solidaridad intergeneracional estará en grave peligro.

José Carlos Díez es Director Cátedra Orfin Universidad de Alcalá