Los hosteleros valencianos se valen del precedente de Euskadi para pedir a los tribunales su reapertura

Fuentes consultadas creen que fallo del TSJPV sienta un precedente para más anulaciones

Terraza de un bar en Madrid
Terraza de un bar en Madrid

El cierre parcial o total de la hostelería ha sido parte fundamental de la estrategia de las autoridades sanitarias para tratar de contener los contagios desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, este sector, exhausto, ha comenzado a oponerse por la vía judicial, como la plataforma SOS Hostelería, que agrupa a los empresarios del ramo en la Comunidad Valenciana. Esta patronal presentó el 4 de febrero un recurso contra el cierre de bares y restaurantes decretado por la Generalitat el pasado 19 de enero, en plena subida de la tercera ola, con una incidencia acumulada de 983 casos por cada 100.000 habitantes, que llegó a su máximo, 1459 casos el 27 de enero. El Gobierno de Ximo Puig ha prorrogado esta medida hasta el 1 de marzo. Los hosteleros valencianos, que esperan la resolución esta semana, han usado en su batalla el precedente vasco.

El pasado 9 de febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a las patronales de este sector en Euskadi, que habían presentado un recurso contra la decisión del Gobierno vasco de cerrar la hostelería en enero ante el crecimiento de la tercera ola del coronavirus, lo que permitió su reapertura. El tribunal consideró que el Gobierno de Urkullu no había demostrado la relación entre los contagios y la hostelería.

Ahora, Fidel Molina, portavoz de SOS hostelería, asegura que adjuntarán la sentencia del TSJPV a su recurso y defiende que la hostelería “no es un foco de contagio”. “¿Hay informes que demuestren que los contagios se producen en los bares y restaurantes? ¿Acaso uno no puede contagiarse en una tienda, en un supermercado, en un tren o en el metro? Nosotros cumplimos con todas las medidas en nuestros locales. Entonces, ¿por qué se cierra la hostelería?”, añade. Por el momento, el TSJCV rechazó este jueves la suspensión cautelarísima del cierre de la hostelería tras desestimar instada este martes por la Asociación de Hosteleros de Castelló (Ashocas).

SOS Hostelería espera esta semana la resolución a su recurso. Para Cristina Llop, socia del bufete de abogados Écija, el fallo del TSJPV “sienta un precedente importante, pero no implica que ahora vaya a haber una cadena de resoluciones en el mismo sentido en otros territorios”. “Cualquier medida que suponga una restricción de la actividad económica de un sector debe estar respaldada por informes técnicos que acrediten que tal excepcional aplicación es razonada y va a servir al fin que se pretende” añade.

22 recursos similares

En total, la hostelería tiene abiertos 22 recursos similares al que se presentó ante la justicia vasca en Aragón, Valencia, Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Andalucía, Navarra y Madrid, además de uno general ante la Audiencia Nacional, según recoge Europa Press. Todos ellos argumentan que las medidas acordadas por las comunidades tras la nueva normalidad se adoptaron sin “ningún respaldo técnico”.

Sin embargo, preguntado por esta cuestión, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, respondió el jueves en rueda de prensa que “se observa una correlación entre el cierre de la hostelería y la reducción de los casos”.

Volver a abrir y ayudas directas

SOS Hostelería, además de volver al trabajo, también exigirá al Gobierno valenciano compensaciones por todas las pérdidas, de las cuales aún no han hecho balance. Los hosteleros demandan ayudas directas, como las que se están dando en Francia, donde cada establecimiento podrá optar a un ingreso mensual de hasta 10.000 euros, o en Alemania, que va a destinar 15.000 millones en ayudas a este sector que serán otorgadas en función de la facturación en el mismo mes de 2019.

En España, por el momento, no todas las comunidades están dando este tipo de ayudas. Allí donde se reparten, los hosteleros y el resto de empresarios de actividades no esenciales alegan que no son suficientes y que no están llegando a tiempo. El Gobierno central ultima un plan para responder a esta demanda tras facilitar liquidez a través del ICO.

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