'Ley de riders'

Trabajo baraja dar tres meses a las plataformas para que regularicen a los repartidores

La comisión tripartita para analizar la realidad laboral de todas las plataformas digitales y no solo las de reparto a domicilio deberá constituirse en un mes

Un repartidor de Glovo.
Un repartidor de Glovo.

El Ministerio de Trabajo está redactando, junto a los técnicos de sindicatos y patronal, el texto final de la normativa que regulará las relaciones laborales de los repartidores de las plataformas digitales de reparto a domicilio, conocida como la ley de riders. Según uno de los borradores del texto legal que manejan los negociadores, Trabajo habría propuesto dar un plazo de tres meses a las plataformas, desde la entrada en vigor de la norma, para que regularicen a todos los repartidores y los hagan asalariados de sus plantillas, acabado así con la relación mercantil de falsos autónomos que ahora tienen la mayoría.

Según este borrador --que podría ser un Real Decreto-ley pero la técnica legislativa aún no está decidida-- el texto normativo añadiría una disposición adicional vigesimotercera al Estatuto de los Trabajadores regulando la "Presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto: ejercicio implícito indirecto de las facultades empresariales". En dicha disposición se incluiría el ámbito de esta ley, "salvo prueba en contra, la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a terceros, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma indirecta o implícita, a través de una plataforma digital, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo".

Asimismo, se establecería una disposición transitoria única en la que se determinaría que las plataformas digitales de reparto "deberán dar de alta a las personas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, como máximo, en el día primero del tercer mes a contar desde la entrada en vigor" de la nueva norma.

Si bien desde Trabajo insisten en que aún no hay ningún texto cerrado y que siguen los contactos con todas las partes con las que están elaborando esta norma. Fuentes sindicales han coincidido hoy en que el texto de real decreto no está cerrado pero han precisado que esos tres meses que la propuesta del ministerio da para regularizar a los repartidores y hacerlos asalariados "no es una amnistía, sino una transitoriedad", por lo que se deben laboralizar todos los trabajadores de las plataformas en ese plazo. 

Este borrador también indica que "en el plazo de un mes desde la publicación de la norma" se constituirá la Comisión Tripartita para el Estudio de las Plataformas Digitales en el ámbito laboral. Esta comisión, formada por el ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme, analizará la realidad de las plataformas digitales "en todos los sectores y aspectos relacionados con las condiciones de trabajo".

Se modificará también el Estatuto de los Trabajadores para que los comités de empresa puedan emitir informes sobre los sistemas de organización y control del trabajo “incluido cuando deriven de cálculos matemáticos o algoritmos”. Asimismo, los convenios determinarán el acceso de estos comités a “la información relativa a los parámetros y a las reglas en los que se basan los algoritmos usados por la empresa para la toma de decisiones que puedan incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo”.

Los repartidores que se oponen

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) critica que el Ministerio de Trabajo quiera aprobar esta ley que obliga a una laboralización forzosa de todo el colectivo a través de un Real Decreto sin que el texto pase por un debate real en el Congreso de los Diputados, y advierte de que las asociaciones de repartidores que se oponen a la nueva normativa preparan nuevas movilizaciones para las próximas semanas, “tras haber pedido una reunión con la ministra hasta en siete ocasiones sin recibir respuesta”.

Jordi Mateo, Presidente de APRA, califica de “locura” no solo que se esté negociando “a espaldas de los riders” sino que ahora se “quiera legislar sin contar con el Congreso para asegurarse su medalla. Qué menos que tramitar esta ley como cualquier otra, con un proceso participativo real en el que todas las partes afectadas puedan participar”.

Según Mateo, al Gobierno le da igual si realmente son autónomos o laborales, "solo quiere regular el uso de aplicaciones y algoritmos, y solo en el sector delivery. Por eso esta ley es discriminatoria: si nuestro vehículo pesara más de 2000 kilos, podríamos ser autónomos, al igual que si fuéramos de otro sector. No entendemos porqué unos sí y el delivery no”, critica.

El presidente de APRA asegura que la regulación que quiere sacar adelante Trabajo deja a los repartidores sin la posibilidad de trabajar como autónomos, sea como sea su relación con las empresas. “Dentro del sector hay de todo, personas que deberían tener un contrato, pero otros que trabajan de forma muy flexible y lo combinan con otras actividades, además de todos aquellos que utilizan las plataformas para empezar a tener algún tipo de trabajo”, dice.

La citada asociación, que reclama la creación de la figura del autónomo digital, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales, insta a Trabajo a que explique qué planes tiene para los repartidores que perderán su empleo o parte de sus ingresos. "¿Habrá planes de ocupación o cualquier otra iniciativa?”, se pregunta.

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