Entre la legalidad y la moralidad eléctrica

El legislador debería haber impedido el trasvase al mercado libre de los colectivos con derecho a bono social

Mientras activistas, analistas y tertulianos denuncian lo que se ha dado en llamar pobreza energética, las compañías eléctricas (con la inestimable ayuda de este Gobierno y los anteriores, y de un supervisor pasivo) aprovechan la oscura regulación española para lograr sus fines. Y si algo se tuerce, siempre les queda el apoyo de los tribunales, que suelen fallar un día sí y otro también en su favor. En descargo de la justicia hay que decir que el Gobierno se lo suele poner fácil con normas que, aprobadas con fines políticos, rayan en la dejadez.

A la vista de dicha regulación, se puede concluir que en España, Gobierno y energéticas no solo no parecen luchar contra la pobreza energética, sino en favor de ella. ¿Cómo si no se explica que el único incentivo en la tarifa, el llamado bono social, o descuento del 25% en la factura, que ha sobrevivido a tres Gobiernos, solo beneficie a un 20% de los realmente necesitados? ¿Cómo es posible que en casi una década de crisis, con un índice elevadísimo de paro y de personas jubiladas, haya descendido el número de usuarios acogidos al mismo, en estos momentos, 2,5 millones? ¿Por qué recuperó el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria y Alberto Nadal a la cabeza, el mismo sistema de financiación del bono social tumbado por el Supremo en 2012? Ahora, este vuelve a exigir que se devuelva a las compañías los 500 millones que han sufragado desde 2013 y lo harán todos los usuarios en su factura (también, paradójicamente, los pobres energéticos).

Al hilo de la muerte en un incendio en Reus de una anciana de 81 años, a la que se había cortado la luz dos meses antes y se alumbraba con velas (ni siquiera disponía, claro está, de medios para calentarse), la cuestión de entrada es: ¿cómo es posible que la legislación permita que una compañía, en este caso Gas Natural Fenosa, dejase a la anciana sin el bono de la tarifa al que con toda seguridad tenía derecho? La fallecida tenía contratado el suministro con la comercializadora libre de Gas Natural, que, tras algún tipo de oferta, la sacó del precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), única tarifa que da derecho al bono. El PVPC es el precio regulado de un mercado que el Gobierno adjudicó en su día a cinco comercializadoras llamadas de referencia, filiales, para más señas, de las cinco grandes del sector. Al ser un suministro por zonas, la eléctrica de referencia de Reus y su distribuidora es Endesa.

Aunque dada la indigencia de la anciana fallecida se puede alegar que ni con bono social podría haber pagado la luz, estas prácticas ponen en el límite a muchos consumidores y son, como mínimo, reprobables. Hay quien se pregunta por qué las eléctricas captan a clientes tan poco rentables para ellas, aunque les apliquen un precio libre. La respuesta parece clara: por las políticas agresivas de sus comerciales, que solo cobran por contrato firmado.

Si bien la responsabilidad es del legislador, que debería haber prohibido el trasvase al mercado liberalizado de los colectivos con derecho al bono, también se puede apelar a la ética de unas compañías (por otra parte, cotizadas, que disfrutan del monopolio de las redes y de la concesión del PVPC) que no dudan en hacer ofertas engañosas o cortar el suministro. También a la escasa supervisión de la CNMC, cuya labor casi se limita a la de un servicio de estudios.

Más allá del ineficaz bono social y a la vista de que este no protege cabalmente (no está ligado a la renta), ayuntamientos y comunidades autónomas, con ciertas competencias en materia energética, han tomado cartas en el asunto, muchas veces con más voluntad que acierto. En el caso de Cataluña, con dos normas: una de 2014 que obligaba a las eléctricas a aportar un fondo de 10 millones de euros a medias con Gobierno autónomo y ayuntamientos para paliar la pobreza energética, y otra de 2015 (incluida en la iniciativa popular contra los desahucios), que obliga a las compañías a comunicar a los servicios sociales del municipio cualquier corte de luz. En el caso de Reus, Gas Natural, que como el resto del sector ha denunciado que la norma no está desarrollada, alega que la anciana fallecida no estaba en la lista de personas vulnerables del consistorio y este interpreta que la comunicación era en cualquier caso obligatoria. Por el momento, la compañía ha suspendido los cortes en Reus. La prudencia, aseguran fuentes del sector, es aplicar estrictamente la norma a la espera de dicho desarrollo.

La primera fue recurrida por el Gobierno ante el Constitucional que la anuló recientemente al considerar que invadía las competencias del Estado. Curiosamente, el Gobierno alegó en su recurso que se trataba de una doble imposición a las eléctricas, pues estas financiaban el bono social: ese que tampoco pagan ya tras el espaldarazo del Supremo.

La dejadez del Gobierno (se ha echado en falta la opinión del flamante ministro de Energía, Álvaro Nadal) ha quedado en evidencia con la tragedia de Reus. Y, pese a las críticas a la inadecuada gestión municipal (muchas veces se impide cortar la luz a quienes no tienen problemas económicos, denuncian las eléctricas), lo cierto es que solo Cataluña y multitud de ayuntamientos han sido los únicos que han agarrado al toro de la pobreza energética por los cuernos.