¿Cuánto ha avanzado España en compras públicas verdes?

Los ayuntamientos lideran la contratación con criterio ambiental

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No solo las empresas tienen que ayudar a combatir el cambio climático, las Administraciones –central, autonómica y local– juegan también un papel relevante en la reducción de las emisiones de CO₂ y el impulso de la economía verde. ¿Cómo? A través del fomento de la contratación pública ecológica. En Europa, el gasto estatal en obras, bienes y servicios es de alrededor de 2,3 billones de euros anuales (incluido el de las empresas de servicios públicos). Este monto representa el 20% del PIB de la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea, y muestra el enorme poder que tienen como palanca de cambio y de desarrollo de este mercado. En España, la cifra se calcula en más de 6.000 millones al año.

Bruselas marca la pauta a los Estados miembros desde 2001, primero con la publicación de varias estrategias que promovían y recomendaban la incorporación de una política de contratación respetuosa con el entorno, el establecimiento de planes de compras con criterios medioambientales y el uso de etiquetas ecológicas, entre otros, para favorecer la producción y el consumo sostenible. Y después, en 2014, con la aprobación de tres directivas en esta materia, que sustituían a la de 2004 y que los países de la UE debían transponer a su legislación nacional a más tardar el 18 de abril de 2016. Incluso, la CE publicó en 2005 un manual, Buying green, en constante revisión (la última, en 2016), para que sirviera de guía a los socios en su implantación.

Transporte, limpieza, energía, urbanización y edificación, donde más se aplica

Tras casi 20 años de un marco regulatorio, nuevas reglas y pautas, el avance es desigual tanto en la UE como en España. El último informe publicado por el Ejecutivo europeo revela que apenas siete países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) cumplen en mayor medida con estas consideraciones. Si bien es cierto que la inclusión de dichos criterios en los pliegos de contratación es voluntario, lo que puede influir en ese progreso dispar, los objetivos climáticos se han endurecido en los últimos años y la meta europea de neutralidad de carbono en 2050 obliga a las instituciones a ponerse las pilas.

“Es necesario un abordaje integral del consumo sostenible. Ir más allá de la sustitución de productos convencionales por ecológicos para que sea una herramienta transformadora del modelo socioeconómico y un elemento vertebrador de las políticas públicas”, considera José Luis Fernández, investigador de Garúa. Es decir, hay que incidir en la disminución de los niveles de consumo, cambiar las lógicas económicas de fondo y fomentar la educación, la investigación y la cooperación interinstitucional, añade.

Solo País Vasco destaca entre las comunidades autónomas

En España, las autoridades municipales son las que han tomado la delantera. El Ayuntamiento de Barcelona, principalmente, por su larga trayectoria (2001), señalan desde la Red Global de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI, por sus siglas en inglés), y miembro de esta plataforma. Por ejemplo, en 2013 aprobó un decreto sobre contratación pública responsable con cláusulas sociales y ambientales, desde 2015 estos requisitos son obligatorios en 12 categorías y en 2017 amplió ese listado, especialmente para los aspectos sociales, detallan. Y si hay una comunidad autónoma a destacar por su extenso y riguroso recorrido esa es el País Vasco –dicen–, adscrita también a la red.

“España está muy atrasada. En 2005 tuvo que acatar un mandato de la UE porque permitía el uso de palabra bío en productos sin certificación de agricultura ecológica. Ha habido cierta dejación histórica y una falta de ambición”, critica Fernández. Ante este panorama, en 2019, el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica, también voluntario y con una vigencia de siete años, hasta 2025.

El análisis del ciclo de vida y fijar sistemas de evaluación son los principales retos

Este plan incluye un grupo de 20 bienes, obras y servicios prioritarios, según los criterios de la UE, a tener en cuenta: construcción y gestión de edificios, construcción y mantenimiento de carreteras, suministro de electricidad, equipos de impresión y ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y transporte. “Es bastante más ambicioso. Incorpora cuestiones estratégicas que antes se quedaban fuera, como la alimentación o el textil, la obsolescencia programada, la durabilidad y la reparabilidad de los productos, y demanda de certificados ambientales desde un punto de vista más integral”, analiza Fernández.

Madrid y Valencia aceleran

El Ayuntamiento de Madrid y la Generalitat Valenciana son otros dos ejemplos de la mayor concienciación y cultura ecológica en las instituciones públicas. En el primer caso, su senda comienza en 2005 con la elaboración de un código de buenas prácticas ambientales, actualizado en 2011, indica Ángel Rodrigo, director de contratación del Ayuntamiento de Madrid. Pero el salto lo da en la legislatura pasada (Ahora Madrid, IU y Podemos), con la aprobación del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. Y en 2018 por primera vez adjudica su contrato de suministro de electricidad a dos empresas, Holaluz y Nexus, con certificación renovable en origen por más de 40 millones. Desde septiembre pasado y hasta 2022 recae en Iberdrola por un valor de 45 millones, informa.

Pero el más importante, el de limpieza, estimado en más de 2.000 millones y que se firmará en 2021 por cinco o seis años, introduce dos novedades tras la aprobación en esta legislatura (PP) de su estrategia Madrid 360 que “ambientaliza más” los pliegos: “Se va a dar más puntuación a los empresarios que respondan de forma diferenciada al fomento de tecnologías cero emisiones y al sistema de separación por fracciones de residuos en la propia retirada y limpieza de las calles”, adelanta Rodrigo.

En 2018, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó su contrato de suministro de luz a dos empresas, Holaluz y Nexus, que garantizaban el origen de fuentes renovable

El consistorio, que gasta de media unos 1.500 millones en compras anuales, admite que en transporte –donde se rige por las etiquetas de la DGT–, edificación, urbanización, limpieza y energía se cumplen los criterios por encima del 90%, pero que en alimentación, textil y material de oficina el porcentaje baja por la complejidad de su aplicación al ser necesario un análisis de ciclo de vida, uno de los desafíos. Para avanzar en este sentido, en alimentación están ya introduciendo cláusulas que ponderan la producción ecológica o de proximidad, dice.

“Es una demanda ciudadana, esto ya no tiene color político, afortunadamente. Pero tiene que ser un proceso paulatino, sensato y evaluado para que tenga sentido”, arguye. El ayuntamiento trabaja en la elaboración de un catálogo de bienes y servicios para que todos sus órganos de contratación tengan una referencia clara sobre cómo incorporar dichos criterios en todos los ámbitos.

La Comisión Europea seleccionó este año el acuerdo marco de limpieza de la Generalitat Valenciana como ejemplo de buenas prácticas sostenibles

Y en el segundo caso, la Generalitat Valenciana comienza a incorporar estos criterios en 2012 tras la creación por decreto de la central de compras, dependiente de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, una política acentuada –afirman– desde 2015 tras el pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Prueba de ello es que la CE seleccionó este año su acuerdo marco de limpieza, estimado en 33,2 millones para dos años y uno de prórroga, como ejemplo de buenas prácticas.

El pliego técnico exige el uso de productos ecoetiquetados y concentrados sin diluir, papel de bosques con sellos de gestión forestal sostenible, bolsas de basura de plástico reciclado o compostable y aspiradoras con eficiencia energética. Y el de energía, en licitación y estimado en más de 169 millones por un año, más uno de prórroga, requiere que el 100% de la luz suministrada sea de origen renovable. Edificación, servicios postales, transporte (con etiqueta ecológica) e impresión, digitalización y copias son las otras áreas de actuación.

Esta medidas han supuesto para la Genralitat un ahorro económico y de consumo de energía, agua, papel significativo (sin concretar datos) y trabaja en la mayor integración en sus pliegos de los requisitos sociales, ambientales y de innovación.

Retos

Para Rodrigo, faltan mecanismos de evaluación que analicen el impacto de estas cláusulas, así como la necesidad de no dejar atrás a las pymes, con más dificultades para adaptarse. “Hay que intentar guardar el equilibro que nos impone la directiva comunitaria. Tenemos que avanzar en la ambientalizacion de los pliegos sin distorsionar, en la medida de lo posible, la situación de mercado”, defiende.

Mientras que José Magro, gerente de sostenibilidad y RSC de Aenor, cree que hay que avanzar en la claridad y, sobre todo, la formación de los evaluadores. “Para poder distinguir qué se encuentra bajo el alcance de un certificado o si es emitido por una entidad reconocida o acreditada para ello”.

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¿Por qué usar criterios medioambientales?

Beneficios. Desde la plataforma europea ICLEI, de la que también forman parte Navarra, Vitoria, Zaragoza y Gran Canaria, citan que generan un ahorro financiero a largo plazo al hacer compras tomando en cuenta el ciclo de vida del producto (desde la adquisición de las materias primas hasta su reciclaje), favorecen el empleo y el comercio local, reducen las emisiones e impulsan la innovación, la transformación del mercado y la competitividad”. Además, favorecen la transparencia estatal, el cumplimiento de la regulación y sirve de motivación y ejemplo para las empresas públicas y privadas.

Normas. Las Administraciones se rigen, en general, por los principios de la UE. Pero José Magro, de Aenor, advierte de que los requisitos son cada vez más concretos. “En cuanto a empresas, hemos pasado de criterios generalistas de gestión ambiental, como el ISO 14001 o el reglamento europeo EMAS (para la implantación voluntaria de sistemas de gestión ambiental), a incluir además el cálculo y verificación de la huella de carbono. Y respecto a los productos, se incluyen más referencias relativas a la economía circular, como el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida o disponer de la ecoetiqueta de la UE. Sin olvidar la huella de carbono.

El caso alemán. Los criterios medioambientales en contratos y licitaciones públicas comenzaron a incorporarse en Alemania en los años noventa y se han reformulado a medida que la UE actualizaba sus directivas. Y su conocida ecoetiqueta Blauer Engel, que hoy ostentan 120 grupos de productos distintos y que se revisa cada tres o cuatro años, existe desde 1978, según fuentes de la Embajada de Alemania en España. “Ayudan a alcanzar lo establecido por la UE y el Gobierno federal para bajar las emisiones de CO2, así como otros objetivos medioambientales”, comentan dichas fuentes. Y cuentan que suele ser laboriosa la evaluación de la relevancia medioambiental versus la relación calidad-precio.

Filosofía del Plan de Contratación Pública Ecológica

El Plan de Contratación Pública Ecológica busca promover por parte de Administración pública la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular; apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador garantizando, al mismo tiempo, un uso más racional y económico de los fondos públicos tanto desde el punto de vista de la inversión como de la explotación; y, entre otras, promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública, destacan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Retos Demográfico (Miteco) y que están recogidos en el artículo tres del documento.

Además, se prevé un seguimiento bienal del plan, es decir, la publicación de un informe sobre el grado de cumplimiento de dichos criterios en los contratos formalizados por cada organismo. Estos resultados se publicarán en la web del Miteco, informan. Por su naturaleza, explican, su  aplicación será mayor en los contratos de suministro y de obras.