Las cooperativas agroecológicas resisten al súper
Las organizaciones comunitarias, en auge en España debido a la preocupación por la salud y el medio ambiente
Comienzan a aparecer en los noventa, en los barrios populares de las ciudades, con un fuerte componente activista y comunitario. Su objetivo era (y es) el autoabastecimiento alimentario local de frutas y verduras cultivadas con mimo, sin emplear químicos, por los agricultores del lugar, gracias al trabajo conjunto y voluntario de un grupo de familias constituidas en cooperativas agroecológicas, como se las conoce desde entonces.
Una figura legal sin fines de lucro que ha garantizado su subsistencia: los socios aportan un capital social, además del pago de una cuota regular, y comparten las tareas diarias y administrativas. Los beneficios se reinvierten en el propio proyecto.Este modelo en auge avanza ahora hacia otro más flexible para mantenerse, expandirse y hacer frente a la competencia, el súper.
Un estudio de la UOC revela que las asociaciones que combinan un modelo de gestión voluntario y a la vez remunerado pueden crecer más
Con esta filosofía nace en 2013 L’Economat Social, una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Sants (Barcelona). “Detectamos que muchas familias –que procedían anteriormente de grupos de consumo, pero que tuvieron que abandonarlo principalmente porque tenían hijos y no podían seguir con sus labores de voluntariado– quedaban excluidas del circuito”, cuenta Marc Montaner, uno de los tres socios fundadores, que apuesta por una fórmula híbrida. Es decir, los socios consumidores no entran en la gestión, es opcional, ya que cuenta con dos puestos de trabajo a tiempo completo que se reparten entre los creadores.
Así, de 20-30 familias en origen hoy suma 200. Con unas mil referencias –fruta y verdura de temporada, carnes, lácteos, proteína vegetal, conservas, vinos, cervezas, hasta cosmética y artículos de limpieza, “el abanico básico de productos está cubierto”, dice. Su facturación en 2018 fue de 100.000 euros, con una proyección al alza del 20% este año por la llegada de nuevos socios y el aumento del consumo de los existentes.
La mayoría son pequeñas, autogestionadas, comunitarias, formada por grupos de entre dos y cinco personas, aunque algunas superan las 200
En la última década, el número de este tipo de sociedades ha crecido un 58% en Barcelona, al pasar de 36 en 2009 a 57 en la actualidad, según un estudio reciente elaborado por Ricard Espelt, investigador del IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “El modelo que surgió hace 25 años se ha ido consolidando y extendiéndose en todos sus barrios, sobre todo en Poblenou, Gràcia y Sants. La mayoría son pequeñas, comunitarias, autogestionadas, con unas 15, 20 o 25 unidades de consumo, es decir, familias o grupos conformados por entre dos y cinco personas, aunque algunas superan las 200”, retrata Espelt, quien cree que las que están profesionalizadas, las que han creado empleo remunerado para su gestión, tienen una capacidad de escala mayor.
Es lo que sucede en L’Economat Social, y además, para hacerse socio, requisito imprescindible porque no vende al público, da la opción de pagar o no la cuota trimestral de 20 euros. Pero si elige la segunda alternativa, se le aplica un recargo del 15% en las compras, sumado a los 10 euros de capital social que siempre se aporta. “También es obligatorio hacer una formación de dos horas sobre cooperativismo y agroecología”, agrega Montaner.
Más competencia
Pese a su avance por las preocupaciones sobre la salud, la agricultura intensiva y las desigualdades que sufren los productores, Espelt ha detectado en su investigación un estancamiento de estas organizaciones en los últimos tres años debido a la mayor oferta y el auge de la competencia. “El comercio tradicional ha reaccionado”, señala.
Pero sobre todo se debe a la incorporación de frescos y artículos bío en las grandes cadenas de supermercados, inciden los responsables de las cooperativas. “Lo ecológico se está convencionalizando y se va a un crecimiento de escala sin que haya una concienciación sobre lo que supone la producción y el consumo sostenible”, opina Pilar Galindo, presidenta y miembro del consejo rector de La Garbancita Ecológica, en Vallecas (Madrid), muy crítica con el cariz que toma lo orgánico: “No solo es vender, se trata de democratizar la alimentación ecológica. Esa sensibilidad no siempre favorece la justicia social, el combate de la pobreza, la obesidad, la exclusión. Es más complejo, es educar para avanzar en la transición hacia una alimentación saludable, más verduras y frutas y menos carne, y un consumo responsable”, insiste.
Con todo, su valor es palpable. “El impacto económico por compras a productores de las 57 cooperativas de Barcelona se calcula en 70.000 euros anuales en cada una. Por tanto, su importe total se sitúa en unos 4,2 millones al contar con 1.700 unidades familiares y más de 3.500 personas”, cifra Espelt.
La Garbancita Ecológica se apunta también al modelo flexible. Creada en 2008, comienza su andadura en 1996 cuando era apenas un grupo de consumo sin entidad jurídica, “casi en clandestinidad” –confiesa Galindo–, y donde hoy los agricultores más veteranos son también miembros de la cooperativa. Tiene cuatro empleados, más de mil referencias y su facturación oscila entre los 350.000 y los 400.000 euros.
La Garbancita Ecológica asesora, también a 10 escuelas madrileñas en alimentación, lo que forma parte de un plan del Ayuntamiento que fomenta la nutrición saludable
Para ser socio de derecho se debe aportar 1.000 euros de capital social. Pero, a diferencia de L’Economat Social, está abierta al público, “cualquier persona puede comprar en La Garbancita”, y puede obtener descuentos de entre el 1% y el 7%, dependiendo de su participación. Por ejemplo, si realiza el pedido online o paga sus compras con anticipación, si confecciona su propia cesta o si colabora en las tareas diarias (el 1% por 3 horas al mes; el 3% por 3 a 7; el 5% por 8 a 13 y el 7% cuando hace 14 horas o más), explica. El máximo es del 14%, si su participación es mixta, es socio y hace trabajo voluntario. De ahí que agrupe 50 asociados, un centenar de colaboradores y 400 consumidores regulares.
Esta cooperativa suministra sus hortalizas a escuelas infantiles madrileñas y asesora a 10 en el marco de un programa del Ayuntamiento de Madrid, que incluye a 60 y que fomenta el acceso a una alimentación sana en las ciudades. Una iniciativa que forma parte del Pacto de Milán, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del que la capital es signataria desde 2015.
Landare, en cambio, se define como una asociación de consumidores. “No somos cooperativa”, aclara Iñaki Egüés, presidente de la junta directiva, formada por 10 integrantes. Su tienda, una en Pamplona y otra en Villava (municipio navarro), lleva 27 años en marcha. De 20 familias socias en sus inicios ha pasado a 3.500 en la actualidad. “El interés por los productos biológicos ha crecido muchísimo y ha sido constante en el área donde tenemos influencia. Los motivos son varios: la salud, el consumo de cercanía, de lo ecológico...”.
Esta entidad, que ha dado el paso hacia la profesionalización, tiene 30 personas en plantilla –ventas no especificadas– y ofrece unas 2.000 referencias. Si quiere formar parte de ella, es imperativo asistir a una charla de media hora para conocer su origen y funcionamiento, además del pago de una cuota anual de 36 euros y el compromiso de hacer dos horas de colaboración anual (ayudar en la tienda o dar charlas). “No es solo comprar, sino fomentar la educación”, defiende Egüés. Cada año se celebra una asamblea, pero la junta se ratifica o renueva cada dos.
“La participación en una cooperativa tiene una dimensión política que no tiene el comercio tradicional, vinculado a la defensa de unos valores sociales, como el trato justo entre el productor y el consumidor, la preocupación por el packaging o la distancia que recorren los alimentos, y donde hay una transformación político-social porque quizá hay un colectivo en exclusión detrás de la producción de esos cultivos. Es lo que las diferencia de la oferta que ha ido apareciendo”, concluye Espelt.
Huella ecológica
Alimentos. España importa una media de 25.483 millones de toneladas de alimentos, que generan 4.212 toneladas de dióxido de carbono al año, según recoge el estudio sobre cooperativas agroecológicas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Distancia. Un producto importado recorre de media 3.827,8 kilómetros, según el último informe Alimentos kilométricos de la ONG Amigos de la Tierra, frente a los 278,7 kilómetros de media que efectúan los proveedores de las cooperativas de Barcelona, por ejemplo. Un dato que antes de la crisis era mayor: la media era de 5.013 kilómetros en 2007. Aunque los ecologistas temen que aumente tras la recuperación.
Criterios. Para Ricard Espelt, autor del estudio, dos son los criterios para que un producto sea sostenible: que sea de proximidad y cultivado de forma ecológica. Si incumple lo primero, deja de serlo, sentencia. Las cooperativas admiten que algunos, como el café, vienen del exterior porque no se producen en España.
Previsión. Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, dice que la cantidad de kilómetros recorridos de los alimentos importados, así como las emisiones, sigue en aumento principalmente por el incremento de la cabaña ganadera, es decir, la compra de piensos para animales. Incluso ocurre algo absurdo: la mayoría (80%) de los garbanzos viene del exterior, de México o Canadá, cuando se produce en España, en Castilla y León Y Castilla-La Mancha están las mayores extensiones. "Europa y España no han hecho otra política que la de abrir fronteras y fomentar el trasiego de los productos como mercancías sin evaluar las consecuencias para el medio ambiente", critica.
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