Seis meses para asegurarse el maná europeo y seis años para gastarlo

Son los estrictos plazos que debe cumplir España para exprimir los fondos de la UE

Las patronales del sector piden acelerar la contratación y dar prioridad a la depuración y el tren de mercancías

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La titánica tarea de levantar la economía de los escombros en que la ha dejado el coronavirus da a España la oportunidad de oro de corregir sus déficits de infraestructuras y de avanzar en la transición energética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pero la Administración española, que a menudo ha sido criticada de excesivamente lenta por ingenierías y constructoras, solo tiene seis meses para asegurarse los millonarios fondos de auxilio lanzados por Bruselas y seis años para gastarlos.

Seis meses para cobrar

Abril es el límite que la Comisión Europea ha fijado a los Gobiernos para presentar los proyectos de inversión susceptibles de recibir las ayudas del Next Generation, el programa de 750.000 millones de euros aprobado en mayo, aunque todavía pendiente de ratificación en la Eurocámara. A España, el segundo mayor receptor después de Italia, le corresponden 140.000 millones, de los cuales 72.700 millones son a fondo perdido.

El Gobierno ya ha cumplido con remitir a Bruselas las líneas maestras del plan bajo el cual se ejecutarán esas inversiones y que responden a las políticas de transición ecológica y digital marcadas por la Comisión. Además, ha adelantado 27.000 millones a cuenta de estos fondos en los Presupuestos de 2021. Ahora falta conocer el detalle: las obras en que se gastará el dinero.

El Ministerio de Transportes trabaja en un borrador del que fuentes del departamento informan que todavía no se puede avanzar nada. Sin embargo, patronales como Seopan (grandes constructoras) y ANCI (no cotizadas) tienen identificados proyectos de infraestructura prioritarios para que España cumpla los ODS y avance en la senda de la descarbonización.

En un reciente foro organizado por PRISA Noticias, Seopan y Tecniberia, la patronal de las ingenierías, presentaron actuaciones, por un valor total de 145.573 millones de euros, que se ajustan a los criterios de Next Generation. La propuesta de las asociaciones crearía más de dos millones de empleos y ayudaría a cumplir los ODS en las áreas de agua y medioambiente (27.901 millones), movilidad (57.837 millones), salud (21.400 millones), eficiencia energética (32.435 millones) e infraestructuras verdes (6.000 millones).

Seopan y Tecniberia
han identificado obras por 145.573 millones

“El déficit que España acumula desde la crisis de 2008 lastra nuestra competitividad y tenemos la oportunidad de ponernos al día y homologarnos al resto de Europa en aspectos cruciales de sostenibilidad, cohesión y medioambiente. Es por ello que hay numerosos proyectos que se adecúan al plan”, dice Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI. Y por supuesto, “a los ODS hay que tenerlos en cuenta no solo en esta inversión financiada por la UE, sino en cualquier otra”, recalca Pablo Bueno, su homólogo en Tecniberia.

Seis años para gastar

Bruselas exige que el 70% del tramo de subvenciones esté comprometido entre 2021 y 2022, y el 30% restante, en 2023. En consecuencia, las obras que recibirán las ayudas deberán contratarse en los próximos tres años y ejecutarse antes de diciembre de 2026. Por eso, Lamo de Espinosa pide dar prioridad a proyectos maduros, que se puedan licitar rápidamente, y de un tamaño razonable para que puedan entregarse dentro del límite impuesto. “No podemos arriesgarnos a tener que devolver los fondos por proyectos faraónicos que se salgan de los estrictos plazos establecidos”, alerta.

España, según los expertos consultados, cuenta con empresas sobradamente capacitadas para sacar adelante esas actuaciones en tiempo y forma; el gran problema, coinciden, son los tiempos administrativos. “Las declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo, que dependen de las comunidades autónomas, son infinita e innecesariamente lentas por la falta de medios de las consejerías”, señala Pablo Bueno, de Tecniberia. Y así, “cosas que podrían resolverse en un mes, tardan un año”, se lamenta.

Las cifras

33,6% es la caída acumulada por la licitación de obra pública de enero a septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, según Seopan.

9.294 millones de euros es el importe sacado a concurso por las Administraciones públicas en los nueve primeros meses del año, frente a los 13.997 millones de hace un año.

32% es el descenso que la patronal estima para el conjunto del año, lo que dejaría el volumen en niveles de 2011, cuando se licitaron 12.392 millones.

Jesús Planchuelo, director del departamento de civil y arquitectura de Sener, precisa que, dependiendo del ministerio inversor (principalmente los de Transportes y Transición Ecológica), solo la fase de planificación puede tomar entre tres y cuatro años. Cita como caso emblemático la aprobación del AVE Madrid-Valencia, que tardó casi una década antes de iniciarse su construcción, en 2003. “La mayoría del tiempo que tarda en diseñarse una obra se consume en los despachos, no en los ordenadores de los ingenieros”, ilustra Planchuelo, quien advierte de que si los trámites de aprobación y licitación no se agilizan “de forma tremenda”, la ayuda europea se perderá.

De ahí que las patronales del sector reclamen al Gobierno un mecanismo de contratación pública exprés. “No hace falta cambiar la legislación, bastaría con un procedimiento abreviado”, aclara Miguel Mondría, director general técnico de Typsa.

Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), plantea que este mecanismo “incluya un nuevo supuesto para la declaración de urgencia de un expediente relacionado con la ejecución de los fondos europeos”. Igualmente, sugiere modificar el sentido del silencio administrativo, de negativo a positivo, en la tramitación de permisos urbanísticos y ambientales.

Agua y tren, por favor

Quedan muchas cosas por hacer, pero al desgranar las obras que deberían estar contempladas en el plan, los expertos consultados coinciden ampliamente en un área elemental: saneamiento y depuración de aguas residuales. “Tenemos varios expedientes abiertos por incumplimiento de las directiva europeas que afectan a más de 900 poblaciones urbanas. No se trata solo de evitar multas, sino de aprovechar la oportunidad para dejar de contaminar nuestros ríos, lagos, acuíferos y costas, un problema grave que puede tardar décadas en solucionarse”, argumenta Mondría, de Typsa.

Precisa que Seopan ha identificado en este ámbito 172 proyectos, de depuradoras, estaciones de bombeo y colectores, por un total de 3.000 millones de euros, que son “irrefutables” y obligatorios para acatar la legislación y porque, además, la inversión en agua tiene implicaciones directas en el cumplimiento de gran parte de los ODS. “Muchos de ellos, como el de conservación de la vida submarina, no se pueden alcanzar sin buenas infraestructuras de saneamiento”, insiste.

Depuradora Sur
Depuradora Sur, en Getafe, que opera el Canal de Isabel II.

Si hay una inversión pendiente que reúne todos los requisitos de Next Generation y los ODS, esa es el tren de mercancías. “La cuota de este modo de transporte, el que menos emisiones de CO2 genera, no llega al 2%. El 98% de la carga va por carreteras, eso es muy poco sostenible”, enfatiza el experto de Sener.

La mejora del acceso a los puertos y el Corredor Mediterráneo, “que lleva años parado”, son proyectos críticos “que Adif conoce de sobra”, puntualiza Planchuelo, al igual que la importancia de acabar el trazado del AVE por el norte y oeste del país y de ampliar las conexiones de Cercanías con metro en ciudades como Madrid y Barcelona. Por lo pronto, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, reveló en el foro de PRISA que el gestor ferroviario ha presentado a la UE actuaciones por 14.000 millones de euros.

¿Y el capital privado?

Next Generation da cabida a esquemas de colaboración público-privada, pero para que esta fórmula funcione, Lazcano ve necesaria una reforma de la Ley de Desindexación de la Economía Española, de modo que sea el mercado, “que es lo suficientemente competitivo”, el que fije la rentabilidad de los proyectos.

Túnel de Martorell
Un tren cargado de coches procedentes de la fábrica de Seat atraviesa el túnel de Martorell. Adif

La modificación de esta norma de 2015, que vincula el retorno de las concesiones al rendimiento de los bonos del Tesoro, es un sentir compartido por todo el sector, ya que desalienta la participación de inversores internacionales.

“Actualmente, esa ley limita la ganancia de las concesiones al 2,3%. Es muy difícil que el dinero acuda a proyectos con una tasa de retorno tan baja, es normal que prefiera meterse en carreteras de EE UU o Canadá donde no existen esos topes”, explica Planchuelo.

“Otro problema que impide el desarrollo de estas alianzas es la distribución del riesgo entre la Administración y el inversor privado. Con una tasa de retorno tan baja, el riesgo de expropiación debería de ser nulo o eso no lo va a coger nadie”, afirma.

Botón de muestra: seis proyectos clave

Depuradora de Cáceres. Entre las 172 obras que son imprescindibles para cumplir con la directiva europea de saneamiento, destaca la ampliación de la depuradora de Cáceres, declarada de interés general y que cuenta ya con las aprobaciones ambientales.

Costa del Sol. El saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental es un clamor que lleva 48 años sin ser escuchado. La falta de ampliaciones en las depuradoras y colectores de Marbella, Manilva y sus entornos ocasiona vertidos en una de la zonas turísticas más importantes del Mediterráneo.

Campo de Gibraltar. La construcción de la depuradora de San Roque, en Campo de Gibraltar (Cádiz), y la reutilización de las aguas industriales son otras actuaciones que podrían beneficiarse de los fondos. El proyecto está en la fase de estudio de impacto ambiental.

AVE a Galicia. Hace pocos días entró en operación el tramo entre Zamora y Pedralba, que forma parte de los esfuerzos por llevar el AVE a Galicia. Otros tramos de esta línea que Sener propone postular a los fondos de la UE son los de Ourense-Lubian y Lubian-Zamora.

Y vasca. La línea de AVE de Vitoria-Bilbao-San Sebastián unirá las tres capitales vascas, mediante un trazado en forma de Y, y la frontera francesa. La conexión, que se espera esté lista en 2023, consta de varios pequeños proyectos que podrían financiarse con Next Generation.

Metro. El cierre de las líneas de metro 9 y 10 de Barcelona, que movilizarían unos 90 millones viajeros al año, no tiene fecha de inicio por la falta de dinero y, al igual que la ampliación de la línea 11 del suburbano de Madrid, debería optar por los fondos europeos.

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