La construcción reclama una contratación pública exprés para exprimir los fondos de la UE
El Gobierno estudia agilizar los procedimientos dentro de la Ley de Contratos
Distintos colectivos empresariales de la construcción, como la CNC, Seopan, Anci o la comisión de infraestructuras de la CEOE, están en contacto permanente con el Gobierno, esencialmente a través del Ministerio de Transportes, en busca de mecanismos de contratación pública más ágiles.
Se trata de preparar el terreno para aprovechar al máximo la lluvia de fondos que vendrá desde Bruselas. Y es que, los estrechos plazos que ofrece el Plan de Recuperación y Resiliencia propuesto por la UE no mezclan bien con largos trámites de contratación.
El presidente de la CNC, Juan Lazcano, afirmó ayer durante su intervención en el foro Potencia, que la Administración ha sido receptiva ante esta inquietud de las constructoras y trabaja para estrechar los márgenes de tiempo entre licitación y adjudicación de obras.
El 70% de las subveciones deben estar comprometidas entre 2021 y 2022
Desde el órgano que sirve de cúpula a las múltiples asociaciones de la construcción, Lazcano dice confiar en la oficina económica de Moncloa para llegar a tiempo, a mediados de este mes, con la declaración de intenciones que ha de remitirse a la Comisión Europea para acceder a los 140.000 millones entre préstamos y subvenciones. Sin embargo, la CNC demanda un papel protagonista para los ministerios inversores, el de Transportes y el de Transición Ecológica (de ellos depende más del 70% de la inversión en la Administración Central) tanto en la configuración del programa de actuaciones previstas por España como en el necesario diálogo con las Comunidades Autónomas.
Otro requerimiento desde Bruselas, con el que coincide el sector español de la obra pública, es que la programación de actuaciones vaya acompañada por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Difícil asignatura.
“Crear las condiciones adecuadas para la rápida ejecución de los proyectos de inversión es crucial para el despliegue de la ayuda a la recuperación. Para ello hay que detectar los cuellos de botella y sus razones, tanto en los Estados miembros como a escala de la UE”, señaló Lazcano durante su conferencia.
La candidatura de la obra pública
Cualidades. La construcción se ha postulado como gran receptor de los fondos de recuperación por su rapidez de respuesta, si es que se adapta la Ley de Contratos; la experiencia acumulada con otros mecanismos de ayuda; una atomizada base empresarial que, sin embargo, se estructura en torno a un convenio colectivo nacional, y una Ley de Subcontratación propia. Además, cuenta con empresas capaces de complementar la inversión pública con financiación privada.
Formación. La Fundación Laboral, con 48 centros de formación, es una plataforma capaz de atraer y preparar rápidamente a trabajadores de otros sectores afectados por la crisis.
Creación de empleo y retornos. Cada millón invertido genera diez puestos de trabajo directos y cinco indirectos, además de una actividad económica inducida de 1,9 millones.
Carencias. España acumula retrasos en inversión en depuración de aguas. También tiene carencias en conservación de carreteras; está en el vagón de cola de la UE en la transferencia de mercancías de la carretera al ferrocarril, y gran parte de los edificios públicos y privados suspenden en materia de eficiencia energética.
Además de hablar de los ritmos de la contratación pública, también fue crítico con las trabas administrativas para la creación de empresas, la escasez de mano de obra cualificada, una fiscalidad elevada y compleja, o con la lentitud de los procedimientos judiciales. “El éxito de la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia depende de que se superen eficazmente los obstáculos a la inversión y mejore el entorno empresarial, para lo que son necesarias reformas estructurales complementarias”, aseveró el presidente de la CNC.
Plazos
El Gobierno se enfrenta a un exigente calendario para justificar la llegada del maná europeo. El importe de 140.000 millones que corresponde a España, de un total de 750.000 millones que incluye el programa Next Generation, se divide en 67.300 millones en créditos y 72.700 millones en subvenciones. Según acuerdo del Consejo Europeo, el país debe elaborar un plan nacional de recuperación y resiliencia con las inversiones previstas entre 2021 y 2023, todas ellas dentro de los objetivos de la UE. Entre estos últimos destacan las transiciones ecológica y digital, la creación de empleo y el crecimiento económico.
Un esbozo del plan debe estar a mediados de este mes, y el documento definitivo tendría fin de plazo para su presentación en abril del próximo año, como anexo al Programa Nacional de Reformas. Para entonces, la CE se dará dos meses para examinar la documentación.
La necesidad de agilidad en la contratación pública se debe a que el 70% de las subvenciones amparadas por el mecanismo de recuperación deben estar comprometidas entre 2021 y 2022, quedando el 30% restante para el cierre de 2023. De este modo, la contratación debe estar cerrada en los próximos tres años y los pagos, realizarse antes de final de 2026.
En principio, esta inyección podrá combinarse con otras fuentes de financiación, “si no hay doble financiación y si se señalan ex ante en sus planes de recuperación y resiliencia las diversas contribuciones recibidas”, apuntó Lazcano. Para ello, resulta clave la coordinación en la planificación y aplicación de los fondos entre Administraciones y agentes económicos.
Otro punto que preocupa en la construcción es si el Gobierno cuenta con una cesta de proyectos con la tramitación suficientemente madura como para ser licitados y adjudicados dentro del programa de ayudas. Una duda ante la que altos cargos de Transportes están tranquilizando.
El sector habla de oportunidad para poner al día el parque de edificios de viviendas, un 95% construidos sin el amparo del Código Técnico de la Edificación, así como para actualizar infraestructuras y completar redes de transporte tras diez años de cruda consolidación fiscal y un impacto del 50% en la inversión pública.
Desde Seopan se han identificado necesidades de inversión por 157.000 millones entre 2021 y 2030, mientras que la Asociación Española de la Carretera cuenta con un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas con un presupuesto de inversión de 32.000 millones.
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