España mejora en depuración pero aún incumple la normativa

El país suspende en el tratamiento biológico y de fósforo y nitrógeno

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España mejora la gestión de aguas residuales, pero sigue incumpliendo la directiva europea, concluye la Comisión Europea en un informe publicado este mes y que analiza el grado de ejecución de la normativa por parte de los Estados miembros. El problema está en las poblaciones pequeñas, que adolecen de infraestructuras adecuadas para el tratamiento secundario y terciario. Es decir, para la eliminación de la materia biológica y los nutrientes (fósforo y nitrógeno). Ahí es donde el país suspende, destaca este décimo reporte, que abarca el año 2016 y que incluye datos sobre más de 23.600 aglomeraciones.

“Vamos mejorando, pero el ritmo es superlento; no el deseable para cumplir la directiva”, advierte Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). La situación es prácticamente la misma, pese a que evalúa cifras de 2016, aclara. En cuanto a materia orgánica, el 12% no se depura. “Unos cinco millones de personas desatendidas, apunta Morcillo”, de Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, cuyo grado de cumplimiento es peor (del 70%), según el informe bienal.

Afecta en gran medida a Asturias, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha

El porcentaje empeora en la terciaria (34%), donde repiten las mismas regiones, salvo Asturias, pero se suman Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Cataluña y Baleares. La normativa, de 1991, exige el tratamiento secundario en poblaciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes, y la terciaria, en zonas ambientales sensibles.

“La situación ha mejorado mucho. Desde 2000 se ha triplicado el número de las EDAR [depuradoras] con tratamiento terciario; las de tan solo primario han sido reemplazadas por otras con tratamiento secundario”, comenta Javier González Yélamos, profesor titular del grado de Ciencias Ambientales y del máster en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la Recuperación de Recursos de la Universidad Autónoma de Madrid.

La justicia europea multó en 2018 al país con 12 millones por su infracción reiterada

González Yélamos avisa de la posibilidad de que haya “cierto maquillaje” en los datos, al efectuarse este análisis con información aportada por cada país. Le sorprende, por ejemplo, que Portugal, con 8 plantas de tratamiento primario, 271 secundario y 193 terciario, salga mejor parada que España, con 32, 619 y 1.174, respectivamente.

El avance se extiende al conjunto de la UE (incluido Reino Unido). En la recogida, el grado de cumplimiento es del 95%. En tratamiento secundario, del 88%, y en el terciario, del 86%. “Sin embargo, aún estamos lejos de lograrlo. La distancia del objetivo sigue siendo considerable en algunos Estados miembros”, alerta el documento. El 1% no se recoge, 6,6 millones de habitantes equivalentes; el 6% incumple la depuración secundaria, 37 millones, y el 8%, la terciaria, 32 millones.

Falta de fondos

Otro de los desafíos es la falta de financiación y planificación del sector para poder alcanzar este objetivo, clave en la conservación de los recursos naturales y la protección de la salud humana. “La vigilancia de las aguas residuales contribuyó a la detección del Covid y puede proporcionar un sistema de alerta temprana a las autoridades sanitarias”, indica el reporte .

Si bien los socios de la UE destinaron en total 229.000 millones de euros a este capítulo, la OCDE calcula que los países tendrán que invertir 253.000 millones adicionales entre 2020 y 2030, ya que los países no suelen incluir en este monto los costes operativos ni de mantenimiento, indican. “El gasto en muchos Estados ha resultado ser demasiado bajo [ver gráfico] a largo plazo”, enfatizan.

González Yélamos cuenta que en España ocurre, en ciertos casos, que hay dinero para instalar la depuradora pero menos para el mantenimiento, en manos de los municipios, ya que lo dejan más de lado por el gasto que supone. “De cara a la información remitida a la UE hay una planta instalada, pero la calidad de esa depuración puede dejar mucho que desear”, afirma.

Extremadura y Andalucía han anunciado este año inversiones en el área

En España, la necesidad para los próximos diez años es de 25.000 millones adicionales, 2.500 millones anuales, para todo el ciclo urbano del agua (abastecimiento, depuración, digitalización, renovación...), calcula Morcillo. Esta asociación trasladó al Gobierno, las comunidades autónomas y ayuntamientos la importancia del sector en la recuperación. “Mejora el medioambiente, crea empleo de calidad y fomenta la economía circular. Es una buena oportunidad para que sea un posible receptor de los fondos europeos”, arguye. Antes de la crisis de 2008, llegó a invertir 3.000 millones, ahora la media es de 400 millones.

Además, Javier Santos, director de tratamientos de agua de Suez España, recuerda que muchas de las plantas están llegando al final de su ciclo de vida. “No hay que olvidar que la gran mayoría de instalaciones de depuración tienen entre 20 y 40 años de antigüedad, por lo que es completamente necesario un cambio en las inversiones dedicadas al ámbito de saneamiento. Este esfuerzo inversor no ha de ser puntual, sino sostenido en el tiempo”, subraya.

Santos insiste en que, “aunque todavía queda un muy pequeño porcentaje de núcleos poblacionales sin tratamiento de aguas residuales y haya que luchar por llegar al 100% de cobertura, no hemos de olvidarnos de las inversiones en renovación, explotación y mantenimiento de las actuales”.

El anuncio de la Diputación de Badajoz a principios de mes de que desembolsará 16 millones para la construcción de 20 depuradoras en la provincia es una de esas pequeñas actuaciones. La de Mérida, que en julio comunicó la inversión de 168.000 euros para renovar su depuradora. O Andalucía, que informó en junio de 575 millones a infraestructuras hidráulicas. En 2018, el Tribunal de Justicia de la UE multó a España con 12 millones por el reiterado incumplimiento de esta directiva, y una sanción de 11 millones semestrales hasta que lo resuelva. Según una publicación de El País de febrero, ya ha abonado 32,7 millones.

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