La inversión público-privada como palanca para la recuperación tras la pandemia
Los expertos abogan por ampliar el foco de las infraestucturas a ámbitos como la sanidad, la educación, la investigación o la externalización de las empresas
La pandemia de coronavirus tendrá unas consecuencias en la economía española que van a requerir de actuaciones contundentes en política económica que garanticen la resiliencia del país de cara al futuro. La crisis se presenta en una coyuntura en la que las capacidades fiscales del Gobierno tienen poca capacidad debido al elevado endeudamiento, acelerado por el Covid-19, lo que convierte a la colaboración público-privada en una de las claves de la recuperación, partiendo de la oportunidad que proporcionarán las ayudas europeas destinadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
Esta es una de las conclusiones de los expertos que participaron en el debate sobre “La colaboración público-privada para financiar la recuperación”, en el marco de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizado por CincoDías con la colaboración de Banco Santander. Los expertos reclamaron que las fórmulas de colaboración público-privada en la inversión debe ampliar su foco y abarcar todos los ámbitos que estimulen el crecimiento potencial de la economía. Reclamaron también mecanismos de seguridad jurídica, mayor planificación de los proyectos ajustados a las necesidades y rentabilidades razonables para atraer la inversión.
El profesor de Economía del IE Business School Fernando Fernández señaló la necesidad de establecer un régimen de colaboración a largo plazo para abordar inversiones relativas a un gran número de materias, como la educación, la sanidad o la investigación, de cara al plan de reformas que España tendrá que presentar en Bruselas para conseguir financiación comunitaria, siendo conscientes de que “el dinero no llegará hasta casi dentro de un año y que el país tendrá que buscar sus propias fórmulas para comenzar a remontar”.
El plan presentado por la Comisión Europea, que está sujeto a que los Estados miembros lleguen a un acuerdo, movilizaría 750.000 millones (500.000 en transferencias directas).
Tradicionalmente España se ha centrado en los proyectos de infraestructuras cuando se ha querido impulsar la actividad a través de la colaboración público-privada; pero, a juicio de Fernández, esta decisión “es un error”, aunque haya necesidades de mejora en la red de carreteras y transporte. “No podemos pensar que vamos a salir de la crisis siempre a base de hacer carreteras y pisos en la costa”, dijo, apostando por ampliar la visión de las inversiones.
Así, Fernández vio necesario invertir para redirigir el sistema educativo a uno basado en la colaboración público-privada con el fin de aumentar el PIB potencial del país. También abogó por financiar la transición a un sistema de pensiones mixto y transformar el mercado de trabajo, señalando la necesidad de crear un sistema de inserción de empleo que funcione de manera competitiva, “cuestiones capitales para un crecimiento futuro sólido”.
Control de los proyectos
Para todo ello, apostó, coincidiendo con todos los expertos de la mesa celebrada de forma telemática, en la creación de Instituiciones de selección de proyectos a partir del estudio de su financiación, transperencia en la ejecución y gestión ulterior. Así, explicó que la primera tiene que contar con el sector privado en términos de “proporcionar expertos como politólogos o economistas, que analicen las inversiones y las oportunidades de los proyectos”. La segunda, que asumiría el papel de gestor financiero, “tendría que analizar la rentabilidad de dicha propuesta, como cualquier empresa privada”, y la tercera, sería la oficina de evaluación posterior, aunque esta ya existe, gracias al papel de la Airef.
Por su parte, la profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada María de los Ángeles Baeza Muñoz subrayó que los proyectos de infraestructuras son esenciales en una situación de crisis como la actual porque favorecen el crecimiento económico pero que para que estos funcionen se requieren de grandes recursos financieros y un marco jurídico “sólido”. De esta manera, planteó un plan estratégico de infraestructuras, que no cambie con cada legislatura y asegure la eficiencia de los proyectos a largo plazo. Aun así, aseguró que “efectivamente hay que ampliar el abanico” de actuación público-privada, en ámbitos como por ejemplo la investigación. “El sector privado tiene mucho más que aportar, no solamente es financiación, también puede aportar eficiencia”, aseveró.
Con esta afirmación coincidió el director de Advocacy del Banco Santander, Juan del Alcázar, quien aseguró que una de las claves del éxito en la gestión de los peores momentos de la crisis ha sido la colaboración público-privada, protagonista en la acción de los gobiernos. En el caso de España, hizo referencia a los créditos ICO, a las moratorias hipotecarias o de créditos al consumo. “Incluso los bancos han adelantado el pago prestaciones ERTE que se estaban retrasando”, apuntó.
Apoyo a las empresas
Con respecto al reto de acceder a los fondos europeos, Del Alcázar subrayó que si se cuenta con el apoyo del sector privado, “no solo bancos sino las propias empresas beneficiarias estarán incentivadas a tomar decisiones”. En este sentido, insistió en la necesidad de apostar por la generación de emprendedores e impulsar el crecimiento de las pymes para impulsar a que sean líderes, en ámbitos como en nuevos materiales, la microbiología o la revolución agraria. Para llegar a ello, el experto señaló que no siempre se necesita financiación, sino reducir las trabas y poner en marcha mecanismos de estímulo.
Por su parte, el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, lamentó que España piense en reforzar las iniciativas de colaboración público-privada solo en época de crisis y que no se tenga una estrategia planificada con anterioridad. Aseguró que en el ámbito de la digitalización es donde hay que hacer el “salto”, a pesar de que el Covid ha hecho mucho por acelerar esta tendencia. “En Europa seguimos dependiendo de las tecnologías extranjeras en lo puntero”, dijo, abogando por incentivar los proyectos de Inteligencia Artificial (IA) a nivel comunitario.
En paralelo, el director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, afirmó que para acceder a las ayudas de la UE, el primer reto será poner encima de la mesa un plan con proyectos de envergadura, que tiene que contemplar entre otras cosas el apoyo a las empresas solventes, para que sobrevivan y se transformen, así como el incentivo a que mejoren sus posiciones en las cadenas de valor. Pérez también abogó por el refuerzo de la edificación, de una forma sostenible, generando valor, al mismo tiempo que se impulsa el turismo o la descarbonización en el sector de la energía.