Iglesias juega duro y se impone a Sánchez, Calviño, Escrivá...

En unas semanas prohíbe los despidos, universaliza el subsidio de paro, limita el alquiler y endosa una renta mínima universal de incalculable coste

Iglesias juega duro y se impone a Sánchez, Calviño, Escrivá...

Una situación de crisis excepcional justifica la adopción de medidas excepcionales por un tiempo estrictamente excepcional; pero en absoluto ampara iniciativas extraordinarias para convertirlas en estructurales. A nadie se le pasaría por la cabeza que el confinamiento para atajar la expansión del coronavirus Covid-19 se mantuviera para siempre aun cuando se haya superado la pandemia, como a nadie se le ocurre mantener el paraguas abierto cuando ha cesado la lluvia. Con este proceder, el Gobierno mantendrá determinadas decisiones económicas en tanto se recupera la normalidad económica, pero otras muchas decisiones, sobre todo las de carácter socioeconómico, han venido para quedarse no porque sean de imperiosa necesidad, sino por iniciativa de los gobernantes. Atentos a cuantas modificaciones laborales y de redistribución de la riqueza Podemos ha logrado arrancar al Consejo de Ministros en las últimas semanas y arrancará en las venideras.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha utilizado el poder que le proporciona su estatus en Moncloa para poner en marcha pequeñas dosis del programa electoral de Podemos, que pueden parecer insignificantes y hasta imprescindibles en una situación de alarma social, pero que tienen una trascendencia muy elevada y un coste de incalculables dimensiones. En solo tres meses de gestión, y en solo cinco semanas de confinamiento social, Pablo Iglesias ha arrancado al Consejo medidas laborales y de distribución de la riqueza desconocidas antes en el acervo normativo, y que conociendo la venalidad del líder de Podemos y la pasividad mostrada por el presidente, se quedarán para siempre en la norma y en el Presupuesto.

Más allá de las disertaciones ideológicas sobre la estatalización de la economía con las que Iglesias nos ha obsequiado en algunas de esas ruedas de prensa propagandísticas de las últimas sobremesas, en las que se le ven las costuras, hay que tomarse en serio las propuestas que han terminado en el Boletín Oficial, así como la facilidad con la que se han abierto camino. La imagen de dos Gobiernos en uno o de un Gobierno con la oposición dentro de sí que todos nos imaginábamos, en la que sospechábamos que la capacidad de enredo y de abrir debates por parte del vicepresidente era infinita, pero sus poderes reales para imponer decisiones sería limitada, ha quedado desvanecida. El supuesto conformismo y moderación que proporciona el poder a quien nunca lo había tenido, el autoapaciguamiento que algunos creímos detectar cuando vimos a Echenique con corbata o a Iglesias de ministro de día junto al Rey, y que interpretamos que su único objetivo era seguir en el cargo lo máximo posible, hay que revisarlo.

La infinidad de elementos del programa de Unidas Podemos que cuadran mal, o no cuadran, en una economía de mercado que carece de los niveles de riqueza y poderío empresarial de Alemania u Holanda, es una enmienda a la totalidad a la manera de organizar la economía y la sociedad a la que España está acostumbrada. Pero algunos de ellos han sido incorporados ya a la economía, y otros lo serán en los próximos años si el Gobierno sobrevive a sí mismo tras la crisis sanitaria y la hecatombe económica que se avecina.

Es cierto que algunas de las cosas que el partido neocomunista propone están con otra literalidad en el programa socialista; algunas por iniciativa propia y otras por el ejercicio natural de imitación que existe en toda disputa de un territorio electoral, por una simple podemización del PSOE, que en unas cuestiones es más evidente que en otras. Se trata de movimientos tradicionales en toda Europa y se producen tanto en la izquierda como en la derecha. Pero si tienen más lógica cuando se disputa el voto de la gente, algo que ocurre tanto cuando hay elecciones como cuando se busca sitio en la oposición, pierde buena parte de ella cuando se gobierna; y más cuando se gobierna después de haber gobernado, como es el caso del PSOE.

Pero esto es lo que hay, y el vicepresidente segundo parece gozar de más favor del presidente Sánchez que la vicepresidenta tercera, que debería autorizar todas y cada una de las decisiones que afectan a la economía y al mercado de trabajo. Esto fue, como otras muchas cosas que se ha llevado el viento sin la explicación debida, algo que prometió Sánchez en la campaña electoral para superar el insomnio.

Además de una regulación de los alquileres que maniata la capacidad de subir precios al propietario, Podemos puso lo suyo para que el salario mínimo diera un estirón mayor del previsto y que ha costado miles de empleos como el propio Gobierno ya admite, aunque lo considera un precio razonable a pagar. Pero sus mayores aportaciones se han concentrado aprovechando la excepcionalidad económica en tratar de proteger rentas laborales, descuidando la protección de las empresas que las soportan. Han modificado el comportamiento natural de los expedientes temporales de empleo, prohibiendo despedir por un periodo posterior de seis meses a la empresa que lo utilice; han prohibido despedir por causas objetivas imputables al Covid-19 mientras dure la alarma (ya veremos después), lo que puede llevar a despedir de forma improcedente y más costosa; han universalizado el seguro y subsidio de paro, ampliándolo a los contratos temporales destruidos (unos 900.000) aunque no existiese la cotización que generaba el derecho; y, como traca final, la creación de un ingreso mínimo vital para hogares sin recursos, y que el programa de Podemos calcula, exagerando como siempre, que puede alcanzar a diez millones de personas (Seguridad Social habla de tres). Un mecanismo que, por muy condicionado que esté, despierta dudas razonables por la capacidad que tiene de inhibir la búsqueda de empleo, y que más parece una extensión grosera del PER a toda España que una auténtica necesidad social.

Con este panorama, durante los meses venideros cobrarán prestaciones públicas ocasionales nueve millones de personas, sin contar los nueve millones de pensionistas y los tres millones de funcionarios. A saber: cuatro millones de asalariados en ERTE, 700.000 parados con contrato temporal, un millón y pico de autónomos con prestación por cese de actividad, un millón largo de hogares que se acogerá al ingreso mínimo vital,... y los dos millones de parados que ya estaban con prestación cuando todo iba bien.

Y todo esto ¿quién lo paga? El Estado lo soportará coyunturalmente, porque hay barra libre para emitir deuda en toda Europa con la cobertura del BCE. Pero cuando esto pase, que pasará, los financiadores volverán a por nosotros y nos dirán qué podemos pagar y qué no. Y apuesto a que nos dirán que tanto dispendio, no. No podemos si llevamos antes la deuda al 115% del PIB como vaticina el FMI, y tenemos pendiente la monumental reforma de las pensiones que se tragan cada año casi 20.000 millones de deuda nueva. No podemos llevar el gasto al nivel de la ingenua arcadia populista de la izquierda, que cree que el Estado es inagotable y que el dinero lo hace una máquina.

José Antonio Vega es director adjunto de Cinco Días