¿Cómo funciona un mercado de derechos de emisiones de carbono?

Acordar el precio y un nivel máximo de toneladas anuales, clave

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Todos hablan en la COP25 de la necesidad de fijar un precio al carbono. El conocido artículo 6 del Acuerdo de París que a día de hoy es, cuatro años después, uno de los principales puntos de desa­cuerdo entre las partes (hasta ayer, las negociaciones estaban estancadas). De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió en la inauguración de la cita internacional eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y poner un valor a las emisiones.

Pero ¿cómo funciona o debe funcionar el comercio de derechos de emisiones ? ¿Qué sectores tienen la obligación de comprar estos créditos? ¿Qué tipo de instrumento quiere implantar la ONU para el conjunto de países?

Es necesario contar con un regulador que fije las reglas de juego

La Unión Europa cuenta desde 2005 con uno (ETS, por sus siglas en inglés), que incluye a la industria pesada, las plantas de generación de energía y la aviación. El objetivo es, gracias a este instrumento que fija el precio en 25-30 euros (en la crisis llegó a caer a 4 euros la tonelada, y era barato contaminar), reducir las emisiones de dióxido de carbono y así contribuir a contener la subida de la temperatura, mejorar la calidad del aire e incentivar la inversión en tecnologías limpias.

“En un mercado normal hay un regulador, por ejemplo la Comisión Europea, que fija el máximo de toneladas de CO2 que se pueden emitir al año. Pongamos que son 1.000, y si crea derechos de emisión de una tonelada cada uno, son 1.000 derechos de emisiones”, explica Pedro Linares, profesor e investigador de Comillas ICAI.

Los países difieren en cómo implementar el mecanismo de recorte de gases

Luego, lo mejor –considera– es subastar esos derechos, “de tal manera que el que los necesite para poder emitir una tonelada, tiene que comprarlos”. Esto, a su vez, genera un mercado secundario. Es decir, una compañía puede comprar o vender esos permisos. “Imagina que adquirió 10 pero, de repente, sube la producción y necesita emitir más. O se da cuenta de que es más barato cambiar su proceso, ser más eficiente, y los vende. Hay gente dispuesta a comprar para poder emitir más y a vender porque contamina menos”, ilustra el también coordinador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas ICAI.

Pero estas compras no son ilimitadas, avisa, y es lo que lo diferencia de otros sistemas, ya que el regulador, la UE, restringe la cantidad total de permisos, que se recorta además cada año para cumplir con las metas climáticas. Y es cuando se produce escasez, hay menos permisos en circulación y las empresas tienen que disminuir sus emisiones o bien pagar más por contaminar.

El espinoso artículo 6

Su debate en la COP25 es otra cuestión. “Este preveía la posibilidad de crear un mercado de comercio de emisiones, de manera que si un país excediera en el futuro los objetivos originales de reducción de su plan nacional, se los pudiera transferir a otro que tuviera dificultades para cumplir el suyo, lo que minimizaría el coste de la transición energética a escala mundial”, indica Alberto Martín Rivals, socio responsable de energía de KPMG en España.

Sin embargo, su puesta en marcha es más compleja, a juicio de Linares, ya que, “primero, no impone una cantidad máxima de emisiones, se basa en contribuciones voluntarias. Segundo, no se ha determinado cuándo una reducción es adicional, esto es, si un Estado baja sus gases por encima de lo esperado, ¿lo puede vender o contar dentro de lo que piensa que tiene que recortar? Y tercero, quién verifica y cómo se registra esa reducción adicional para evitar el famoso doble conteo, que preocupa a Europa”, aclara el experto.

Hasta ahora, las contribuciones de los países son voluntarias, lo que ralentiza el cambio

En esta discusión de implementación surgen también voces críticas que aducen, por un lado, que incentiva a los países que pueden reducir más emisiones a fijarse una meta poco ambiciosa al poder venderlo, y por el otro, que “mercantiliza” un problema esencial de supervivencia humana, al permitir a los países más ricos comprar las obligaciones a los más pobres, en lugar de hacer el esfuerzo en su territorio, añade Martín Rivals.

Una de las propuestas es que la ONU sea el árbitro, pero Linares recuerda que ya el protocolo de Kioto contaba con un mecanismo de desarrollo limpio que así lo establecía, pero que acabó como un “rosario de la aurora: hubo casos de influencia y no estaba clara su efectividad. La ONU tiene que ser muy firme para fijar bien los criterios y mantenerlos. Hay países en desarrollo que van a recibir dinero, y a los desarrollados les interesa que sus reducciones no les cuesten mucho”.

“Cuando se ha puesto en marcha de manera adecuada, este tipo de instrumentos ha demostrado su eficacia para reducir emisiones minimizando el coste económico asociado”, opina Martín Rivals, quien cree que el precio lo debe determinar el mercado en función del coste marginal y que lo primero es elevar el compromiso de los Estados.

El otro asunto es extenderlo a otros sectores, algo que parece que la UE hará en breve. No obstante, Linares cree que para que sea efectivo en el transporte, el precio del carbono debe estar por encima de 100 euros.