Los expertos auguran que la próxima reforma de pensiones exigirá “cesiones” de trabajadores y jubilados

Escolano alerta de la disminución de la inversión pública para pagar las pensiones, porque eso llevará a España a "comerse su propia capacidad de crecimiento"

reforma de las pensiones

En 1993, el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hizo unas declaraciones públicas diciendo a los jóvenes que empezaran a pensar seriamente en ahorrar para pensiones privadas porque hacia los años 2020 o 2025, las cuantías de las prestaciones públicas no podrían mantenerse en tasas superiores al 80% del último salario del pensionista. Fue ampliamente criticado y hasta el presidente del Gobierno del momento, Felipe González, tuvo que salir públicamente a respaldarle.

Así lo ha recordado hoy la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chuliá, para explicar que Solbes y González se limitaron a hacer públicas las cifras que conocían y es que, a mediados de la presente década, desembarcarán en el sistema de pensiones la generación del baby boom, más numerosa y con mejores carreras de cotización y que vivirán más años, lo que hará tambalear aún más la ya maltrecha sostenibilidad de la Seguridad Social.

Esta experta demógrafa --que ha participado hoy en la V Jornada de Planes de Pensiones en España patrocinada por Ibercaja y Cinco Días titulada Feliz longevidad, un desafío para el ahorro a largo plazo-- ha considerado que los poderes públicos y las instituciones han cometido el error de presentar el envejecimiento de la población como un logro, por el "control de la mortalidad que supone", sino muy al contrario, haberlo presentado asociado a pérdida de calidad de vida. La rectificación de este mensaje, allanaría en su opinión, la mejor aceptación de la sociedad a las reformas que son ahora necesarias para hacer financieramente sostenible el sistema.

Pero ¿qué es lo que hay que hacer para garantizar la viabilidad de la Seguridad Social? Otra de las participantes en esta jornada, Inmaculada Domínguez, profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura tiene claro que "o todos cedemos en algo o no habrá una solución". Según su análisis todos los agentes implicados deberán "ceder para poder ganar". El primero el colectivo de los expertos y académicos que, en su opinión tendrán que admitir que en materia de pensiones "el papel lo aguanta todo pero quizás la sociedad no esté preparada para sus recetas"; los políticos deberán asumir el coste electoral de las decisiones que tengan que tomar; las entidades financieras deberán adaptar sus productos; los cotizantes aumentar algo su esfuerzo y los pensionistas "tendrán que dejar de pedir y pedir sin pensar en las consecuencias".

En este escenario de mayor longevidad y dificultades financieras del sistema de pensiones, el profesor de CUNEF y exministro de Economía del último Gobierno de Mariano Rajoy, Román Escolano, que también participó en este encuentro, se centró en otro tipo de cesión: la que hace toda la sociedad por una menor inversión pública derivada de esta situación. "Una economía que no invierte porque tiene que pagar sus gastos corrientes (entre ellos las pensiones) y en lugar de destinar dinero del pasado al futuro lo hace al revés y destina dinero del futuro al pasado, se está comiendo su propia capacidad de crecimiento", ha sentenciado.

Ante esto, Escolano sugirió que las reformas más efectivas y probablemente más aceptadas para financiar un incremento del gasto en pensiones de tres puntos hasta 2024, serán, siempre y cuando se mantengan las reformas y mejore la creación de empleo, tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión y retrasar la edad de jubilación.

Mientras que el académico en Medicina, Antonio López Farré, se mostró partidario de que no haya una misma edad de jubilación para todos, si no que se debería adaptar al tipo de empleo, edad biológica y enfermedades del trabajador.

 

 

 

El exministro que reformó el sistema

Las dos ultimas grandes reformas de las pensiones se llevaron a cabo en 2013 y 2011. El entonces ministro socialista de Trabajo, Valeriano Gómez, fue el artífice de esta última, que retrasó progresivamente la jubilación a los 67 años; amplió el periodo de cómputo a 25 años y endureció el acceso al 100% de la pensión. Gómez participó ayer en esta jornada y expuso sus recetas para la próxima reforma.

Partió de la base de que la sociedad española debe asumir que mantener el sistema de pensiones requerirá un esfuerzo “ostensiblemente mayor y habrá que decidir cuánto está dispuesta a esforzarse para ello”. Dicho esto consideró “razonable” que España pase a destinar cuatro puntos más de PIB (el 15%) a pagar pensiones a mediados de siglo. Y planteó propuestas como pasar dos puntos de cotización por desempleo a pagar pensiones; calcular la pensión con toda la vida laboral o reducir la posibilidad de jubilarse a los 65 años con largas carreras de cotización y generalizar así el retiro a los 67 años, como prevé la ley que él mismo aprobó.

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