La red de AVE llegará a la liberalización con 13.100 millones en fondos europeos
El apoyo desde Bruselas cubrirá un 24% de los 55.000 millones invertidos
Uno de cada cuatro euros invertidos en los más de 3.000 kilómetros de líneas de alta velocidad que cosen España de arriba a abajo habrá procedido de fondos europeos cuando se proceda a la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, en diciembre de 2020. Todo un hito a la vista de que la lluvia del dinero comunitario depende de la ejecución de los proyectos en tiempo (dentro de unos márgenes estipulados) y forma.
Las estimaciones que manejan el Ministerio de Fomento y el gestor de la infraestructura Adif, y a las que ha tenido acceso Cinco Días, reflejan que la inversión total cuando el AVE se abra a la competencia habrá alcanzado los 54.992 millones de euros, de los que 13.154 millones proceden de Bruselas desde que comenzara a construirse la línea Madrid-Sevilla.
A esta aportación del 24% sobre el total invertido, y al margen de la financiación que ha llegado de órganos como el BEI, se suman otros 1.114 millones de ayuda de los distintos fondos comunitarios que se ha insuflado al desarrollo de las redes de ancho ibérico (ferrocarril convencional) y vía estrecha.
La del AVE ha sido la gran apuesta del país en el terreno de las infraestructuras, aún lejos de ser rentabilizada. De hecho, la apertura de la alta velocidad y servicios de larga distancia a la competencia tiene el doble objetivo de dotar de mayores posibilidades de movilidad a los ciudadanos e incrementar el uso de corredores en la mayor parte de los casos infrautilizados.
Exigencia
La solicitud de ayuda a la UE por parte de Adif ha requerido que sus planes estén alineados con los objetivos de cada tipo de fondo comunitario, y también que pasen el examen de la CE. Pero el verdadero reto de la compañía que actualmente preside Isabel Pardo de Vera ha sido, y es, el cumplimiento de los plazos de las obras.
Las ayudas llegan de forma acompasada al avance en las actuaciones comprometidas, y cualquier retraso pone en riesgo la obtención de las mismas. A la dificultad técnica de administrar la red se suma, por tanto, un esfuerzo de gestión administrativa para cumplir con Bruselas. En medio del siempre vivo debate sobre si el tren de alta velocidad es un despilfarro, o no, si se han empleado bien o mal los fondos, y una vez conocidos tachones como la actuación en cártel de contratistas, sancionada por la CNMC en marzo con 118 millones, pocos cuestionan que uno de los grandes éxitos de Adif, y por extensión de los sucesivos Gobiernos, ha sido el de la gestión de las ayudas.
La escasez de presupuesto para hacer avanzar la red durante la crisis económica, y no pocos imprevistos en las obras, han puesto a prueba a la empresa pública y al sector de la construcción. La reprogramación y ajustes de recursos salvaron fondos europeos en el AVE a Galicia, concretamente en el complejo tramo Pedralba-Taboadela; en el segmento de vía entre Sotiello y Campomanes, en el entorno de los Túneles de Pajares; en el trazado de AVE extremeño que va de Plasencia a Badajoz, o en distintos tramos de la línea Monforte del Cid-Murcia.
Dos grandes pulmones
De los 13.154 millones de euros obtenidos para la alta velocidad española, más de la mitad, 7.565 millones, proceden del periodo 2000 a 2006, cuando la obra pública comenzó a despuntar; otros 3.924 millones fueron recibidos por Adif entre los años 2007 y 2013, y aún están ejecutándose fondos por 1.665 millones obtenidos en el 2014-2020.
Por tipología de fondos, los grandes protagonistas han sido los de cohesión, que financian grandes proyectos en materia de infraestructuras de transporte y medio ambiente en países con renta bruta per cápita por debajo del 90% de la media de la UE. A esta categoría, la red de AVE debe 6.943 millones.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), llamado a promover la competitividad y la convergencia de los territorios, ha entregado 5.500 millones. Enmarcado en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), los Feder son gestionados por el ministerio de Hacienda y Función Pública, como los FSE, Feader y Femp.
La infraestructura de alta velocidad se ha beneficiado en 331 millones de las ayudas RTE-T, de cofinanciación de proyectos de interés común en redes transeuropeas de transporte y energía. Y del mecanismo Conectar Europa (CEF), gestionado por la Agencia INEA, llegan 380 millones.