Tres cárteles en la obra ferroviaria y sus tretas para el reparto de ingresos durante 14 años

La CNMC acredita prácticas como el sorteo del ganador entre los contratistas o la obligada subcontatación de los perdedores

Más de 250 contratos públicos de Adif, con un presupuesto global superior a los 1.200 millones (sin IVA) para electrificar y equipar líneas convencionales y de AVE, han estado durante tres años bajo la lupa de la CNMC. Sus adjudicatarias han sido sancionadas por actuar en tres cárteles en todo el país con peculiares modus operandi. El expediente cerrado ayer por la CNMC, que incluye la petición de una prohibición de acudir a contratos públicos para las implicadas, tiene el voto particular de una de las consejeras de la sala de Competencia, María Pilar Canedo, quien subraya que las multas, por 119 millones, resultan “claramente insuficientes” ante la gravedad de las infracciones “y el desvalor que las mismas han generado en la sociedad y en la competencia”.

La Sala de Competencia da por acreditado que las 15 especialistas en obra ferroviaria investigadas (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electrén, comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) se repartieron decenas de proyectos adjudicados (líneas aéreas de contacto, catenarias, alimentación eléctrica, subestaciones, equipos electomecánicos, etcétera) y motivaron una drástica reducción de la competencia en los consursos, con el consiguiente encarecimiento de la contratación de Adif.

El primer cártel, integrado por 13 compañías (todas salvo Indra y Telice), fue a por 24 concursos por 837 millones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE. Los proyectos salieron a licitación entre abril de 2008 y marzo de 2016, y la práctica más común fue el denominado acuerdo Micro-Macro: las empresas afrontaban los concursos en distintas UTEs y la ganadora se aseguraba un margen (Micro) y compartía una parte de la producción y margen de beneficio prefijado con las perdedoras (Macro). Estas últimas acudían a esas licitaciones, según ha fundamentado la CNMC, con ofertas “no ganadoras para simular concurrencia competitiva”.

El segundo cártel destapado actuó durante 14 años (mayo de 2002 a noviembre de 2016) en la electrificación del tren convencional. En sus redes cayeron 173 licitaciones, de un mínimo de 239, en las que según dicta el regulador actuaron conchabadas. Las integrantes eran diez (todas menos Isolux, Comsa, Indra, Neopul y Citracc) y se repartieron 134 millones, según el expediente.

La puesta en escena se basaba en lo que dieron en llamar el ranking. Se trataba de sortear el orden de las adjudicaciones de los contratos de Renfe (posteriormente Adif, tras la segregación de ambas empresas públicas) para el mantenimiento de subestaciones eléctricas en líneas convencionales. Los que aparecían como perdedores disfrutaban a partes iguales de un 6% sobre la cifra de contratación.

Algunas de las implicadas recurrieron los registros ante la justicia, así como la petición de documentación confidencial

La Dirección de Competencia reunió evidencias respecto a este cártel en el registro a Electrén, donde encontró un manuscrito de 2002 firmado por directivos de Cobra, Cymi, Elecnor, Inabensa, Isolux, Moyale, Semi, Siemens, Vimac y la propia Electrén. Según el pacto, las obras con importe inferior o igual a 500.000 euros se asignarían a una empresa; los proyectos entre medio millón y un millón de euros irían a un consorcio de dos empresas, y las de un importe superior quedaban para grupos de tres. Todas se elegían en base al sorteo. En 2004 se variaron las cantidades.

La tercera alianza, entre 2013 y 2015, tuvo como socias a Alstom e Indra, a las que se sumó posteriormente Elecnor. La CNMC habla de firmas que podían justificar su concurrencia en UTE por contar con tecnologías complementarias, pero llegaron a compartir contratos “de menor cuantía o complejidad”. Una de ellas presentaba una oferta ganadora y la otra lo hacía acompañando. El pacto, que fue efectivo en contratos por 84 millones, era que la adjudicataria ofrecería trabajo a su aliada como subcontrata.

Resistencia

El caso arranca en mayo de 2016, cuando Alstom acude a la CNMC reconociendo una posible infracción contra la Ley de Defensa de la Competencia. Fue por un acuerdo para la manipulación y reparto de un proyecto de electrificación y electromecánica ferroviarios promovido por Acciona, a su vez adjudicataria del túnel Follo Line en Noruega.

El supervisor registró distintas sedes corporativas en julio y pidió documentos a la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

El 30 de mayo de 2017 contaba con inidicios sudicientes para abrir el expediente sancionador. Algunas de las compañías implicadas recurrieron a la justicia contra los registros y en defensa de la confidencialidad de documentos, pero la CNMC se abrió camino hasta dictar ayer un fallo que, a buen seguro, desatará una batalla judicial de años.