UE

La Comisión Europea abre 13 nuevos procedimientos a España por incumplimientos

El Ejecutivo comunitario demanda al país al Tribunal de Justicia y pide multas económicas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Todos los ojos están situados en la decisión que este jueves ha hecho pública la Comisión Europea (CE) de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir los valores máximos de dióxido de nitrógeno. El detonante, según ha asegurado EL PAÍS, ha sido la decisión del nuevo alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, de finalizar Madrid Central, el área de emisiones bajas que prohibía, desde 2018, el acceso de los vehículos más contaminantes al sector céntrico de la capital española. 

Pero la CE también ha abierto otros doce procedimientos contra España este jueves, de los cuales en uno de ellos el Ejecutivo europeo también demanda al país ante el TJUE. La CE ha pedido una multa de al menos 5.290.000 euros por no trasponer la Directiva sobre protección de datos personales de 2016 y ha afirmado que, a pesar de haber avisado en reiteradas oportunidades de las consecuencias de no trasponer la normativa, no recibió ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. 

La Comisión, que hasta el 31 de octubre presidirá el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha dado un ultimátum a España y a otros cinco Estados para que apliquen las normas de eficiencia energética con el objetivo de lograr un ahorro del 20% para 2020. España deberá responder las alegaciones presentadas por la CE y, si no lo hace, la Comisión quedará facultada para llevar al país ante el TJUE.

En el área laboral, España también ha recibido un reto por parte de la CE, ya que ha instado a compensar económicamente a los trabajadores que tienen regímenes especiales de descanso y que no pueden disfrutar de la totalidad de las vacaciones anuales que les corresponden, como es el caso de los funcionarios de la Guardia Civil, según ha valorado la CE.

"Las disposiciones nacionales de España son incompatibles con la Directiva europea sobre el tiempo de trabajo", ha establecido el Ejecutivo europeo. De igual manera, España tendrá un plazo de dos meses para contestar, aunque si no lo hace, la CE todavía debe cumplir pasos previos (envío de dictámenes) antes de ir al TJUE.

Los mercados tienen más posibilidades de abusar en España, que en Alemania, por ejemplo, según deja traslucir la CE. El Ejecutivo europeo ha asegurado que "las normas nacionales (de España y otros cinco países de la UE) no cumplen la normativa comunitaria sobre sanciones penales por abuso de mercado" y ha instado a que las modifiquen para que dejen de ser "insuficientes".

En el área de fiscalidad, por otra parte, la CE ha cuestionado que España obligue a los contribuyentes que no residan en el país a designar, en algunos casos, un representante fiscal con domicilio en España, lo que "puede dar lugar a costes adicionales y a obstáculos para los contribuyentes". 

"El hecho de que el representante deba residir en España obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo", ha agregado la Comisión, que ha acusado a España de quebrantar los artículos 45, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establecen la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

Más controles a las armas de fuego

Vox se alegraría de que España todavía no haya realizado la transposición de la Directiva sobre armas de fuego de 2017, que refuerza los controles sobre la adquisición y tenencia legales de armas de fuego. La CE ha recordado que los Estados miembros de la UE tenían tiempo hasta el 14 de septiembre de 2018 para aprobar la Directiva. En el dictamen enviado a España y a otros 19 países -la UE está conformada por 28 Estados-, la Comisión ha alertado de que si no comunican los avances que han realizado en este tema, llevará a España y a los otros 19 países al TJUE.

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