Crece el número de abogados que denuncia el acoso de sus clientes

Las mujeres del turno de oficio son las que más padecen estas actuaciones; los letrados exigen medidas de protección

Una treintena de abogados con toga reivindican el cada vez mayor número de casos de abogados y procuradores amenazados por sus clientes. El pasado miércoles acudieron como público a la celebración del juicio de una compañera amenazada que ellos mismos defendieron en los tribunales.
Una treintena de abogados con toga reivindican el cada vez mayor número de casos de abogados y procuradores amenazados por sus clientes. El pasado miércoles acudieron como público a la celebración del juicio de una compañera amenazada que ellos mismos defendieron en los tribunales.

En abril de 2018, Isabel (no es su verdadero nombre, pero ella prefiere ocultar su identidad por razones de seguridad), abogada del turno de oficio en Madrid, empezó a recibir audios y mensajes amenazantes de Whatsapp, presuntamente, de la exnovia de uno de sus clientes. “Hija de la gran puta, se dónde vives”; “te tengo localizada”; “lo vas a pagar caro”, decían las comunicaciones.

Isabel denunció los hechos, pero ni la orden de alejamiento y ni prohibición de comunicarse surtieron el efecto esperado. Las amenazas continuaron a través de su cliente con frases como “no voy a parar hasta que muráis tú y la zorrita de tu abogada”. Además, llegó a enviarle una foto de sus padres, a decirle sus nombres y enseñarle la dirección de su despacho. Esto le produjo ataques de ansiedad, miedo a salir a la calle y tuvo que recibir asistencia médica y psicológica.

Tres meses después, en junio de 2018, la supuesta autora de los hechos fue enviada a prisión provisional a la espera de un juicio que se celebró el pasado miércoles. A él acudieron como público más de 40 abogados vestidos con togas para protestar por el número creciente de casos de acoso y amenazas que dicen sufrir. Una situación de desprotección que, según denuncian, se extiende también a los procuradores.

Es el caso de Sandra, procuradora de Madrid del turno de oficio, quien ha llegado a recibir en un solo día 70 llamadas y miles de mensajes y audios de Whatsapp de contenido sexual y con coacciones de un cliente al que nunca había visto en persona. Según cuenta, lleva casi un año asustada porque el presunto acosador pueda hacerle algo. En febrero de este año denunció su caso tras enterarse que el hombre se había presentado en su domicilio y en su partido judicial, del que se ha tenido que ir. De hecho, hace unos días tuvo que ser acompañada por sus compañeros a denunciarle por séptima vez, la sexta por quebrantar la orden de alejamiento. “Me he llegado a plantear colgar la toga y cambiar de domicilio”, confiesa.

Además de los problemas económicos, los profesionales del turno de oficio también tienen que enfrentarse a estas dificultades en su día a día. Y, como en muchos otros trabajos, la mujer es quien más padece las agresiones o la intimidación de los clientes (o los clientes de la parte contraria). No obstante, y con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que se celebró el pasado viernes, Luis Álvarez, abogado de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), advierte que, de no tomarse medidas de protección, cualquiera de los 46.100 profesionales que ejercen de oficio (uno de cada tres), puede convertirse en víctima o sufrir consecuencias mayores.

Por perder un caso

Una de las situaciones que propicia las amenazas y las demandas de los clientes contra sus abogados es el no haber ganado su caso. Algo que, además, según Álvarez, sale gratis porque lo hacen a través del servicio de justicia gratuita con el fin de lucrarse o simplemente pleitear. “Hay quienes tienen hasta 50 abogados designados porque quieren asustar a los letrados que les han defendido antes”, explica, ante la ausencia de límites en la concesión de justicia gratuita en casos de amenazas a juristas.

A esta situación se suma otro problema. El nuevo Código Deontológico de la Abogacía, aprobado en mayo, incluye la obligación de los letrados de entregar a sus clientes, si ellos lo piden, toda la información que tengan de su caso, ya sean grabaciones, autos o documentos donde puede aparecer la dirección, el teléfono o los datos de la otra parte. Muchos profesionales están preocupados por este cambio (ante el que no se les ha preparado) porque facilita su localización. “Es como darle la cerilla al pirómano”, explican algunos abogados que creen que así se pone en riesgo a testigos protegidos, víctimas de violencia de género o, incluso, menores.

Para intentar acabar con esta situación de riesgo, tanto abogados como procuradores exigen ser considerados autoridad pública, tal y como sucede con médicos, profesores o jueces. “Somos un actor más de la Justicia y, por tanto, queremos la misma protección penal”, explica Antonio Abellán, abogado y miembro de ALTODO. En su opinión, si el Código Penal contemplara a la abogacía y la procura como autoridad pública, no solo contribuiría a dignificar la profesión y enviaría un mensaje a la ciudadanía (muchos se pensarían dos veces las amenazas), sino que provocaría que cualquier agresión a un abogado se considerara siempre como delito. “No son casos puntuales, están creciendo como setas y le afecta más a la mujer”, remarca Abellán.

Desde ALTODO aseguran que muchos casos no salen a la luz porque los abogados tienen miedo de quedar marcados y no ser contratados. Según describen, existe el prejuicio de que quien denuncia “es débil”, no es buen profesional o no ha sabido llevar el asunto y al cliente. “Incluso se piensa que algo mal habrá hecho para que le peguen” afirma el abogado, harto de que, en general, se crea que estos riesgos van implícitos en el ejercicio de la abogacía.

Para conseguir el cambio normativo, los letrados afirman que el Consejo General de la Abogacía (CGAE) tendría que promoverlo ante el Ministerio de Justicia y después este en el Parlamento. Otra opción sería incluirlo en la Ley de Derecho de Defensa, pendiente de aprobación. “No queremos la mayor autoridad, queremos protección y eso es factible con voluntad política. No podemos pedir a los jueces que hagan inventiva legislativa”, zanja Abellán.

Además de apoyo institucional y contar con un protocolo de actuación, el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) reclama dos reformas. En primer lugar, establecer límites para la concesión de justicia gratuita, revocándosela a quien haya mantenido algún conflicto con abogados y procuradores. Y en segundo término, que sea la Administración quien asuma los gastos de la defensa de los profesionales a quienes los clientes amenazan o agreden.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, asegura que van a articular “todas las medidas que sean necesarias” para frenar intimidaciones, situaciones de acoso, amenazas e incluso chantaje que puedan padecer sus compañeros. “Somos conscientes de que los abogados amenazados por razón del ejercicio de su profesión, más allá de la actuación ante los tribunales, necesitan de una protección y acompañamiento especial colegial. Y lo van a tener”, afirma.

Desde el ICAM aseguran que son partidarios de que la abogacía sea considerada autoridad a efectos penales y que van a trabajar para que “la sociedad tome conciencia y también el propio legislador”. Hasta ahora, el Área de Defensa del abogado ha elaborado un protocolo de actuación de cuatro pasos que no ha convencido nada al colectivo del turno de oficio.

Precedentes mediáticos en España

Asesinato por no quedar “contento”. Los Colegios profesionales aún no disponen de datos oficiales sobre requerimientos de amparo de los abogados ante casos de acoso o amenazas. Podría ser por la falta de denuncia de abogados y procuradores, o porque no los han hecho públicos. Sin embargo, en nuestro país hay precedentes que, por desgracia, acabaron en tragedia. Es el caso de la Rosa Cobo, residente en Granada de 51 años que fue hallada muerta en el maletero de su propio coche ardiendo en 2012. Un antiguo cliente y agente de la policía local en excedencia la mató por no quedar contento con un asunto que le llevó la abogada con motivo de su separación conyugal. Llevaba años sufriendo acoso por parte del agente y su preocupación la llevó incluso a instalar cámaras de seguridad en su vivienda y garaje. El caso se quedó sin juzgar porque el asesino se suicidó en la cárcel.

Cliente y pareja sentimental. El segundo caso más sonado ocurrió en enero de 2019. Rebeca Santamalia, abogada de 47 años de Zaragoza fue asesinada por su cliente con el que supuestamente mantenía una relación sentimental. Especializada en derecho penal, de familia y penitenciario, ella le había defendido en el juicio por matar a su esposa por el que fue encarcelado en 2003, pero fue su nueva víctima quien presentó un recurso y consiguió que saliera de prisión antes del final de la pena en enero de 2017 tras haber cumplido 14 de los 18 años de cárcel por los que fue condenado. El asesinato fue tratado como un acto de violencia de género dada la supuesta relación que mantenían, pero el autor se suicidó cuando fue encontrado por la policía.

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