Empleo y reconversión industrial en el marco de la transición justa
Entre las energías renovables, la fotovoltaica es aliado clave para puestos locales y de calidad
El cambio climático pone a los gobiernos y a la sociedad ante la necesidad de tomar medidas urgentes en línea con las recomendaciones del Acuerdo de París para transformar el modelo económico imperante, yendo hacia un sistema más sostenible y basado en las energías renovables. Este aspecto es fundamental en particular en nuestro país, donde muchos sectores de nuestra economía, como son la agricultura, la ganadería, la silvicultura o el turismo, se ven muy afectados por las consecuencias del calentamiento global.
Esta necesaria y radical transformación tiene que estar centrada en la mejora de los procesos productivos y en la puesta en marcha de soluciones para alcanzar un mundo descarbonizado, lo que generará oportunidades de empleo significativas. En este proceso de cambio, se debe pretender que ese empleo nuevo sea sostenible ambientalmente, local y de calidad, pero sin dejar atrás a los trabajadores del antiguo modelo productivo.
En esta línea, el Gobierno publicó la Estrategia de Transición Justa, que está acorde con las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo sobre transición justa y que además cumple con el compromiso a incorporar políticas dirigidas a transformar los modos de producción y de consumo hacia la sostenibilidad acordado por los 194 países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Para que la transición sea verdaderamente “justa”, es fundamental que cumpla con algunos principios fundamentales. En primer lugar, es imprescindible que se tenga en consideración a todos los actores afectados por el cambio de modelo económico, proporcionando soluciones a los trabajadores del antiguo modelo productivo, para que puedan recolocarse en otros sectores volviendo a ser parte activa del mercado laboral. Este aspecto es especialmente importante en esas áreas geográficas que históricamente han basado su economía en actividades relacionadas con sectores altamente contaminantes, como son por ejemplo la minería, y que corren el riesgo de convertirse en zonas de alta tasa de paro o de despoblación.
En segundo lugar, se tiene que prestar especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para que la conversión de los modelos productivos realizada en el marco de la transición contribuya a fomentar el empleo en igualdad de condiciones.
Además, apostar por un sistema basado en las energías renovables permite poder contribuir a resolver los problemas generados por la pobreza energética, ya que las instalaciones de autoconsumo se pueden utilizar, como ya está sucediendo en diferentes países desde EE.UU. a China, como un instrumento para poder resolver este problema.
Con estos principios como base, será posible poner en marcha una transición justa y aprovechar las oportunidades de creación de empleo que se abren. Con respecto a la relación entre transición energética y empleo, la Comisión Europea ha cifrado en su “Paquete de Energía Limpia para todos los Europeos” en 900.000 nuevos empleos, originando un incremento de un 1% del PIB.
Si nos centramos en el contexto español, vemos como la tasa de desempleo se situaba a finales de 2018 en un 15%, mientras que el paro de menores de 25 años se situó en el 33%. Muchos de estos parados son además de larga duración. Estamos a la cabeza entre los países desarrollados con mayor nivel de contratación temporal (27,5%) y de trabajadores. A pesar de que ha habido una mejora en la tasa de desempleo en España en los últimos años, no se han aprovechado los últimos años para crear empleos en un sector como el de las energías renovables en el cual España está entre los países líderes tecnológicamente. La economía española ha seguido vinculando el crecimiento con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa un lastre para su competitividad, especialmente en el largo plazo.
Los empleos sostenibles se pueden generar gracias a la rehabilitación de edificios, la implantación de energías renovables y el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica o el desarrollo de combustibles alternativos.
Entre las energías renovables, la tecnología fotovoltaica es aliado clave en la creación de empleo local y de calidad, gracias a su alto grado de flexibilidad que le permite ser implementada tanto en grandes parques solares, como en pequeñas instalaciones. Y este fenómeno de generación de puestos de trabajo se registra también en zonas mineras como Asturias, regiones históricamente ligadas a un modelo productivo contaminante. El ajuste entre nuevos empleos generados y empleos que se pierden no siempre es fácil, pero se puede favorecer con una mayor difusión de las nuevas oportunidades de empleo y con fórmulas como la convocatoria de subastas de proyectos específicos para las zonas afectadas por el cierre de plantas emisoras de CO2. Como demuestra un estudio realizado desde la Unión Española Fotovoltaica en 2017, impulsar la tecnología fotovoltaica en esta CCAA significa impulsar la actividad productiva en fabricación y comercialización de componentes, así como en ingeniería e instaladoras. Según nuestro estudio, en 2017 el sector fotovoltaico en Asturias daba trabajo a 1.890 personas, entre empleos directos e indirectos, números que se incrementarán de forma notable a medida que se vaya impulsando la instalación de nueva potencia fotovoltaica en nuestro país.
En conclusión, tenemos la posibilidad de llevar a cabo una transición que no solo nos permite preservar nuestro planeta para las futuras generaciones, sino que también lo haga de una forma inclusiva y justa, respetando y considerando a todos los actores involucrados, sin dejar a nadie atrás. Aprovechémosla.
José Donoso es miembro del Comité Gestor del Foro para la Electrificación