Contante y Sonante

Dos años después de la caída de Banco Popular

De las 1.584 oficinas que quedan de la entidad solo sobrevivirán 435 a finales de año. Además, en menos de 28 meses el desplome de Popular ha destruido casi 8.000 empleos y la inversión de más de 300.000 accionistas

Ángel Ron y Emilio Saracho
Ángel Ron y Emilio Saracho

La próxima madrugada del 6 al 7 de junio se cumplirán dos años desde que la Junta Única Europea (JUR) decidiera la resolución y posterior venta de Banco Popular a Santander por un euro. La intervención del entonces sexto banco español por parte de la JUR, fue la primera, y de momento, única expropiación de una entidad financiera en Europa, según coinciden varios expertos, tras aplicar las nuevas reglas que rigen ahora en la eurozona.

La resolución de Popular supuso un antes y un después para el rescate de un banco con problemas. Hasta entonces, las entidades más débiles eran rescatadas con fondos públicos, pero ahora se pretende que sean los accionistas y bonistas los que corran con las primeras pérdidas. Y así ocurrió con los más de 300.000 accionistas y bonistas de Popular, que se acostaron aquel 6 de junio de 2017 con la preocupación de que sus títulos estaban perdiendo valor, pero con la esperanza de que en algún momento podrían recuperar toda o, por lo menos, parte de su inversión, y despertaron con que no tenían nada, cero euros y que Popular, además, había pasado a ser propiedad del gigante presidido por Ana Botín.

Una pesadilla que, para colmo, parecía que convertían a los accionistas de la banca española en inversores de segunda clase si se comparaba con los italianos.

Con poco más de 15 días de diferencia, el mecanismo europeo de supervisión bancaria decidió, también casi de madrugada, intervenir dos bancos italianos, Banco Popolare di Vincenza y Veneto Banca. En el caso de las entidades italianas, el Estado se comprometió a facilitar ayudas públicas de hasta 17.000 millones de euros, algo que parecía que había quedado erradicado unos meses antes.

Pero no fue así, y la sensación que quedó entre los accionistas de Popular era que Europa aplicaba doble rasero, dependiendo del país. Ahora, dos años después de la resolución de Popular, las dudas de cómo se dejó llegar al banco que entonces presidía Emilio Saracho a aquella situación; o de por qué las autoridades regulatorias fueron tan estrictas con la entidad española aquella madrugada; siguen en el aire.

El informe de los peritos del Banco de España sobre Popular, conocido el pasado 10 de abril despejó muchas dudas sobre la situación del banco y de cómo fue deteriorándose su balance y cuentas poco a poco. Pero aún quedan interrogantes, que posiblemente nunca se despejen, como ocurre en el juicio que se está celebrando en estos meses sobre la situación financiera de Bankia en julio de 2011, cuando la firma salió a Bolsa con el acuerdo de los supervisores, auditores, gestores y políticos.

De momento, los litigios presentados por los grandes accionistas y consejeros de Popular en Luxemburgo contra la JUR y la Comisión Europa siguen su curso, aunque habrá que esperar como mínimo un año para que se inicie el proceso, apuntan fuentes jurídicas. El último informe de Deloitte encargado por la JUR continúa sin ser publicado sin censuras.

Los pequeños accionistas, y algún destacado bonista, esperan también que en algún momento la Audiencia Nacional inicie el juicio del caso de Popular, en el que se investiga el proceso que llevó al banco a su final, después de 91 años de historia. Se investiga, en concreto, la responsabilidad de las antiguas cúpulas de Popular y sus ex presidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por delitos de falsedades societarias y administración desleal, estafa de inversores y contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida. Pero la batalla legal se extiende aún más.

Los antiguos accionistas mexicanos de Popular, además de acudir al Tribunal de Luxemburgo, ampliaron en agosto sus litigios internacionales para intentar recuperar el dinero que perdieron con la resolución de la entidad. Antonio del Valle, imputado en la instrucción de la Audiencia Nacional como toda la cúpula de Popular, y otros compatriotas suyos que llegaron a controlar más de un 4% del capital social del banco presentaron hace nueve meses y medio dos solicitudes de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en los que reclaman al Estado 470 millones de euros de su inversión.

El arbitraje sigue su curso, y se espera que en dos o tres semanas se decida si este proceso es confidencial o, como parece que quieren estos inversores mexicanos, sea transparente y se dé a conocer los pasos que se vayan avanzando. Este grupo de antiguos accionistas de Popular, que contaban con representación en su consejo, mantienen, además, otra línea jurídica abierta en Nueva York. El pasado año solicitaron acceso a documentación información (Discovery) contra Banco Santander, relacionada con la venta de Popular por parte de España.

De momento, se la han denegado, pero no desisten. Javier Rubinstein, abogado de este grupo de inversores mexicano, del despacho Kirkland & Ellis mantiene que dos años “después de la resolución de Banco Popular, España, la Unión Europea y Banco Santander continúan, de manera persistente, en sus esfuerzos por evitar cualquier tipo de transparencia significativa sobre la resolución de Popular, incluyendo la base técnica sobre la que se ordenó dicha resolución y el proceso consiguiente”. Y añade que “el grupo de inversores mexicanos continuará tratando de responsabilizar al Reino de España y a la Unión Europea por sus respectivas violaciones de la ley aplicable”.

Mientras, Santander da los últimos pasos, aunque son los más traumáticos, para integrar por completo su red con la de Popular. El proceso de integración conlleva la salida de 3.713 empleados, cifra que podría reducirse. Jurídicamente Banco Popular ya ha desaparecido. En breve, solo quedará la batalla legal. Por delante, este caso se ha llevado a casi 8.000 empleados desde 2016, y la inversión de más de 300.000 accionistas. Además de ahondar en la mala reputación del sector.

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