Banca

El FROB hace frente a 1.063 reclamaciones y 262 recursos por el 'caso Banco Popular'

Está personado en 24 causas penales contra antiguas cajas y da por concluido el proceso de reestructuración del sector

Jaime Ponce, presidente del Frob.
Jaime Ponce, presidente del Frob.

Los accionionistas del antiguo Banco Popular que perdieron todo el dinero que invirtieron en esta entidad al reducirse a cero el valor de sus acciones tenían presentadas hasta finales del pasado ejercicio 1.063 reclamaciones. A ello, hay que sumar 262 recursos presentados ante la Audiencia Nacional por responsabilidad patrimonial contra este organismo que preside Jaime Ponde, por su protagonismo en la resolución de la entidad, acordada desde Europa, y más en concreto, desde su homólogo europeo, la Junta Única de Resolución (JUR). 

En su memoria de actividades de 2018 publicada ayer, el fondo de rescate considera “destacable el elevado número” de procedimientos en los que los perjudicados, accionistas y tenedores de deuda subordinada de Popular, reclaman la responsabilidad del Estado a fin de ser indemnizados.
La batalla judicial contra el FROB y su intervención en la resolución de Popular el 6 de junio de 2017, con su posterior venta en la madrugada del día 7 de junio a Banco Santander, crece.
De momento, estos 262 recursos interpuestos se encuentran suspendidos a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decida si avala o da marcha atrás a la resolución, realizada en 2017 a instancias de las autoridades comunitarias.

También sigue suspendido el procedimiento relativo al recurso interpuesto por el FROB frente a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimaba parcialmente el acceso a determinada información del dispositivo de resolución de Popular.

La vía contenciosa contra el FROB abrió la batalla legal de los afectados que solicitaron a la justicia española suspender de urgencia el proceso que acabó con la venta de Popular a la entidad que preside Ana Botín.

Ese agosto, la sala de la Audiencia desestimó atender tal pretensión de forma inmediata, aunque admitió a trámite los primeros recursos. Meses más tarde, los accionistas acudieron a la causa penal contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos y el auditor, en una investigación con dos piezas separadas que siguen pendientes de la toma de declaraciones, pese a que en unos días se cumplen los dos años de la resolución de Popular.

La memoria explica que el FROB está colaborando con la Abogacía del Estado para defender los intereses de España en el marco de los dos arbitrajes internacionales iniciados por un grupo de inversores mexicanos, entre ellos el magnate Antonio del Valle.

El FROB, además, sigue personado todavía en 24 causas penales contra exdirectivos de distintas entidades financieras, en su mayoría antiguas cajas, para defender los intereses generales y tratar de recuperar parte del dinero con lo que abonen los condenados en concepto de responsabilidad civil, según explica en su memoria. Este organismo recuerda que estuvo personado en 25 causas penales a principios del pasado ejercicio, sin embargo, tras el archivo de una de ellas por prescripción ahora se mantiene como perjudicado en los otros 24 procesos.

Muchos de estos procesos se producen tras los 57 informes sobre irregularidades en las entidades rescatadas que el FROB ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción a lo largo de estos años, con un perjuicio económico estimado en más de 3.700 millones de euros.

En su memoria, el FROB también da por concluido el proceso de reestructuración de las entidades de crédito españolas, al acabar en abril de 2018 los últimos dos planes de entidades que recibieron apoyos públicos, Catalunya Banc, integrado en el Grupo BBVA, y CEISS, incorporado en Grupo Unicaja Banco.

En su memoria, el FROB asegura que las entidades citadas han "cumplido satisfactoriamente todos los compromisos asumidos para la recepción de apoyos financieros", centrados principalmente en el traspaso a la Sareb de activos problemáticos relacionados con el ladrillo, la realización de un ejercicio de gestión de híbridos, una reducción de tamaño y desinversión de activos, y mejoras en el gobierno corporativo.

Según recuerda en su memoria, la mayoría de entidades que recibieron ayudas públicas culminaron en 2017 sus planes de reestructuración: Grupo BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum (BMN), fusionadas ambas en enero del pasado año, Liberbank y Caja 3, integrada esta última en Ibercaja Banco.

Para el presidente del FROB, Jaime Ponce, el año de 2018 fue "un año de transición", pues "se alcanzó el fin de todos los planes que las entidades españolas suscribieron con ocasión de la recepción de apoyos financieros", y al mismo tiempo "fue clave para la consolidación del marco europeo y la mejora de la resolubilidad de las entidades financieras de la Unión Bancaria".

El pasado año, el FROB también revisó la Directiva Europea de Recuperación y Resolución, y en su memoria avanza su publicación para la primera mitad de este 2019.

Proceso de audiencia pública

Recaudación. El FROB declara una recaudación de 736 millones de euros por contribuciones a los Fondos de Resolución, de los cuales 735,93 millones corresponden al Fondo Único de Resolución Europeo y 60.000 euros al Fondo de Resolución Nacional.

Compensación. El FROB señala en su informe que continúa el proceso de audiencia pública abierto por la JUR de cara a decidir si habrá compensación a accionistas y acreedores por la resolución del Popular. Todo ello una vez la valoración encargada por Deloitte determinó que los afectados no habrían recibido un mejor trato si se hubiera liquidado con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Por ello, el FROB considera que “de manera preliminar no resultaría necesario compensar a los accionistas afectados por las acciones de resolución de Banco Popular”.

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