Los sindicatos dudan de la aplicación efectiva del registro de jornada laboral
La regulación, que entra en vigor este domingo, es excesivamente laxa y quedará al arbitrio de los empresarios en muchos centros sin representación sindical
A partir de este domingo será obligatorio que todas las empresas del país registren la jornada laboral de sus empleados, en cumplimiento de una nueva regulación que busca atajar la precariedad laboral y el elevado número de horas extras –2,6 millones de horas semanales, según la EPA– por las que los trabajadores ni cobran ni cotizan. No obstante, los sindicatos dudan de que su implementación pueda realmente llevarse a cabo, dada la poca de concreción de la norma y la falta de control interno en muchos centros de trabajo. En un tejido empresarial compuesto en su mayoría por microempresas sin representación ni control sindical, temen además que el cumplimiento efectivo por parte de los empresarios quede en papel mojado, por mucho que se enfrenten a multas de más de 6.000 euros si no cumplen con su obligación.
“El problema es que la ley deja muy abierto el cumplimiento estricto del registro de horas a un acuerdo entre la negociación colectiva y la empresa, por eso insistimos en la necesidad de cerrar mucho más el abanico", sostiene el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. También pide que sea la Inspección de Trabajo "quien realmente actúe para que el control sea efectivo”, especialmente en los sectores donde se sabe que la incidencia de horas extras no pagadas es mayor: hostelería, turismo y comercio.
Lo mismo opina la secretaria de acción sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, quien señala que el real decreto concreta muy poco cómo se debe proceder para hacer el registro que, insiste, no supone meramente fichar. "La regulación es farragosa y no sabemos si la empresa va a tener que acordarlo con la negociación colectiva o simplemente informarla", detalla. Además, explica que su puesta en marcha puede tener muchas complicaciones legales, como por ejemplo la implantación de la huella digital o de la geolocalización para aquellos empleados que trabajen a distancia. "Va a generar un montón de datos sensibles". Por ello, insiste en que para garantizar la protección de datos, el derecho a la intimidad y a la desconexión digital, tendrá que "estar perfectamente negociado y controlado".
Pero además, según los datos del Ministerio de Trabajo, el 43% de los empleados en España trabaja en empresas con menos de 50 asalariados, donde la representación sindical es casi anecdótica. “Tenemos un verdadero problema de que se cumpla la ley si no hay voluntad del empresario”, reconoce Pino. Por esa razón defiende que se deroguen los “efectos más dañinos de la reforma laboral”, que hizo que prevaleciera el convenio de cada empresa sobre el convenio sectorial, un paraguas que, dice, podría proteger mucho más a las microempresas (de entre uno y nueve empleados) y las pequeñas empresas (de 10 y 49).
A pesar de valorar la medida como un paso en la buena dirección, el coordinador nacional de empresa privada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Pedro Poves, cree que, hoy por hoy, el registro de la jornada laboral es "un brindis al sol". "Si no hay representación sindical y por tanto control interno en la empresa, y no se refuerza la Inspección de Trabajo, va a quedar al arbitrio del empresario, lo que resultará en un cumplimiento meramente formal y no material", advierte. Eso significa que los empresarios tendrán un registro firmado por los trabajadores que mostrará que cumplen, pero en la práctica, las horas extras seguirán sin cotizar, sostiene Poves.
El responsable de CSIF lamenta que en España la representación sindical sea tan escasa. Detalla que las empresas con menos de nueve empleados -que concentran al 30% del empleo en España- no tienen representantes sindicales, las de 10 a 29 asalariados, solo uno, y las de menos de 50, solo tres. Pero no es obligatorio y en la práctica, dice, son muy pocas las que cuentan con delegados. Critica, además, que la normativa -la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de 1985- es "anticuada y tremendamente compleja" y pide que se cambie el sistema electivo para que los sindicatos, más allá de los mayoritarios UGT y CC OO, tengan mayor protagonismo y puedan representar a un mayor número de trabajadores.
