El futuro es feminista
El Poder Judicial no es un mero aplicador acrítico del derecho, sino que es el garante de los derechos de los ciudadanos
El filósofo israelí Avishai Margalit define como decente aquella sociedad cuyas instituciones no humillan a las personas y respetan ese honor cívico que les corresponde como seres humanos. En vísperas del 8M, quienes trabajamos por una España decente consideramos imprescindible combatir algunas prácticas intolerables de humillación a la mujer que impiden que podamos hablar de una sociedad justa e igualitaria.
La situación de la mujer ha dado un salto de gigante desde mediados del siglo XX. El informe Mujer, Empresa y el Derecho 2018, elaborado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, coloca a España entre las 20 economías con mejor puntuación en cada indicador sobre igualdad de género.
Pero nadie avanza mirando por el retrovisor. Si en vez de compararnos con nuestras madres o abuelas lo hacemos con los varones de nuestra generación, la conclusión es que las mujeres todavía padecemos una situación injusta: no nos llega la justicia distributiva, porque no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, ni la retributiva, porque nuestros méritos no son reconocidos en la misma forma en la que lo son los de los varones.
Hay que actuar. En el Informe sobre la Brecha de Género en el Mundo que publica cada año el Foro Económico Mundial, España ha caído al puesto 29 en 2018 por afrontar la crisis económica mediante recortes de inversión pública y derechos ciudadanos. Son políticas que han creado una sociedad más desigual e injusta, como nos reprocha la Comisión Europea, y la ración de desigualdad e injusticia ha sido mayor para las mujeres. En 2016, según datos del INE, las mujeres cobraron 5.793 euros anuales menos que los trabajadores, una brecha salarial del 22,35%.
En una sociedad justa e igualitaria no basta con que hombres y mujeres sean iguales ante la ley y gocen de los mismos derechos. Hay que concebir la igualdad como un instrumento para combatir factores de discriminación. Siguiendo al filósofo estadounidense John Rawls, igualdad no es homogeneización, es el derecho a la desigualdad y a no ser discriminado por ello.
Perspectiva de género
Remover los factores de exclusión por razón de sexo es lo que denominamos “perspectiva de género”, estrategia respaldada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 128/1987. Hace ya 32 años, el fallo precisó que el artículo 14 de la Carta Magna “representa una explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no solo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 de la Constitución española”.
Esa doctrina impregna el esfuerzo del ministerio para que tanto la judicatura como la fiscalía integren la perspectiva de género en su forma de impartir justicia y para revisar nuestra legislación con esa misma mirada. Nuestro derecho es el resultado de siglos de construcciones basadas en una visión masculina y ahora es imprescindible examinar tanto el derecho penal como el civil, administrativo o social, que todavía presentan situaciones de discriminación sistemática de la mujer.
La imagen de la justicia con una venda en los ojos ya no sirve. El Poder Judicial no es un mero aplicador acrítico del derecho, es el garante de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. También los de las mujeres, y para ello debe ayudar a la erradicación de la discriminación persistente que padecen. De lo contrario, será una justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada.
Este análisis es válido para todo poder público. Los artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución imponen al Estado la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Es inadmisible que ciertas fuerzas políticas combatan contra lo que de manera maliciosa y errónea denominan “ideología de género”. Debemos empapar de perspectiva de género toda la acción pública para terminar con la histórica situación de inferioridad en que se ha colocado a la población femenina.
Violencia de género
La violencia de género es, sin duda, la más dramática consecuencia de la desigualdad de la mujer en sociedades avanzadas como la española. Son 984 las mujeres asesinadas por la violencia machista desde 2003, nueve en lo que llevamos de 2019. Y 27 los menores inmolados. Es insoportable este goteo de muertes e insostenible la revictimización de las mujeres que se atreven a denunciar un ataque a su libertad sexual.
Estas cifras, a las que cabe sumar el número de procedimientos judiciales abiertos por violencia sobre la mujer, desnudan la respuesta que las víctimas reciben de los tribunales y que debemos estudiar con atención para adecuar los procedimientos a sus necesidades específicas y a las demandas sociales. Ese es uno de los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que en 2018 cosechó un consenso histórico para reformar y actualizar tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Debemos potenciar todas las medidas acordadas y dotar a dicho acuerdo de los recursos financieros y materiales necesarios para hacerlo efectivo. Proponer su abolición, como insisten los enemigos de la “ideología de género”, es una irresponsabilidad que cuesta vidas humanas.
Cuando Shirin Ebadi, mujer, jurista y musulmana, recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz de 2003, denunció que “menospreciar a las mujeres y arrinconarlas de la participación activa en la vida política, social, económica y cultural equivale de hecho a privar a la totalidad de la población de cada sociedad de la mitad de su capacidad”. Es el mismo mensaje de millones de mujeres que cada 8 de marzo nos recuerdan que queda mucho por hacer.
Queremos una sociedad española a plena capacidad. Por eso el futuro es feminista, porque, si no lo es, será pasado, y no podemos dar ese paso atrás. No vamos a permitirlo.