Guía para prepararse para un Brexit duro y minimizar daños en las empresas

Este lunes arranca el plazo para que los trabajadores de la UE que vivan en Reino Unido regularicen su situación

Detalle de un semáforo londinense con pegatinas a favor de la salida de Reino Unido de la UE.
Detalle de un semáforo londinense con pegatinas a favor de la salida de Reino Unido de la UE. Getty Images

El riesgo de una salida caótica del Reino Unido de la UE es “más elevado que nunca”, según alertó el negociador para el Brexit de la UE, Michel Barnier, tras la histórica derrota del plan de Theresa May el martes pasado en el Parlamento británico. A menos de diez semanas para que culmine la fecha límite para abandonar la UE, son muchas las grandes compañías españolas que han preparado planes de contingencia para tratar de minimizar los daños frente a posible un Brexit duro, pero no así la pequeña y mediana empresa exportadora, según avisan los expertos. Insisten en que no es demasiado tarde para tomar medidas, y destacan las áreas de los aranceles, el ámbito laboral, y los costes financieros y fiscales como los puntos calientes en los que actuar.

“Las empresas le están viendo mucho más las orejas al lobo y se están preparando para lo peor”, reconoce el socio responsable de Brexit de KPMG, Antonio Hernández. A raíz de los últimos desencuentros políticos, muchas compañías están considerando como probable el escenario de un Brexit sin acuerdo, algo “que hace cinco meses no pasaba”. Una visión que también comparte el consultor de Linklaters Francisco Garcimartín, quien remarca que "se han reducido significativamente las probabilidades de una de las opciones preferida por el mercado: una salida acordada y con un periodo de transición relativamente cómodo".

La socia de contratación internacional, comercio y compliance de Baker McKenzie, Ester Navas, habla, igualmente, de una “mayor preocupación” de las empresas ante lo que pueda ocurrir, lo que les ha obligado a reforzar sus planes de contingencia. “El Brexit ya le está costando mucho dinero a todas ellas”, detalla.

A diferencia de los grandes grupos españoles con inversión directa en Reino Unido y experiencia en transacciones extracomunitarias, que sí se han cubierto las espaldas, las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente exportadoras, están, según Navas, “a la espera de ver qué ocurre”. “Hay muchas pymes españolas que solo exportan al mercado europeo, incluyendo a Reino Unido, y que nunca se han enfrentado a aranceles y aduanas, por lo que es importante que hagan un esfuerzo por entender el impacto que esto tiene y minimizarlo”, destaca Hernández.

Pese a que el reloj no se detiene, los expertos creen que todavía existe cierto margen de acción. “Cualquiera que tome medidas estará mejor preparado que si no lo hace, hay margen para minimizar impactos”, insiste el socio de KPMG. De producirse un Brexit duro, Reino Unido pasaría a ser un país tercero sin ningún tipo de privilegios comerciales y con aranceles establecidos por la OMC, razón por la que “el puro movimiento físico de las mercancías” es “una de las mayores preocupaciones de nuestros clientes”, relata Navas.

Aranceles

Para poder mantener el flujo de negocio, el director del equipo de Fiscal de Baker McKenzie, Antonio Albarrán, insta a las empresas a que gestionen ya el Operador Económico Autorizado (OEA). Una certificación que concede la Administración aduanera con la que la compañía pasa a ser considerada como “socio confiable”, y por tanto, se beneficia de “unos controles más relajados” que simplifican los procesos de importación y exportación. “Es una figura esencial en el comercio internacional y ahora va a ganar mucha relevancia”, adelanta Albarrán.

Respecto a la cadena de suministros, Hernández recomienda analizar si se tienen proveedores críticos, y en su caso, considerar buscar otros alternativos, o dotarse de mayores almacenes para aumentar el stock de producción.

Empleados

Las empresas que operen en suelo británico y empleen a trabajadores españoles o del resto de la UE tienen de plazo desde este mismo lunes y hasta el 29 de marzo para regularizar su plantilla. Esto afecta especialmente a las que se dedican a la hostelería y la restauración, muy extensivas en mano de obra extranjera.

“Es importante hacerlo lo antes posible. Se trata de un trámite online personal que cuesta 65 libras, pero algunas empresas están valorando gestionarlo para sus empleados y evitar preocupaciones”, detalla la abogada de Movilidad Internacional de EY, Laura Pérez. Tras el 29 de marzo, se podrá seguir solicitando el permiso de residencia hasta el final del periodo transitorio (31 de diciembre de 2020), siempre que se pueda demostrar que ya se residía en Reino Unido antes de la salida de la UE, aunque Pérez recomienda no esperar.

El Gobierno británico se ha comprometido a garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios durante ese periodo aunque se produzca un Brexit sin acuerdo. Con posterioridad a esa fecha, los ciudadanos europeos serán considerados extranjeros como los de cualquier país tercero y “serán sometidos a una regulación migratoria que está endureciendo muchísimo los requisitos”, advierte Pérez.

El socio director de Movilidad Internacional de EY, Iván Sáez, aconseja además que las empresas anticipen el reclutamiento de empleados antes del 29 de marzo. “Les diría que si prevén necesitarlo, envíen trabajadores a Reino Unido de forma más o menos inminente porque no sabemos los problemas que podrán darse después”, detalla.

Costes financieros y fiscales

Respecto a las cautelas financieras a tener en cuenta, el socio de KPMG señala la importancia de que la empresa analice cómo le pueden afectar una mayor volatilidad de la libra o un menor crecimiento del PIB británico, y su consecuente impacto sobre la demanda de inversión y consumo privado en el país, ya que todo ello podría afectar negativamente al modelo de negocio y a las ventas.

El consultor de Linklaters Francisco Garcimartín añade la importancia de atender a los posibles cambios legales a los que podría verse sometida una empresa en caso de tener que “relocalizar” su actividad a suelo comunitario. En ese sentido, según detalla Hernández, algunas compañías podrían tener que trasladar su sede al continente para poder seguir prestando servicios o para evitar costes excesivos si se encarecen las exportaciones.

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