Unas cuentas públicas arriesgadas
Son unos presupuestos contracorriente y con muchas acciones que no se corresponden con 2019
Hace ya bastantes años que los españoles tenemos claro que en este país las políticas de Estado no volverán en algún tiempo. La nueva realidad política recupera una fragmentación que no se vivía desde hace más de cuarenta años. Sin embargo, es común en otras latitudes donde pactar las grandes cuestiones constituye cierta costumbre y aceptación. En lo que se refiere a los presupuestos, la restricción más grande del programa matemático es la aritmética que impone el peso parlamentario del partido en el Gobierno y los posibles socios. Tal vez la existencia de unos socios naturales –e incluso una oposición más colaborativa– sea imposible en la situación política actual española, gobierne quien gobierne.
Lanzar unos Presupuestos que quieran dejar impronta política resulta complicado. Los que ahora quieren aprobarse –de aquí a marzo– son, de hecho, una apuesta arriesgada por dos motivos. El primero, tal vez sean las cuentas del Estado que más se están vinculando a la viabilidad de un Gobierno en muchos años, lo que introduce más incertidumbre política, que es justo lo que los inversores ponderan peor estos días. El segundo, son unos Presupuestos a contracorriente, lo cual no es por definición malo, pero sí parece que muchas de las acciones que contienen no corresponde a la realidad de 2019. Porque en el año que estamos afrontando han cambiado muchas cosas que unas cuentas públicas deben tener en cuenta: hay cierta desaceleración económica, se crea menos empleo, el ambiente monetario está en plena transformación y hay riesgos importantes en el entorno comercial internacional. Es un contexto económico en el que la disciplina presupuestaria es obligada.
No puede olvidarse, además, que los partidos de la oposición introdujeron una restricción adicional nada desdeñable: se opusieron a las intenciones de alterar el calendario de consolidación presupuestaria. No se dejaba margen para mayor gasto al no permitir nuevos objetivos de déficit. Lo que nos lleva de vuelta a la optimización matemática: si cambia una restricción (no poder alterar la consolidación fiscal prevista) y se quiere mantener la misma solución (presupuestos anunciados) hay que cambiar otras restricciones del programa. Y así se ha hecho. La idea es apretar más por el lado de los ingresos. Pero no está claro que todas las medidas contempladas generen la recaudación fiscal prevista. Algunas, como la llamada tasa Google tardarán en implementarse. Otras, como la subida del IRPF, apenas dejarán 328 millones de euros adicionales.
Políticamente se está produciendo un juego de porcentajes algo confuso. Se dice que algunas inversiones y partidas de gasto social –de tamaño modesto- podrían subir hasta un 40%. Pero hay otras variaciones, como la del 6,2% previsto en pensiones, que suponen un gasto de proporciones considerables. Para el año que viene, implican un récord de 153.864 millones de euros. Las prestaciones por jubilación son esenciales y un derecho que es importante preservar pero su sostenibilidad está en juego y ha habido irresponsabilidad generalizada en torno a las mismas. Se ha abierto, de hecho, la veda para ver quién es menos pedagógico respecto a este tema en los últimos años. Justo antes de los Presupuestos del ejercicio anterior, había un debate medio responsable sobre la imposible sostenibilidad actual del sistema de pensiones en España que fue fulminado por un acuerdo político generalizado para elevar el gasto. Sin miramientos ni cálculo. A palo seco para evitar costes electorales. Así que, de partida, unos presupuestos que pretenden ser sociales, se convierten en injustos para los jóvenes, que ven como el contrato intergeneracional se vuelve más asimétrico. Lo cual, con los acuerdos adoptados, le hubiera ocurrido a este Gobierno o a cualquier otro. Siendo tan deseables las políticas de Estado, es triste que el último gran consenso (probablemente en mucho tiempo) fuera elevar las pensiones sin un modelo que las sostenga. Esto no es, como se nos sugiere “blindar el estado del bienestar”, es garantizarlo para unos a costa de otros.
No podemos olvidar las cuestiones habituales respecto al realismo del cuadro macroeconómico y de estructura fiscal. Las previsiones sobre el comportamiento de la economía en 2019 parecen realistas. Ese crecimiento del PIB del 2,2% puede ser, hoy por hoy, una estimación de consenso, pero no es descartable que deba revisarse de nuevo. Si esa revisión potencial fuera a la baja, complicaría aún más los objetivos de deuda y déficit en la medida en que al menguar el denominador (el PIB) crecerían ambos. Es difícil que la deuda pública pueda reducirse hasta el 95,4% en 2019 con unos Presupuestos donde sube el gasto y los ingresos estarán comprometidos.
Más allá de todo esto, hay que volver a la realidad para recordar que estas cuentas públicas no tienen, a día de hoy, respaldo parlamentario. Esto plantea un doble problema adicional. Por un lado, si no hay presupuestos aumenta el riesgo político porque los de este año parecen especialmente vinculados a la duración del actual Ejecutivo. Por otro lado, tal vez la única posibilidad de que salga adelante es hacer concesiones que doten a los presupuestos de menos realismo y, por lo tanto, hagan menos creíbles los objetivos de consolidación fiscal. En mi opinión, por encima de la intención de aumentar el gasto social hay que tener en cuenta quién los soporta. No son los más ricos, es tanto la clase media menguante como la (también a la baja) clase media que prospera y no ve un futuro para la porción que supuestamente le toca del estado del bienestar.
Santiago Carbó es Catedrático de Economía de CUNEF y Director de Estudios Financieros de Funcas